El abandono y la falta de recursos públicos favorecen el conflicto y la exclusión de los menores inmigrantes en España

Los mismos muros frente a los que Yamir (nombre ficticio) permanece sentado sin compañía durante toda la mañana amanecieron este lunes cubiertos de algunos carteles que los llamaban “peligrosos”. El grupo neonazi Hogar Social colocó en la diana de su discurso xenófobo a los niños o adolescentes extranjeros que llegan solos a España, el mismo mensaje enarbolado por Vox. Él, ajeno a todo, lleva dos meses en el centro de menores de Hortaleza (Madrid), no sabe español y pasa las horas solo, sin mucho más que hacer que dirigir la mirada al pasado o a sus expectativas perdidas. Prefiere estar fuera que dentro de un espacio donde residen cerca de 90 personas a pesar de estar pensado para albergar a 35.

Los educadores sociales del centro reconocen no tener capacidad para organizar apenas actividades ni atender las necesidades que requiere cualquier menor tutelado. “Ahora mismo no hay vida cotidiana. Con la saturación, organizar cualquier cosa o atender de forma personalizada a algún adolescente con problemas es imposible”, asegura Miguel Ángel Martín, enlace sindical de Comisiones Obreras en el centro de Hortaleza. Los escasos recursos públicos aportados por las Comunidades Autónomas, de las que depende su cuidado, no son suficientes para abordar esta realidad.

Los adolescentes tutelados en estas condiciones pasan los días sin referentes, sin educadores suficientes, sin aplicación de las estrategias establecidas en los proyectos de trabajo social. Con una mochila de duras experiencias, mucho tiempo libre y con poco que hacer. Entonces, explican varios expertos consultados por eldiario.es, aumentan las posibilidades de conflictividad y el surgimiento de determinados problemas de conducta entre los chavales.

“En todos los centros de adolescentes tutelados, extranjeros o no, siempre hay algún grupo más conflictivo. Y para educarles necesitan una estructura. Cuando no existe, cuando no hay un orden establecido, como pasa en centros como Hortaleza, no puedes aplicar las estrategias habituales en estos casos: no tenemos personal”, desarrolla Martínez, exdirector del Centro de Menores Extranjeros no Acompañados Manzanares. “Cualquier perfil de menor podría ser sujeto de conflicto en un espacio preparado para 35 y ocupado por 100. No solo pasa con Menas, pasa con todos”, destaca.

Según los expertos en infancia consultados por eldiario.es, las situaciones ligadas a la sobreocupación y la “excesiva” permanencia de muchos menores en centros de primera acogida favorecen los episodios de conflictividad, aunque insisten en que son casos “específicos” dentro de la totalidad de los menores migrantes no acompañados acogidos en España. A su vez, la extrema derecha utiliza estas situaciones ligadas a la exclusión para impulsar su discurso xenófobo, dotándose además de numerosas informaciones falsas sobre menores migrantes difundidos por redes sociales, como ha confirmado Maldita.es.

“Se tenían que turnar las zapatillas para salir a la calle”

“La criminalización de esos niños es fácil cuando partimos del abandono absoluto de la administración. Tener a los adolescentes sin tutela legal, sin formación de ningún tipo, viviendo en condiciones de absoluta indigencia como nos llegan algunos niños del centro de Hortaleza...”, apunta Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raices.

“Nos llegan diciendo que no les dan calzoncillos, que no les dan calcetines. Se están teniendo que pelear hasta por las zapatillas. Hemos visto a niños que se turnaban las zapatillas en la puerta antes de salir a la calle. Si nos parece que tener a unos adolescentes así puede generar condiciones para la integración...”, lamenta la especialista en infancia. El ratio de atención de educador por menor, establecido en cinco menores por trabajador, se ha sobrepasado en muchos momentos en la mayoría de los centros de Andalucía y Madrid, según Comisiones Obreras.

Mohammed pasa las horas en los alrededores del que fue su centro de acogida. Hace escasos meses cumplió la mayoría de edad y duerme en la calle desde entonces. Cuenta que no es el único, y que no todos los chicos que pasan la noche con él superan los 18 años. “También hay menores que se escapan porque prefieren no estar ahí”, dice el joven marroquí, señalando las dependencias donde deberían sentirse protegidos. Algunos de sus compañeros inhalan pegamento en las inmediaciones del centro de la Administración responsable de su protección.

Según explica Mercedes Jiménez, doctora en Antropología que lleva trabajando con estos menores en Tánger desde hace 20 años, “la mayor parte de los chicos no han consumido antes en Marruecos, sino que su adicción tiene que ver con todas las dificultades que encuentran a su llegada a España”. Es un asunto que, apunta, se acentúa cuando hay expectativas que no se cumplen“.

Para la experta, Premio Nacho de la Mata 2018, hay un punto de inflexión en el proceso migratorio, una de las etapas más duras de los llamados MENAS, en la que los menores corren más riesgo de empezar en el consumo de inhalantes. Jiménez lo denomina como “la segunda frontera”, situada más allá de Marruecos: Ceuta y Melilla. En las ciudades autónomas, por donde pasan buena parte de los niños y adolescentes que viajan solos a España, los centros de acogida acarrean numerosas denuncias de vulneraciones de derechos humanos y hacinamiento. Para alcanzar la Península, los menores sólo pueden colarse en alguno de los ferrys que conecta ambos territorios con Andalucía.

