Esclarecer lo ocurrido en un conflicto armado siempre es una tarea monumental para una Comisión de la Verdad, independientemente del lugar donde se analicen las atrocidades cometidas. Pero en el caso de Colombia los retos son aún mayores, porque aunque la guerra entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP terminó en 2016 con la firma de un histórico Acuerdo de Paz, a día de hoy continúan las dificultades para implementarlo y la violencia sigue expandiéndose por todo el país. En estos cinco últimos años de paz, los asesinatos de líderes sociales, defensores del territorio y excombatientes de la antigua guerrilla se han producido casi a diario.
A esto se suma el estallido social que comenzó el pasado 28 de abril y que terminó provocando las protestas más intensas de las últimas décadas en el país, que dejaron más de 70 fallecidos. Si bien el detonante fue la polémica reforma fiscal que el Gobierno de Iván Duque pretendía aplicar, después se produjo una indignación generalizada debido a problemas como la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad. En esas protestas la población también reclamaba que el Gobierno cumpliera íntegramente con el Acuerdo de Paz y que cesaran los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros.
Como la verdad de lo ocurrido durante más de medio siglo de conflicto armado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP también se encuentra fuera de Colombia, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad -institución creada en el marco del Acuerdo de Paz- ha iniciado un trabajo para escuchar los testimonios de víctimas y sobrevivientes en el exilio y esta semana ha hecho una parada en Madrid. Esta vez, además, lo ha hecho en compañía de la Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP), el tribunal que juzga a los actores del conflicto armado, ya sean militares o exguerrilleros, a cambio de que estos cuenten la verdad de lo ocurrido.
El objetivo es dignificar esos relatos e integrarlos en el informe final que esta comisión debe presentar el próximo mes de noviembre para esclarecer lo ocurrido durante la guerra. El conflicto armado en Colombia dejó ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. Las fuerzas militares fueron las principales responsables de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
El abogado y defensor de derechos humanos Alejandro Valencia, uno de los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, ha dialogado con elDiario.es sobre esa jornada presencial de escucha a víctimas y sobrevivientes en el exilio en el marco del caso denominado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”.
¿Cómo ha sido este encuentro en Madrid con exiliados colombianos del conflicto armado? ¿Cuál era el objetivo?
El objetivo era reunirse con un grupo de exiliados de todas partes del mundo que pertenecieron a la Unión Patriótica, el movimiento político que fue creado por un acuerdo de paz en la década de los años 80 (bajo el Gobierno de Belisario Betancurt) y que prácticamente fue exterminado. La idea era tomar testimonios en profundidad de algunos de estos líderes que la comisión todavía no había podido escuchar y poder discutir algunos aspectos como cuáles podían ser las medidas de justicia restaurativa para estas personas. Sus casos están prácticamente en la impunidad, hay gente que lleva 20, 30 y 40 años fuera de Colombia.
Ha sido un encuentro emocionante porque había gente que no se veía desde hace muchos años. Han llegado desde Uruguay, Canadá, Costa Rica, Suecia, Noruega, Bélgica, España… y humanamente ha sido muy reconfortante para ellos.
¿Qué diferencia a la Comisión de la Verdad de Colombia de otras latinoamericanas que también han analizado las atrocidades cometidas durante conflictos armados o dictaduras?
La de Colombia ha tenido el reto de analizar un conflicto armado muy largo, que ha durado más de 50 años, y con la paradoja de que esta comisión no resultó en una comisión de cierre de un conflicto armado. Desafortunadamente, la situación de violencia persiste en Colombia y por eso las condiciones de trabajo no han sido las más ideales frente a otras comisiones. En el Cono Sur las dictaduras militares cayeron, o en países centroamericanos como Guatemala y El Salvador el conflicto armado terminó de manera definitiva.
Aquí son muchas, además, las problemáticas a tener en cuenta: el paramilitarismo, el despojo de tierras, las desapariciones forzadas o el narcotráfico, entre otras.
