La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha advertido al Gobierno de España que la legalización de las “devoluciones automáticas” de las personas que tratan de cruzar las vallas de Ceuta y Melilla, propuesta a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ceiudadana, vulneraría el derecho de asilo de aquellos que huyen de sus países de origen e incumpliría, por tanto, “la legislación nacional y los tratados internacionales” firmados por este país.
De esta forma, Acnur ha expresado “su preocupación ante la propuesta de España de legalizar las devoluciones automáticas”. Según esta iniciativa, explican, “una persona que intenta acceder a Ceuta o Melilla de forma irregular y sin la documentación requerida, sería rechazada automáticamente y no tendría derecho a las garantías legales previstas en la legislación nacional y de la Unión Europea, como el derecho a solicitar asilo”.
La Agencia de la ONU recuerda que desde 2013 se ha registrado un aumento en el número de personas que llegan de forma irregular a través de Ceuta y Melilla y, con ello, también ha habido un incremento “en la proporción de las personas que vienen de países asolados por la guerra, la violencia y la persecución, como Siria, la República Centroafricana o Malí”.
Según sus cifras, en 2013, unas 4.200 personas entraron en las dos ciudades autónomas de forma irregular (por tierra y mar). En lo que va de año, más de 5.000 personas han llegado a Ceuta y Melilla, entre ellas 2.000 personas que han huido del conflicto en Siria, el 70% de las cuales son mujeres y niños. ACNUR subraya la importancia de que se permita el acceso al territorio para estas personas en necesidad de protección internacional y recuerda: las prácticas que quieren ser legalizadas “no darían la oportunidad de pedir asilo a quienes huyen de la persecución y los conflictos”.
Acnur destaca que “como respuesta a estas llegadas”, el Gobierno español ha propuesto una enmienda a la actual ley de extranjería, que sería aplicada exclusivamente a las fronteras de Ceuta y Melilla. Esta propuesta introduce el concepto de “rechazo en frontera” y tiene como objetivo la legalización de la práctica actual de devoluciones inmediatas.
“El Gobierno debería garantizar que cualquier iniciativa legal cumple con sus obligaciones internacionales, en particular con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la que España es parte”, adevierte la Agencia de la ONU.
También hace una llamada de atención sobre la violencia que ha sido documentada durante los últimos meses en la frontera de ceuta y Melilla “para disuadir la entrada de inmigrantes y solicitantes de asilo”. Según el Alto Comisionado, “este año se han documentado varios incidentes violentos y se ha incrementado el número de informes sobre devoluciones automáticas en las ciudades autónomas”.