Hassana Aaila, conocido activista saharaui que tiene pendiente un recurso de una petición de asilo en España, no se podía creer lo que estaba ocurriendo. Este martes, en un viaje de Galicia al País Vasco, donde reside, dos policías le pidieron sus papeles. “Les entregué los documentos de mi recurso de asilo y el papel de la Audiencia Nacional que paralizó mi salida obligatoria de España hasta que termine todo el proceso judicial, pero me dijeron que no les valía”. Los agentes lo llevaron a comisaría y, como adelantó ABC, le han abierto un procedimiento de expulsión.
“Me parece vergonzoso, porque les presenté todos los papeles y los policías no han reconocido la autoridad de la Audiencia Nacional. No lo entiendo”, cuenta acelerado Hassana Aalia a eldiario.es en una conversación telefónica.
El activista saharaui es una de las personas que Marruecos juzgó (en su caso dos veces) por la participación en las protestas de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún (Sáhara Occidental). Las movilizaciones en apoyo del pueblo saharaui y contra la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental, que comenzaron con asentamientos pacíficos, fueron apagadas con dureza por el Ejército marroquí en noviembre de 2010, y acabaron en graves disturbios. Según Human Rights Watch (HRW), el balance final de muertes fue de once agentes marroquíes y dos civiles saharauis.
Hassana fue condenado primero a cuatro meses de cárcel por un tribunal civil y, más tarde, cuando se encontraba en España cursando una beca de estudios, le fue comunicada una nueva condena, en este caso de un tribunal militar, a cadena perpetua. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han condenado el proceso militar contra los activistas por no ofrecer suficientes garantías. Entre otras cuestiones, HRW recogió las denuncias de torturas en los interrogatorios a los acusados.
Entonces, “por el miedo a las torturas en Marruecos”, entre otras cuestiones, Hassana decidió no volver a su hogar y tramitar una solicitud de asilo en España. El Gobierno denegó su demanda y la decisión fue recurrida gracias al asesoramiento legal de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) de Euskadi. En virtud de este recurso (aún sin resolver), la Audiencia Nacional aceptó la medida cautelar solicitada por el responsable jurídico de Cear Euskadi, Javier Canvell, para que no se expulse a Hassana hasta que la justicia determine si merece protección internacional.
El abogado del activista, Javier Canvell, explica que “le han abierto un procedimiento sancionador y daban 48 horas para presentar alegaciones. Ya las hemos presentado, solicitando el archivo del mismo”.
“El caso de Hassana es incómodo para España”
Un proceso sancionador de expulsión puede ser archivado, si se estiman las alegaciones de la persona afectada, o avanzar hasta la ejecución de la salida del territorio nacional. Canvell es tajante: “Cualquier sanción que se imponga estaría vulneración una decisión del la Audiencia Nacional”. El letrado afirma que en las alegaciones presentadas han justificado “el peligro que sufre Hassana de volver a Marruecos” y espera que les comuniquen el cierre del procedimiento.
La Dirección General de la Policía Nacional ha rechazado responder a las preguntas de este medio sobre el protocolo del Cuerpo ante una situación como esta: en la que la persona presenta una decisión de la Audiencia Nacional que garantiza su estancia temporal en el país. “Es un caso muy concreto”, indican.
El delegado del Frente Polisario en Madrid, Abdullah Arabi, quiere pensar que se trata de una confusión. “Ojalá que fuera un error, pero no nos extrañaría que no lo fuese”. El responsable saharaui tacha de “incómodo” el caso del activista para las autoridades españolas y denuncia que “el Gobierno respañol rechaza las solicitudes de asilo de saharauis porque comprometen sus buenas relaciones con Marruecos”. Aunque estén “muy bien documentadas como en este caso”, indica.
“Me asusté, no puedo volver a Marruecos”
A Hassana, las dos horas que pasó en la comisaría le removieron algunos de sus recuerdos más duros. “Me quitaron todas mis cosas, mis documentos y me metieron en una celda. Olía de una manera que no puedes imaginar, mal no, lo siguiente”. Allí, entre rejas, llegaron los fantasmas: “Me asusté, me acordé de aquellos años en la zona ocupada, de las muchas ocasiones en que me encerraba la policía marroquí y nos torturaba”. Le dejaron en libertad a las ocho de la tarde, pero por la noche tampoco podía alejar esas vivencias de su cabeza.
Aunque cuenta con la resolución de la Audiencia Nacional, Hassana admite que se sintió desprotegido. Cuando presentó los documentos a la policía le respondieron que “eso no valía para nada”, dice. “Hace un mes y medio, la policía me paró también en el País Vasco y no tenía encima estos papeles, les dije que no los tenía, pero les conté mi situación. Preguntaron por mi nombre y apellidos y, cuando comprobaron quién era, me dejaron ir”. Este martes, también les dijo sus datos y tenía además los documento, pero no sirvió de nada.
“Siento que no estoy seguro estando aquí. ¿A quién me voy a dirigir? ¿Qué puedo hacer?”, lamenta ante el proceder de los agentes.
Hassana ha podido hablar con su padre y sus hermanos, que viven en la zona del Sáhara ocupada por Marruecos, y los ha intentado tranquilizar. “La prensa marroquí cuenta que la policía española ha detenido al imputado del grupo de Gdeim Izik, que me van a llevar a la cárcel para cumplir la condena”. Hassana tiene muy claro que no puede volver: “Mi familia sabe que si yo vuelvo, voy a estar toda mi vida en la cárcel y que voy a pasar toda clase de torturas y maltratos”.