Salvini reduce la protección humanitaria y empuja a miles de migrantes a sobrevivir sin papeles

Mikiale deambula pensativo entre el resto de compatriotas, que prefieren pasar el rato con un balón. Con ellos se reúne cada tarde en un campamento improvisado de la periferia romana. Tiene 14 años, nació en Eritrea y desde 2016 se encuentra en Italia de modo temporal. Cuando llegó, después de cruzar Etiopía, Sudán, Libia y un arduo trayecto por el Mediterráneo, le entregaron un permiso de residencia por motivos humanitarios.

Se trata de una especie de salvoconducto mientras se resuelve una solicitud de asilo que no termina de llegar. “Mi intención es estar un tiempo más en Italia y después viajar a Holanda, donde me han dicho que hay trabajo”, sostiene. Sin embargo, con la nueva ley impulsada por el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, el permiso del joven corre el riesgo de no ser renovado.

El decreto “inmigración y seguridad” aprobado en Consejo de Ministros y avalado este jueves por el presidente de la República, Sergio Mattarella, reduce este tipo de protección humanitaria y dificulta la obtención del asilo. En primer lugar, la solicitud de cualquier persona que pueda ser considerada por las fuerzas de seguridad un “peligro social” o que sea condenada en primer grado por delitos menores –por ejemplo, la venta de drogas–, sin posibilidad de presentar un recurso, serán paralizadas.

De este modo, se abandona un proceso con mayores garantías, por el que el Estado había priorizado la seguridad de los migrantes para ofrecerles una oportunidad. A partir de ahora, el historial policial en Italia será determinante a la hora de conseguir el asilo.

Además se limitan los casos por los que antes se otorgaban estos mecanismos de protección humanitaria a seis supuestos, motivados por problemas graves de salud, desastres naturales en los países de origen o haber protagonizado un acto de “particular valor civil”. De este modo, el Gobierno italiano pretende que la concesión de estos permisos no sean la regla, sino la excepción. Desde las ONG especializadas temen que más personas se vean abocadas a sobrevivir sin papeles.

Existen tres formas de protección internacional: el asilo, la protección subsidiaria – para aquellos que no hayan sufrido persecución pero que corran riesgo de volver a su país de origen– y el permiso temporal por motivos humanitarios, destinado a quienes no cumplen las anteriores condiciones pero padecen enfermedades o huyen de una situación de inestabilidad política. Italia había ofrecido hasta ahora a cerca de un tercio de los recién llegados este último tipo de protección.

Durante la presentación del decreto, Salvini defendió que “la protección humanitaria, que debería ser residual, a partir de ahora quedará regulada”. Otras medidas que contempla la normativa son que los extranjeros que cometan delitos de terrorismo serán devueltos y juzgados en sus países aunque hayan adquirido previamente la nacionalidad italiana; la reducción de los fondos diarios para los sistemas de acogida o el aumento del periodo de detención en los centros de identificación cerrados, que pasará de tres a seis meses.

El decreto ley ha sido ratificado por el presidente de la República, Sergio Mattarella. En paralelo a la firma, el jefe del Estado le envió una carta al primer ministro, Giuseppe Conte, en la que subraya que deben “permanecer respetadas las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado”, en particular el artículo 10 de la Carta Magna. Este punto establece literalmente que “el extranjero al que le sea impedido en su país el efectivo ejercicio de la libertad democrática garantizada en la Constitución italiana tiene derecho al asilo en territorio de la República”.

Durante la tramitación del decreto, expertos de la magistratura dudaron de la constitucionalidad de algunos capítulos, como el que establece que ciudadanos con nacionalidad italiana –aunque hayan nacido en otros países- puedan ser juzgados fuera de este territorio por delitos cometidos en Italia. Sin embargo, tras una reunión entre Mattarella y Salvini, no ha habido impedimentos por parte de la jefatura del Estado.

Ahora el texto iniciará el recorrido parlamentario, en el que todavía puede ser enmendado. “Podrá ser mejorado, pero yo no cedo ni un milímetro: sobre expulsiones, ciudadanía, permisos humanitarios no doy un paso atrás. Estoy cansado, pero contento”, celebró, no obstante, Salvini.

