El jueves 23 de agosto se produjo la expulsión de 116 migrantes desde España a Marruecos por la frontera de Ceuta en un operativo de carácter extraordinario. Era la primera vez desde 2005 que el país vecino readmitía a personas de terceros países 24 horas después de su entrada a España. Hasta entonces se había aplicado en contadas ocasiones debido a la negativa de las autoridades marroquíes, a pesar de los intentos de los diferentes gobiernos para reactivarlo.
El Ejecutivo de Sánchez lo consiguió, dice, debido a las “buenas relaciones” gestadas entre ambos países. El ministerio del Interior justifica que se trata de “un proceso de expulsión administrativo normal que se aplica muy pocas veces” y que se basa en la aplicación del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la readmisión de extranjeros entrados de forma irregular, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992.
El documento se redactó durante el Ejecutivo de Felipe González, con dos ejemplares originales en español y árabe. Fue rubricado por José Luis Corcuera, entonces ministro de Interior del Gobierno español, y su homólogo marroquí, Driss Basri. Sin embargo, no entró en vigor hasta diez años después, 2012.
Las autoridades españolas y marroquíes idearon el acuerdo bilateral en respuesta a una entrada de 800 migrantes en Melilla, en una época en la que las llegadas eran mucho menores que en la actualidad. Se puso en marcha tres años más tarde, cuando el país vecino aceptó a tres migrantes expulsados “para responder a la preocupación común de coordinar los esfuerzos destinados a poner fin al flujo migratorio clandestino de extranjeros entre España y Marruecos”.
En 1996, las autoridades españolas devolvieron a 45 personas, en 1997 a 25 más, y en 1998 a una sola persona. Después, el acuerdo cayó en el olvido. Entre 1999 y 2003, Rabat no admitió a ningún expulsado, y fue criticada la falta de colaboración de Marruecos. España ha recibido todos estos años a las personas cuya readmisión fue denegada por el país vecino, acatando el propio convenio.
El acuerdo se ha utilizado poco, en 114 ocasiones, y principalmente con marroquíes. El país vecino sí aceptó a ciudadanos de origen marroquí expulsados por España, pero no a los migrantes subsaharianos. Rabat alegó, en repetidas ocasiones, que “no podía saber si esas personas habían entrado a España a través de Marruecos”, condición recogida en el pacto.
En las ocasiones en que Marruecos sí ha aceptado migrantes subsaharianos en base a este acuerdo, estos habían entrado por mar, como ocurrió con las llegadas de pequeños grupos de personas a los peñones españoles en la región del Rif, como las Islas Chafarinas, y fueron expulsados desde Melilla a pie de valla.
Las asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil han solicitado sin éxito en varias ocasiones que se aplicara el pacto hispano-marroquí. La última petición al Gobierno fue en 2017, por la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC).
Amnistía Internacional España ha transmitido al ministerio de Interior que deben paralizárselas las expulsiones exprés desde España a Marruecos. Su director, Esteban Beltrán, incidió en la celeridad con que se llevaron a cabo estas expulsiones de tal manera que “difícilmente pueden garantizar el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías, y por tanto, a una asistencia letrada y de intérprete de calidad, así como a una identificación adecuada de potenciales solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados o miembros de colectivos con necesidades específicas como las personas LGBTI”.
Marruecos no reconoce las fronteras con Ceuta y Melilla
La decisión tomada el pasado jueves, cuando 116 personas fueron entregadas por la Policía Nacional española a la marroquí, es un escenario nuevo. Anteriormente Marruecos no lo consintió, porque supondría reconocer que Ceuta y Melilla no son “ciudades ocupadas”. El país magrebí nunca ha reconocido los pasos fronterizos con las ciudades autónomas españolas.
Los expertos y los letrados que participaron en el operativo se han mostrado sorprendidos por la rapidez de España para solicitar la expulsión y la reacción de Marruecos, que permitió que la misma noche de la entrada de los migrantes en Ceuta tramitasen sus expulsiones en pequeños grupos. El acuerdo permite un margen de hasta “diez días posteriores a la entrada ilegal” para estas expulsiones.
