Pocos días antes de que Matteo Salvini abandonara el palacio del Viminale, dos ONG de rescate conseguían poner fin a varios de parálisis y desembarcar a 135 migrantes en Italia. El capitán del Eleonora, de Mission Lifeline, decidía desafiar la prohibición de entrada en aguas territoriales decretada por el líder ultraderechista. La italiana Mediterranean Saving Humans lograban que los guardacostas italianos evacuaran a puerto a los últimos náufragos que permanecían en la nave. Sin embargo, a varias millas, cerca de Malta, una tercera ONG, Sea Eye, se quedaba a la espera de una solución con 13 supervivientes de una pequeña patera.
Ya van siete días y la solución no llega para el Alan Kurdi, la embarcación que lleva el nombre del pequeño Aylan, cuya imagen conmocionó al mundo hace cuatro años. De momento, ni Malta ni Italia abren sus puertos. De nuevo, la desesperación hace mella en el interior del barco. De acuerdo con la ONG, dos menores llevaban con ataques de ansiedad desde el martes, asegurando que preferían saltar al agua y morir que seguir allí. Las autoridades maltesas acabaron aceptando su evacuación. El jueves por la noche, otra persona “intentó quitarse la vida”, sostiene Sea Eye, que informa a eldiario.es que también fue trasladado a tierra por Malta. Otros dos supervivientes fueron evacuados el viernes.
Tras las cinco evacuaciones, ocho personas permanecen a bordo, todas de origen tunecino. Otra vez, mientras la tripulación intenta calmarles y animarles, la llamada se repite. “La situación empeora a cada hora. Estos seres humanos están exhaustos. Necesitamos un puerto seguro. Inmediatamente”, denuncian en Twitter.
El Alan Kurdi permanece en aguas internacionales al sureste de Malta. Desde la organización insisten solicitar permiso para desembarcar a las autoridades de la isla, alegando que la operación de salvamento tuvo lugar en zona de búsqueda y rescate de responsabilidad maltesa. Sin embargo, se han negado estos días a asumir la coordinación. La ONG ha presentado una denuncia ante un tribunal de Malta para que “por primera vez determine la jurisdicción del centro marítimo de rescate maltés”. El desembarco, estiman fuentes de Sea Eye, “debería ser” parte del proceso.
Mientras tanto, la tripulación también ha continuado llamando a la puerta de Italia. Un día después del rescate, el entonces ministro de Interior saliente emitía una orden de prohibición de entrada a sus aguas territoriales. El miércoles se conocía el nombre de su sustituta al frente de la cartera en el nuevo Gobierno del M5S y el PD, Luciana Lamorgese, que juró el cargo este jueves por la mañana.
Ese mismo día, a las 10:25 horas, el capitán del Alan Kurdi preguntaba al Ministerio del Interior si el llamado 'Decreto Salvini', por el que se arriesgan a multas de hasta un millón de euros si entran en aguas italianas, seguía estando vigente. A las 12:26 horas, el ministerio confirmó que seguía en vigor: “Le informamos que el decreto n° 53/2019 sigue siendo válido”. “El nuevo gobierno en Roma muestra en sus primeras horas dureza contra el Alan Kurdi y tampoco ofrece ninguna ayuda”, ha criticado el portavoz de Sea Eye, Gorden Isler, en un comunicado.
Tras la denuncia en los tribunales malteses y el cambio de Gobierno en Italia, la organización asegura que su línea de actuación será la misma: esperar el permiso de alguno de los dos países “ya que son los puertos seguros más cercanos”. También indican que se encuentran en contacto con el Gobierno alemán, pero “actualmente no se prevé ningún acuerdo político”. Es decir, de momento, los países no han llegado a un pacto para reubicar a los migrantes rescatados, lo que facilitaría su desembarco, como ha ocurrido en anteriores ocasiones.
Dos ONG denuncian multas de 300.000 euros en Italia
Las dos organizaciones humanitarias que lograron el desembarco de los rescatados el pasado lunes han denunciado multas de 300.000 euros en Italia. La primera fue la ONG italiana Mediterranea Saving Humans que explica que su barco, Mare Jonio, ha sido incautado y ha sido multada con esta cuantía por entrar en aguas territoriales, a pesar de que, aseguran, fueron las autoridades del país quienes les autorizaron la entrada en el puerto.
Este lunes, después de cinco días, la tripulación de Mare Jonio recibió la autorización de la Guardia Costera para desembarcar por motivos sanitarios a los últimos 31 náufragos que permanecían a bordo. El traslado lo efectuó una patrullera de los guardacostas italianos. Poco después, a las 20:40 horas, el buque entró en aguas territoriales. De acuerdo con el relato de la ONG, “habían recibido la autorización de las autoridades marítimas” competentes para ello.
Por la noche, aseguran que el capitán y el armador del barco recibieron la notificación de “una multa de 300.000 euros por violar el Decreto de seguridad bis” impulsado por Matteo Salvini, Este medio ha intentado ponerse en contacto con la Guardia Costera y el Ministerio del Interior italiano para conocer más detalles de lo ocurrido, pero no ha recibido respuesta.
Por otro lado, este viernes, un portavoz de la alemana Mission Lifeline, Axel Steier, ha confirmado a eldiario.es una multa de 300.000 euros contra el capitán que decidió entrar en aguas territoriales sin permiso, alegando que se encontraba en una situación de emergencia. Steier asegura que van a recurrir la decisión. “Es inaceptable, pelearemos en la Justicia europea si es necesario”. El barco también fue confiscado por las autoridades italianas.
Una de las primeras condiciones del Partido Democrático para sentarse a negociar con el Movimiento 5 Estrellas a formación de un nuevo Gobierno en Italia fue abolir los dos decretos en materia migratoria impulsados por Salvini. En el caso concreto del 'Decreto de seguridad bis', en el que se basan las órdenes de prohibición de entrada, otorgaba a Interior la potestad de impedir la entrada de barcos de las ONG en aguas italianas e imponía multas a estas organizaciones de hasta un millón de euros si incumplen la orden. Fue aprobado el pasado 6 de agosto, hace un mes.
Entre los 26 puntos acordados en el pacto de Gobierno entre el PD y el M5S, ambas formaciones se comprometieron a “actualizar” la normativa en materia de seguridad en virtud “de las recientes observaciones del Presidente de la República”. Tras promulgar el texto, Sergio Matarella expresó al primer ministro y los presidentes de las cámaras italianas donde recordaba la obligación internacional de rescatar a los náufragos en el mar y expresaba su preocupación por sanciones de “tal gravedad”, en referencia a las multas de hasta un millón de euros para los barcos de las ONG.