En el reciente estallido social de Colombia los manifestantes precisamente reclamaban al gobierno de Iván Duque una implementación real del Acuerdo de Paz y el fin de la violencia…
Muchas de las motivaciones de la actual movilización social que hay en Colombia obedecen a factores de persistencia propios del conflicto armado. Hemos identificado mucho todo lo que tiene que ver con la estigmatización, la persecución, la criminalización del diferente, como militantes de partidos de oposición o quienes pertenecen a movimientos sociales, y eso lo estamos viendo también ahora. Esos factores de persistencia son el caldo de cultivo de parte de esta movilización y, aunque no tengamos una competencia tan directa en esta problemática, la estamos analizando e incluso nos ha tocado intervenir a solicitud de los movimientos sociales.
La comisión tiene que formular recomendaciones y sobre todo en clave de garantía de no repetición. Nos estamos dando cuenta de que el conflicto armado se repite y muchas causas estructurales también. No es una coyuntura que en términos políticos se vaya a resolver de buenas a primeras, ya incluso se ha dicho que va a haber una gran movilización en Colombia en el mes de julio. Lo que nosotros señalamos es una implementación más integral del Acuerdo de Paz y esto va a continuar.
¿Existe riesgo de que se rompa el Acuerdo de Paz?
El acuerdo se ha implementado de forma muy desigual. En algunos aspectos se ha avanzado más que en otros, como por ejemplo en cuanto a víctimas con la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que viene funcionando desde hace unos años, al igual que la JEP, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Comisión de la Verdad. Sin embargo deja mucho que desear todo lo relacionado con la verificación de la desmovilización de las FARC-EP: la protección ha sido muy deficiente pues casi 200 excombatientes han sido asesinados.
No sentimos un real compromiso por parte de algunas entidades gubernamentales con respecto a una implementación del acuerdo mucho más global. Gracias a la comunidad internacional se le ha dado un poco más de atención, pero nosotros, también como institución propia del acuerdo, creemos que si se desarrollan mucho más algunos aspectos que aún están a medio camino sería una manera de encontrar soluciones más reales a las problemáticas actuales del país.
Sabíamos que el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP no iba a ser la solución absoluta, pero aspirábamos a que se diera una implementación más a fondo, más real y efectiva de los puntos alcanzados en La Habana.
¿Qué es lo más les ha impactado en este tiempo?
Hemos podido profundizar en muchas de las problemáticas y violaciones de derechos humanos, de los signos de violencia que ocurrieron durante el conflicto armado. Uno se da cuenta de que los hechos fueron más graves, con mayor impacto, y eso impresiona. La gente, por otro lado, tiene capacidad para seguir adelante y a pesar de tanto dolor no falta el optimismo, y eso realmente nos impresiona. Se trata de personas que lo han pasado muy mal, pero tienen entusiasmo de seguir hacia delante.
Hace unos meses la JEP elevó a más de 6.400 la cifra de víctimas de los conocidos como 'falsos positivos', las ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por el Ejército para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, cuando instituciones como la Fiscalía sostienen que había 2.248 víctimas.
Tanto en la gravedad como en lo cualitativo las violaciones aumentan. En el caso de la Unión Patriótica estamos consolidando de manera conjunta algunas cifras con la JEP y, efectivamente, esas cifras van a ser un poco más altas que las conocidas públicamente. Eso es también impresionante, la gravedad de los hechos, de las violaciones… Si uno piensa en episodios de décadas pasadas no hay la suficiente documentación, ahí se encuentra que el horror de la guerra es mucho mayor de lo que sabemos.
¿Logrará finalmente Colombia la paz?
Desafortunadamente uno ve que la situación es difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde. Hay un sector importante de la sociedad civil colombiana, y también de la clase política, que pensamos sacar adelante estas problemáticas, aunque no es fácil por esos factores de persistencia muy fuertes. Se necesita la debida atención y una respuesta más continuada.