La acusación de un fiscal italiano contra las ONG de rescate de refugiados da alas a los xenófobos
Hasta ahora, en Italia, no había prácticamente discusión acerca del imperativo humanitario que representa el rescate de migrantes y refugiados en el Canal de Sicilia. Aunque los salvamentos continúan con regularidad gracias a la Guardia Costera italiana, en los últimos días en medios políticos y periodísticos se pone en cuestión la honradez humanitaria de “algunas ONG” en su labor de rescate frente al litoral africano.
La difusión de sospechas comenzó hace meses por parte de la agencia europea Frontex. Su director, Fabrice Leggeri, afirmó que algunas “ONG sirven de taxis para los traficantes de seres humanos”, una acusación muy grave de la que no ha aportado ninguna prueba ni ha señalado a ningún responsable en concreto. Las ONG reaccionaron denunciando una campaña de descrédito pero, en un primer momento, no suscitó mucho más revuelo en la clase política transalpina.
Unos días más tarde, el fiscal de Catania (Sicilia), Carmelo Zuccaro, dedicado a investigar el tráfico de seres humanos en el Mediterráneo, ha desatado, como nunca antes, el debate acerca de la legitimidad de las operaciones humanitarias frente a Libia.
El fiscal siciliano va aún más allá que Frontex, y también sin pruebas concretas: “Algunas ONG podrían recibir financiación por parte de los traficantes y sé que hay contactos entre ellos”, explica. Zuccaro considera que “el negocio de la inmigración genera ganancias al mismo nivel que el de las drogas”.
A partir de ahí, los medios de comunicación italianos informaron de las posibles novedades que desmienten o confirman la versión del fiscal. De este modo, programas de debates se están centrando en una sospecha. El juego político, ahora, se mueve en un concepto: el de “algunas ONG”, con condicional y sin pruebas.
Ante el revuelo causado por la difusión de la sospecha, el fiscal de Catania se vio obligado a matizar sus palabras en numerosas ocasiones: “Hay ONG que han demostrado de forma inequívoca que operan por solidaridad, como Save The Children y Médicos Sin Fronteras” (MSF). Esta premisa tiene una segunda parte: “Pero no todas las ONG tienen perfiles filantrópicos”, aclara sin aportar nombres, asegurando que, en cualquier caso, “el foco de atención de nuestra actividad no son las ONG sino los traficantes” [de seres humanos].
El debate político se caldea en el momento en el que Luigi Di Maio, aspirante a líder del Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo y actual vicepresidente de la Cámara de los Diputados, lanzó la polémica a través de una pregunta retórica publicada en Facebook: “¿Quiénes financian los taxis del Mediterráneo?”. El comentario ha provocado fuertes reacciones, contrarias a la banalización de la labor humanitaria.
Pero también hay voces que aprovechan la situación para llevar el debate al terreno electoral. Es el caso de Matteo Salvini, líder de la xenófoba Liga Norte, quien, a poco más de una semana de las primarias de su partido, ha vuelto a defender su tesis acerca de las migraciones.
Esta semana Salvini ha pasado una noche durmiendo en el centro de acogida de Mineo (Sicilia): “Éste es el mayor centro de carne humana de Europa. Un negocio de decenas de millones de euros. Mientras que siete millones de italianos viven en la pobreza”, ha apuntado tras su recorrido por el mayor campo de demandantes de asilo de Italia.
“Quiero salvar a todos, y dejar entrar a los refugiados, que son la minoría. Los demás tienen que volver a su casa”, ha afirmado en la cadena pública RAI 1.
El Gobierno italiano presidido por Paolo Gentiloni se ha mostrado prudente y observador: “Tenemos que estar agradecidos por el trabajo que realizan las organizaciones de voluntarios en el Mediterráneo y en otros sectores. Sin el voluntariado, Italia sería más pobre”. Y añade: “Si luego, por parte de la Justicia, hay información detallada y creíble, no será el Gobierno quien la contradiga”.
La Conferencia Episcopal Italiana también ha reaccionado ante la acusación del fiscal de Catania. El director de la organización Migrantes, vinculada a la misma, Giancarlo Perego, ha criticado duramente sus declaraciones. “Creo que estas acusaciones escondan una visión hipócrita y vergonzosa de quien no quiere salvar en el mar la vida de personas que huyen”, ha mencionado Perego. Según ha añadido, hay quien “no quiere realizar canales humanitarios con los que las personas podrían llegar (a Europa) en situación de seguridad”.
El fiscal reconoce que no tiene pruebas
El debate ha llegado a tal punto que el fiscal Zuccaro ha tenido que responder a la Comisión de Defensa del Senado italiano, asegurando que no dispone de “pruebas válidas para poder emplear en un tribunal”. Por otra parte, algo legítimo en su posición, ha pedido al Estado italiano más medios para luchar contra el tráfico de seres humanos que también beneficia a las mafias italianas, quienes en muchas ocasiones están muy cerca del negocio de la gestión de los centros de acogida.
Además, el magistrado ha solicitado la presencia de policía judicial en los barcos de las ONG y la obligación de que todos los barcos lleven la bandera del país en el que tiene sede la organización.
Médicos Sin Fronteras, ONG excluida de esta polémica, ha rechazado con fuerza, desde Roma, las acusaciones que se hacen de forma generalizada: “Hemos pedido a las autoridades italianas que afronten las verdaderas causas de esta situación, así pues, la desesperación de las personas y la ausencia de políticas europeas que ofrezcan alternativas reales a las peligrosísimas travesías marítimas”.