Fuentes de Interior aseguran que se debe a “a las buenas relaciones bilaterales”. Desde Rabat, fuentes diplomáticas consideran que el acuerdo “se reactiva dentro de la nueva política migratoria europea”, y señalan a “los pagos que ha recibido Marruecos en concepto de cooperación y desarrollo”, y a “las últimas reuniones” mantenidas por dirigentes europeos. Desde Bruselas se han comprometido en las últimas semanas a destinar decenas de millones de euros al país vecino para aumentar el control fronterizo.
“Me lo contaron a media mañana”, asegura telefónicamente José Cobos, secretario nacional de prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), en referencia al operativo. Desde el Instituto Armado, asegura, desconocen cuál es el motivo por el que ahora Marruecos acepta a los expulsados, “si es por la violencia -como ha defendido el Gobierno de Sánchez-, porque los gendarmes marroquíes también fueron heridos, o por el dinero que Europa da a España para que pague a Marruecos”.
En el último salto, cinco migrantes fueron trasladados al hospital para ser atendidos por cortes y siete guardias civiles fueron atendidos por lesiones leves por quemaduras con “cal viva”, según asegura el Instituto Armado.
Tramitado por autoridades de Interior de ambos países
La solicitud de tránsito para la expulsión de las personas que habían conseguido sortear la valla el 22 de agosto fue tramitada directamente por autoridades de ambos países dependientes de los ministerios de Interior de España y Marruecos. España se responsabilizó de los gastos de transporte de estas personas hasta la entrada en el país vecino. Desde allí fueron trasladados en autobuses custodiados por los militares marroquíes.
“Sonaron las sirenas durante dos horas, y había mucho revuelo en la frontera”, explica un ciudadano ceutí a eldiario.es cerca del mediodía del jueves.
Los ministros de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, y el marroquí, Abdelouafi Laftit, han mantenido dos encuentros en los dos últimos meses en Rabat y en Tánger. En esas reuniones se acordó la “cooperación” de las autoridades españolas y marroquíes en “el marco apropiado” en la organización de los flujos migratorios entre los dos países, “en la medida en que aquellos sean necesarios, garantizando siempre los derechos sociales de los trabajadores afectados”, que recoge el artículo 13 del documento.
Marruecos incumple otros acuerdos de readmisión
Las Delegaciones de Gobierno de Ceuta y Melilla, así como los partidos políticos en la oposición en las dos ciudades autónomas, llevan años solicitando al Gobierno central que España exija a Marruecos el cumplimiento del acuerdo firmado entre ambos países para frenar la migración de menores no acompañados, tratar su protección y su retorno concertado, firmado en Rabat en 2007 y ratificado en 2013, pero Marruecos no lo está cumpliendo. Este acuerdo incluye medidas como levantar acta del mismo cada seis meses, exige la creación de un comité de seguimiento y se deberían mantener dos reuniones anuales, una en Marruecos y otra en España.
“No hay una comunicación fluida entre España y Marruecos. Debería existir algún registro que de forma inmediata se les comunicara a las autoridades marroquíes los niños que han entrado en Melilla porque muchos vienen documentados”, denunció reiteradamente Coalición por Melilla para solicitar que se cumpla el acuerdo de readmisión de menores extranjeros no acompañados.
Human Rights Watch denuncia que este acuerdo “carece de directrices sobre cómo determinar el mejor interés del menor teniendo en cuenta una variedad de factores, como la seguridad, las condiciones socioeconómicas y los arreglos para su cuidado en el país de origen”. También se pone en entredicho “la continuidad de la educación del niño y el nivel de integración en el país de acogida”. Como consecuencia, aseguran que “no existen garantías de que el retorno de un niño conforme a este acuerdo represente una solución segura y duradera que redunde en el mejor interés del menor”.