El Parlamento húngaro aprueba la ley que castiga ayudar a los refugiados con hasta un año de cárcel

El Parlamento de Hungría ha aprobado este miércoles polémica ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a migrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo. La aprobación ha coincidido con el Día de los Refugiados, que se celebra cada 20 de junio.

La mayoría del partido gobernante, el Fidesz, dirigido por el primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, ha apoyado la normativa pese a las críticas y las solicitudes, por parte organizaciones humanitarias húngaras y extranjeras, de que retirase el proyecto de ley.

Según el texto, el apoyo a la “inmigración ilegal” se produce, entre otros aspectos, cuando se ayuda en la solicitud de asilo de una persona que no es perseguida o se logra un permiso de residencia para un migrante que entró o permanece en Hungría de manera irregular. El texto prevé castigar, sin dar más detalles, cualquier “actividad organizativa” que tenga como objetivo esta ayuda. A juicio de las ONG especializadas, esta falta de precisión abre la puerta a que se acabe penalizando la asistencia legal, humanitaria o psicosocial que brindan a migrantes y refugiados.

La legislación también prevé que si alguien “apoya la inmigración irregular” de una manera duradera o con dinero, puede ser castigado con un año de prisión, así como también cuando realiza esa actividad dentro de una franja de ocho kilómetros desde las fronteras o por “beneficio financiero”.

La polémica ley que afecta a varias ONG del país ha sido aprobada en la jornada que se celebra el Día Internacional de los Refugiados, que la ONU conmemora desde 2001. Junto a esta ley, el Parlamento también ha aprobado una enmienda constitucional contra el sistema europeo de reubicación de refugiados entre los países de la Unión Europea (UE).

Para aprobar ambos proyectos de ley se requería la mayoría absoluta de dos tercios con la que cuenta el Fidesz, pero la extrema derecha del Jobbik también ha respaldado las medidas, mientras que la oposición izquierdista y ecologista se opuso o no participó en la votación.

Las enmiendas constitucionales aprobadas prohíben el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría -a excepción de los europeos-, y también declara que la composición de la población del país no puede ser modificado “mediante una voluntad externa”. Otras reformas constitucionales también aprobadas en el paquete declaran que el Estado debe defender los valores y cultura cristianos del país.

“Es una amenaza grave a nuestro trabajo”

La polémica ley, denominada 'Stop Soros' en alusión al magnate de origen húngaro George Soros conocido por donar dinero a varias entidades de la sociedad civil, ha sido criticada severamente por diferentes organizaciones húngaras e internacionales.

La Comisión de Venecia pidió el pasado lunes que se pospusiera la aprobación de la ley hasta que pudiera redactar sus observaciones, pero la mayoría gubernamental rechazó la solicitud de este órgano consultivo del Consejo de Europa.

“Esta ley es una amenaza grave e inminente a los derechos humanos y a las personas que los defienden. La ley transforma en delito actividades de asistencia jurídica que se basan en el derecho europeo e internacional, actividades que son completamente normales”, explica Gábor Gyulai, director del programa de asilo de la ONG Comité Helsinki Húngaro, en declaraciones remitidas a eldiario.es.

“Según la nueva ley, actos como explicar el procedimiento de asilo a un solicitante o publicar un folleto de información que resume las reglas húngaras en materia de asilo serán considerados como delitos, sancionables con cárcel”, sostiene Gyulai, quien matiza que otra de las modificaciones constitucionales prevé “no dar asilo a los que atraviesan países donde no corren un riesgo directo de persecución”, especifica. “Los solicitantes que entran típicamente desde Serbia, donde no hay persecución, podrán fácilmente considerados como migrantes ilegales”, esgrime.

Sin embargo, adelanta Gyulai, la ONG continuará con su labor. “Para nosotros esta ley, en primer lugar, significa más y más trabajo. Seguimos adelante con nuestro compromiso para defender la democracia, el estado de derecho y el respecto al derecho de asilo en Hungría. Nuestros abogados proporcionarán asistencia legal a los que serán acusados y procesados con la aplicación de esta ley”.

El director para Europa de la ONG Amnistía Internacional, Gauri van Gulik, ha criticado la medida como un paso más en “los intentos de estigmatizar, intimidar y atemorizar a las organizaciones de la sociedad civil húngara”.

“Criminalizar el trabajo esencial y legítimo sobre derechos humanos es un ataque descarado contra las personas que buscan refugio seguro contra la persecución”, afirma. “Es una amarga ironía que mientras el mundo celebra el Día Mundial de los Refugiados, el Parlamento húngaro vote para introducir una ley que castiga a las organizaciones y personas que apoyan a los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes”, agrega.

En la misma línea se expresa Gyulai: “Es particularmente cínico adoptar tal legislación en el Día Mundial de los Refugiados, cuando el resto del mundo celebra el coraje y la perseverancia de aquellas y aquellos que ha tenido que huir de su hogar para salvarse de la guerra y de la persecución”.