El primer hito legislativo de Salvini

Mientras tanto, el líder ultraderechista presume de haber reducido ya la protección humanitaria “del 26% del total de los recién llegados al 21%” en una circular enviada por el Ministerio del Interior poco después de su toma de posesión. En su discurso, suele citar que solo el 7% de quienes desembarcan en sus costas son “refugiados que huyen de guerras”, por lo que, a su juicio, solo estos deberían ser atendidos. En lo que va de año, cerca de 16.000 personas han obtenido estos permisos humanitarios.

Según distintas organizaciones, con el nuevo texto, la protección humanitaria se reduciría cerca de otro 30%. Además de las ONG, organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han pedido al Gobierno italiano que rectifique.

Pero Salvini no tiene intención de hacerlo. Tras meses de batalla dialéctica, este es su primer hito en materia legislativa. En las últimas semanas ha reiterado que el cierre de sus puertos ha provocado la “reducción del número de llegadas a Italia”, por lo que ahora es, dice, “el momento de las expulsiones”, una de las ideas que auparon a su partido al poder.

Sin embargo, pese a sus intentos por estrechar lazos con países con los que su Gobierno ya mantiene acuerdos, como Túnez, donde acudió de visita recientemente, Italia no ha firmado nuevos convenios bilaterales para la deportación de migrantes. Además de Túnez, Italia solo tiene firmados acuerdos bilaterales con Marruecos, Argelia y Egipto. Durante las elecciones, Salvini prometió más expulsiones, pero, en la práctica, hay nacionalidades con las que sigue siendo legalmente imposible.

Así lo adelantaban en su momento los expertos, que frente a la retórica xenófoba, argumentaban que la promesa de “enviar a todos a casa” no era fácil de cumplir. Los primeros datos lo confirman. Un informe del Instituto de Estudios sobre Política Internacional italiano revela que entre junio y agosto de este año se produjeron 1.350 repatriaciones, mientras el año anterior, con el antiguo Gobierno, hubo 1.761. Es decir, las deportaciones se han reducido durante el mandato de Salvini, al contrario de lo que persigue el líder ultraderechista.

“Lo que consiguen es empujarles a la clandestinidad”

Los datos del think tank sí corroboran que los permisos por protección humanitaria han caído desde la llegada al Gobierno de Salvini, lo que propicia que haya más personas en situación administrativa irregular. Solo en el último trimestre, según sus cifras, 12.450 migrantes pasaron a un limbo legal: es decir, se encuentran en Italia, pero no pueden permanecer legalmente porque no se les ha concedido ningún tipo de protección y tampoco pueden ser deportados.

“La gente no va a desaparecer, así que lo que conseguirá Salvini es empujar a más personas a la clandestinidad. No tendrán derecho de permanecer en Italia, ni de trabajar”, sostiene Anne Garella, la jefa de misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) Italia.

En el caso de Mikiale, distintas ONG le ofrecen cada día un refugio diario, en forma de asistencia legal o de las condiciones más básicas como ropa, alimentación o un techo para dormir. MSF teme que muchos permanezcan en las calles y se conviertan en víctimas de explotación o, “desesperados” ante la falta de oportunidades, puedan incurrir en pequeños delitos que, a su vez, les impidan acceder al asilo. El decreto aprobado por el Gobierno vincula en un mismo articulado “inmigración” y “seguridad”, una de las principales armas electorales del líder ultraderechista. Desde MSF consideran que se trata de una profecía autocumplida.

Otras instituciones como Tavolo Asilo, un conglomerado de asociaciones que se dedican a la acogida de los migrantes, han pedido con escaso éxito que Mattarella frenara la ley que ha impulsado Salvini. Filippo Miraglia, representante de la agrupación, afirma que se negarán a trabajar con los fondos que anuncia el Gobierno a partir de ahora “porque no son suficientes para un trato digno”.

“De los 35 euros al día por persona pasaremos a 20 y esto solo lo aceptarán las asociaciones que quieran aprovecharse para hacer negocio y no los expertos”, agrega. Diferentes colectivos, entre ellos Tavolo Asilo o MSF, han lanzado una iniciativa para que la ley no sea aplicada porque consideran que viola la legislación italiana.