Ahogar a ONG y medios: cómo la nueva ley de “agentes extranjeros” de Bukele amenaza con silenciar las voces críticas

Casi a la medianoche del domingo 18 de mayo, la Fiscalía salvadoreña llegó a la casa de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal. Poco después, hacía pública su captura. La acusaron de malversación, aunque no dieron detalles de ello, ni de dónde la habían llevado. 

Cristosal es una de las principales organizaciones de defensa de derechos humanos en el país centroamericano. La detención de una de sus directivas mandaba un mensaje a la sociedad civil y suponía la antesala del siguiente varapalo a las voces críticas en El Salvador. La Asamblea Legislativa lo daría solo un par de días después. 

El Congreso aprobó el martes de la semana pasada la ley de Agentes Extranjeros, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele y los diputados oficialistas de Nuevas Ideas con el objetivo, dicen, de “transparentar el uso de fondos provenientes del exterior”.

Lo que implica la ley de Agentes Extranjeros

La norma, que tiene un gran parecido a la que Nicaragua aprobó en 2020, establece un impuesto del 30% a organizaciones que reciban ingresos internacionales —a las que define como “agentes extranjeros”—, prohíbe que acepten donaciones anónimas o que cambien el propósito para el que estaban destinados sus fondos. Establece multas de hasta 200.000 dólares si incumplen alguna disposición.

En otras palabras, le da a Bukele la autoridad para fiscalizar, sancionar y clausurar organizaciones que hayan recibido dinero del extranjero. 

En el grupo de afectados, además de ONG, entran también medios de comunicación que se financien a través de proyectos de fundaciones internacionales o que reciban donaciones, un modelo de sostenibilidad bastante común entre medios independientes. La ambigüedad con la que está escrita la ley abre la puerta a perjudicar también a particulares y empresas. 

El concepto “agentes extranjeros” va en la línea de un discurso que se ha popularizado entre líderes autoritarios latinoamericanos: cargar contra una supuesta injerencia extranjera que busca minar la soberanía y la independencia de los gobiernos. Otros países como Rusia también han utilizado leyes similares.

El objetivo: ahogar las voces críticas

El oficialismo salvadoreño asegura que la finalidad de la ley es garantizar la transparencia del dinero que llega al país. 

Pero lo cierto, explica el periodista César Fagoaga, director del medio Factum y expresidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, es que las organizaciones y medios ya tenían que comunicar su situación financiera y cualquier entrada de dinero al Gobierno y al Banco Central de Reserva.

El objetivo de la ley es otro. Según comparten miembros de organizaciones, periodistas y analistas consultados por elDiario.es, busca apagar las voces críticas en El Salvador. “Darles el golpe final”, dice un miembro de una ONG que prefiere no revelar su nombre.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió de que la norma puede restringir los derechos a la libertad de asociación y de expresión y podría implicar que algunas de las organizaciones afectadas terminen cerrando. 

Algunas de estas ONG y medios de comunicación ya estaban ahogadas con el recorte de fondos de USAID anunciado por Donald Trump a inicios de este año, que obligó a despedir personal y a cancelar proyectos en marcha.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, está segura de que para organizaciones con presupuestos ya de por sí reducidos, un impuesto del 30% va a hacer que desaparezcan. Además, anticipa, es probable que la nueva norma repela a financieros internacionales. “En Nicaragua, donde también hay una ley así, se bloqueó de tal manera la operación de organizaciones y periodistas, que la mayoría de personas tuvo que exiliarse”, explica a este medio.

“Esto no es de ahora; lo vimos venir desde hace años”, lamenta Fagoaga, que asegura que lo que posibilitó el avance de esta ley y la persecución de organizaciones y medios es que ya no se cuente con la protección del Gobierno de Estados Unidos.

De hecho, la iniciativa ya había entrado al Congreso en 2021. Entonces, buena parte de la comunidad internacional bloqueó su avance, recuerda Goebertus. “Fue frenada gracias a la presión internacional de EEUU y de gobiernos europeos. Hoy vemos la ausencia de Estados Unidos de estas discusiones”, concluye.

Escalada represiva de Bukele

La aprobación de la ley y la detención de Ruth López se dan semanas antes de que se cumpla un año de la segunda investidura de Nayib Bukele, que para muchas voces críticas supuso la instalación de un gobierno autoritario.

Para las personas consultadas por este medio, las últimas decisiones de Bukele implican la consolidación de la escalada represiva. 

“Vemos un incremento significativo del repertorio de medidas represivas del Gobierno”, dice Goebertus, que toma también en cuenta las amenazas de captura contra periodistas de El Faro y el arresto de transportistas. 

Todas estas acciones se suman a las violaciones de derechos humanos, torturas, malos tratos y muertes bajo custodia que Human Rights Watch y otras organizaciones han denunciado en estos últimos tres años, desde que se instaló el régimen de excepción.

En el país hay un temor general de que continúen las detenciones. “Hay muchas organizaciones que están sacando a su gente de El Salvador”, asegura Fagoaga. “Cayeron en cuenta de que la detención de Ruth López marcó un antes y un después. Ahora, nadie está protegido”.