Otro varapalo para la versión de Fernando Grande-Marlaska sobre la tragedia de Melilla. Ahora es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) quien contradice las explicaciones aportadas este miércoles por el ministro del Interior, en este caso, sobre las devoluciones en caliente efectuadas por la Guardia Civil durante el salto a la valla en el que fallecieron al menos 23 personas.
Después de que el ministro defendiese en el Congreso la legalidad de estas prácticas y asegurase que no consta el “rechazo en frontera” de ninguna persona vulnerable, la Agencia de la ONU ha respondido con contundencia: recuerda que estas practicas son “contrarias a la normativa legal” y asegura tener testimonios de personas devueltas el 24 de junio que procedían de países en conflicto y, por tanto, eran vulnerables.
Aquel día, 470 personas fueron devueltas en caliente desde Melilla por parte de la Guardia Civil y los gendarmes marroquíes, que llegaron a entrar en territorio español para golpear y retornar a los migrantes y refugiados que habían sorteado la totalidad de la alambrada. “Cumplimos el rechazo en frontera en los términos regulados en la disposición decima de la Ley de Seguridad Ciudadana y en correspondencia con la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Supremo”, ha justificado Grande-Marlaska. El ministro ha reconocido que la cifra de 470 devoluciones, publicada por el Defensor del Pueblo, fue aportada por su propio departamento.
Si el equipo de Ángel Gabilondo ya recriminó al Ministerio que estas prácticas incumplían la legalidad vigente, Acnur vuelve a reiterarlo este miércoles: “La Agencia de la ONU para los Refugiados recuerda que la práctica de devolver personas sin un procedimiento que les permita acceder al sistema de asilo, es contraria a la normativa legal y a los tratados de derechos humanos de los que España es parte”, ha afirmado la portavoz de Acnur España, María Jesús Vega, en declaraciones recogidas por elDiario.es.
De la misma manera, la portavoz matiza que desde Acnur no se oponen “a que se pueda retornar a sus países de origen a personas que no tengan necesidades de protección internacional u otras consideraciones especiales, y que los retornos se realicen en condiciones de seguridad y dignidad”. Sin embargo, el 24 de junio, las autoridades españolas y marroquíes no respetaron dichas condiciones, según ha quedado demostrado en numerosas imágenes. La razón: fueron retornadas de forma masiva y sin seguir un procedimiento individualizado.
La normativa nacional e internacional exige la aplicación de un estudio individualizado de cada caso, precisamente, para evitar que entre las personas retornadas haya migrantes con un perfil vulnerable, como potenciales refugiados, menores o víctimas de trata. En este sentido, el ministro del Interior aseguró que “no consta que ningún vulnerable fuera rechazado en frontera”. Pero los hubo, según los datos de Acnur: “Hemos recibido testimonios de personas que fueron devueltas inmediatamente a Marruecos tras entrar en Melilla, muchas de ellas de países donde hay conflictos, que generan refugiados como Sudán, Sudán del Sur y Chad”. Su devolución, por tanto, impediría su derecho a pedir asilo.
Los testimonios de los supervivientes recogidos por elDiario.es en julio apuntaban a que la Guardia Civil devolvió además a personas heridas y a menores, uno de ellos de 15 años y con clara apariencia de niño. La investigación publicada este martes por el consorcio Lighthouse Reports, entre los que está El País, también ha documentado el rechazo en frontera de un adolescente. Todos los devueltos fueron entregados a las autoridades marroquíes, que acabaron apaleando y amontonando a muchos de los retornados.
Durante su comparecencia, Grande-Marlaska ha negado que, para los migrantes subsaharianos, sea imposible pedir protección internacional en las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla. “Se ha llegado a afirmar que las personas que asaltaron nuestras fronteras de forma violenta lo hicieron ante la imposibilidad de pedir asilo y sencillamente es falso e irresponsable acusar de este tipo de actuaciones a nuestros empleados públicos”, ha dicho el ministro. Sin embargo, Acnur ha denunciaco en distintas ocasiones las trabas con las que se chocan los solicitantes de asilo negros para acercarse al puesto fronterizo de las ciudades autónomas. Este martes, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo Europea afeó al Gobierno la “imposibilidad” con la que se chocan estas personas para solicitar asilo en Melilla.
Para defenderse de las reacciones de diputados como Enrique Santiago (Unidas Podemos), que recordó la falta de vías legales para pedir protección a través de, por ejemplo, las embajadas de España en el extranjero, Grande Marlaska se ha escudado en Acnur para defender a España como un ejemplo en la defensa del derecho de asilo. “Somos un país precursor en derecho de asilo. Con nosotros trabaja Acnur. Y creo que Acnur no tiene una mala impresión del trabajo que se coordina con el Ministerio y con el Gobierno en esa materia. Pero una cosa es el asilo el que se pueda formalizar y otra el ataque violento a una frontera poniendo en riesgo a las fuerzas y cuerpos y poniendo en riesgo a los propios migrantes”, ha recalcado el ministro en el Congreso.
Pero, el mismo día en que Marlaska pronunciaba estas palabras, Acnur han querido dejar claro que no respalda las devoluciones en caliente practicadas durante la tragedia de Melilla, pues no respetan la legislación nacional ni internacional. La Agencia de la ONU ya había expresado su preocupación en diversas ocasiones a las autoridades españolas por estas devoluciones, “que no tienen en cuenta las circunstancias individuales de las personas retornadas, incluidas sus necesidades de protección internacional”, reitera la portavoz del organismo internacional.
“Estas devoluciones comprometen el principio de no devolución establecido en el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951, por el que ningún Estado devolverá a un refugiado a un territorio donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política)”, incide Vega.