Ceuta y Melilla: donde empieza la exclusión

Muchos menores acaban durmiendo en la calle debido a la saturación de los centros y en busca de una oportunidad para conseguir llegar a lo que consideran “la verdadera España”. “Se traslada la idea de que estos adolescentes viven en la calle porque vivían así en Marruecos: todo lo contrario. Es la situación de desprotección y descoordinación la que los empuja”, describe la Doctora en Antropología. “En Ceuta y Melilla, el nivel de deterioro es tal que los chicos que vienen de esta ruta nesitarían una intervención de mucha más calidad: atención psicológica y personalizada. Cuando hay niños que se autolesionan o consumen, ¿por qué se pone el foco en el chico y nadie se pregunta por qué un menor que está bajo la tutela de la administración llega a esta situación?”.

En Andalucía, las circunstancias de la acogida tampoco son mucho más esperanzadoras, advierten los trabajadores sociales consultados por eldiario.es. En el verano de 2018, algunos centros andaluces superaron su capacidad al 1000%, según los datos de Comisiones Obreras.

Un reciente informe de Unicef documentó la existencia de una situación “de riesgo” para los menores en algunos de los centros visitados en Ceuta, Melilla y Andalucía debido, entre otras razones, a las condiciones de “saturación y hacinamiento”. Los investigadores constataron que los adolescentes que deciden irse de los centros cuando no se sienten protegidos y continuar su camino por cuenta propia se acaban enfrentando a “grandes peligros” ligados a la situación de calle, como la posible captación en redes de tráfico o trata de menores o el peligro de explotación sexual o consumo de drogas, como el pegamento.

Según Unicef, en ninguno de los centros visitados existe un plan para abordar el consumo de drogas, a pesar de que su dirección suele conocer la penetración de esta realidad en menores en riesgo de exclusión.

“No son niños peligrosos: son niños en peligro”

“No son niños peligrosos, son niños en peligro por la situación de abandono que padecen y, por tanto, susceptibles de ser víctimas de redes de explotación o de acabar en el consumo...”, considera Reyzábal. “Si alguien deja a su niño en la calle con 14 años, ¿qué pasaría? Cualquier adolescente correría los mismos riesgos”, sostiene. “Los adolescentes necesitan límites para que ellos se sientan seguros. Eso que vemos tan claro con los menores españoles, ¿cómo puede ser que no lo entendamos con los que proceden de otro lugar?”.

Trabajadores de centros de acogida reconocen desconocer qué hacer ante casos de niños consumidores de estupefacientes. En un reciente informe del sindicato, empleados que trabajan con menores en dependencias autonómicas denuncian la falta de formación en caso de niños con adicciones y la escasez de recursos específicos para atender a menores con este tipo de problemas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, no cuenta con ningún centro especializado en menores con problemas de consumo de drogas.

Según CCOO, la Comunidad solo utiliza una decena de plazas localizadas en Navarra y Córdoba. El Gobierno autonómico anunció en abril la apertura “inmediata” de un centro con 26 plazas para “menores con problemas de conducta” -sin estar basado en el consumo de estupefacientes- , pero por el momento no se ha materializado.

“Observamos cómo, en los últimos años, llegan chavales muy deteriorados físicamente por el consumo de drogas. La Comunidad de Madrid no está dando respuesta a esto”, asegura un trabajador de menores en unas declaraciones recabadas en el estudio de CCOO, centrado en las condiciones de los empleados dedicados a la atención de personas migrantes. Este medio ha contactado con el Ejecutivo regional pero por el momento no ha respondido a nuestras preguntas y se ha limitado a criticar los “bajos” fondos recibidos por parte del Ejecutivo central.

El pasado verano, el Gobierno de Sánchez se comprometió a buscar una solución para atender de forma digna a los menores extranjeros que están llegando a suelo español sin la compañía de un adulto. La propuesta era “impulsar” un sistema de distribución solidaria entre comunidades para acabar con las condiciones de saturación de algunos centros de acogida, así como el apoyo económico a aquellas autonomías que más migrantes reciben. Su plan apelaba a una “solidaridad” entre las regiones que menos Menas reciben no fue respondida: sólo ofrecieron 199 plazas.

Al finalizar el año 2018, cuando se registró un aumento de la llegada de menores migrantes, el Ministerio del Interior cifraba el número de niños extranjeros no acompañados en España en 12.500, aunque el propio Ejecutivo ha reconocido fallos en el método de recuento.

El aumento de su llegada no ha ido acompañada de un aumento correspondiente del número de plazas ni del personal contratado, por lo que la saturación de algunos centros de Andalucía, Cataluña, Madrid, Ceuta y Melilla suele producirse de forma periódica. El gobierno aprobó el año pasado una financiación extraordinaria de 40 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas por el “incremento del número de menores no acompañados acogidos durante el 2018”, pero las regiones afectadas la consideran insuficiente.

Renaud (nombre ficticio) también pasa el tiempo en la entrada del centro de Hortaleza. Vive en las instalaciones acondicionadas en la zona trasera del recinto, pero todos los días llega a este punto en busca de sus compañeros. Es de Haití y ha aprendido un casi perfecto español en los siete meses que acumula en España. No asiste a las clases ofrecidas por el centro durante la época lectiva: “Hay demasiada gente, hay mucho ruido... He preferido estudiarlo yo por mi cuenta. Aprendo leyendo libros”, indica el joven. Él es otro de esos adolescentes a los que el grupo neonazi y la extrema derecha tachan de “peligrosos”.