Ilario Calero recuerda al otro lado del teléfono sus cinco años como trabajador de Pescanova. “Teníamos horario de entrada, las 6 de la mañana, pero no contábamos con una hora fija de salida. Normalmente llegábamos a las 24 horas”. 24 horas descabezando y pelando camarones. Ilario denuncia la falta de salario fijo, la prohibición de sindicarse e incluso la inexistencia de descansos. “No los permitían, tan sólo podíamos salir un ratito a almorzar. Tampoco nos dejaban desayunar, así que pasábamos la mayoría del tiempo de trabajo sin ingerir alimentos”, explica a Desalambre desde Nicaragua. “Trabajábamos todo el día. Podíamos ir al servicio después de haber recibido un tique que teníamos que enseñar al vigilante para que nos dejase ir”. Sólo entonces tenían permiso para hacer sus necesidades.
La capacidad del sector privado para fomentar el desarrollo de los países empobrecidos queda en entredicho con la falta de respuesta ante los impactos negativos de las diez mayores empresas alimentarias del mundo. Pescanova no pertenece a ellas, pero sí es una de las más grandes de España. Han transcurrido nueve meses desde el inicio de la campaña 'Tras la marca' de Oxfam Intermón, que ponía en evidencia la falta de responsabilidad de las multinacionales sobre los países donde se abastecen: todas suspendían.
A principios de noviembre, llegó el compromiso de una de las grandes: Coca-Cola ha respondido. Según dice, evaluará y analizará su cadena de producción para evitar el acaparamiento de tierras del que culpan a algunos de sus proveedores. Es el principio de una llamada de atención para todas las multinacionales acusadas de aprovecharse de la pobreza de los países donde operan.
Pescanova desembarcó en Nicaragua en 2002. Desde entonces, a medida que el gigante expandía sus actuaciones por el país a un ritmo constante –excepto los últimos años, en los que la situación económica del grupo gallego se ha visto muy debilitada–, aumentaban las demandas sobre su impacto negativo en la zona occidental del país. Diversas ONG y distintos organismos internacionales, como el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Oxfam Intermón o el Observatorio de la Deuda en la Globalización, coinciden: la explotación intensiva del camarón de Pescanova, además de no fomentar el desarrollo de las comunidades pesqueras donde está asentada, perjudica la calidad de vida de la zona debido a sus malas prácticas medioambientales y a las abusivas condiciones laborales impuestas a sus trabajadores.
El antiguo trabajador de Pescanova, como el resto de sus compañeros, cobraba en función de la cantidad de camarones que descabezaba. Por cada 400 gramos de cabezas, 45 centavos de Córdoba nicaragüense (menos de 10 céntimos de euro). Su sueldo semanal giraba en torno a las 400 córdobas (11,60 euros). Ilario dejó de tener trabajo cuando sus jefes descubrieron que él, junto con otros de sus compañeros, intentaba sindicarse para solicitar mejores condiciones. “Tuvimos mucha presión después de que 25 trabajadores intentásemos organizarnos en un sindicato. A partir de ahí, iba a trabajar, me decían que no había producción, y regresaba a casa. Hasta que tuve que dejarlo”.
Las denuncias van más allá del ámbito laboral. “Pescanova ha reducido significativamente la producción de las familias costeras y esto afecta directamente a su capacidad de supervivencia diaria. Debido al despale del mangle, a la contaminación generada por los productos químicos que lanza desde sus granjas camaroneras al mar y a la sobreexplotación, cuando los pequeños pescadores van a faenar, no hay peces”, denuncia Martha Flores, portavoz del Movimiento Social Nicaragüense Otro Mundo es posible, en conversación telefónica con Desalambre. “El impacto es muy fuerte porque todas las comunidades aledañas viven de la pesca. Este es el sustento para sus familias”. Desde eldiario.es nos hemos puesto en contacto con la multinacional pero, tras solicitar el envío de las preguntas a través de correo electrónico, no ha respondido.
Qué tendrá que corregir Coca-Cola
Coca-Cola es el mayor comprador de azúcar del mundo y controla el 25% del mercado global de refrescos. PepsiCo controla el 18% del mercado mundial de refrescos y su catálogo de 21 marcas incluye algunas como Pepsi, Tropicana, Doritos y Lipton. El origen del azúcar que endulza sus productos mancha la reputación de ambas agroalimentarias.
Bunge, Tate & Lyle Sugar o Usine Trapiche son algunos de los proveedores de azúcar de estas conocidas marcas. Estas tres empresas tienen luchas abiertas con comunidades de países como Brasil o Camboya tras haber acaparado sus tierras sin respetar el principio de consentimiento libre, con consecuencias directas en la vida de las comunidades.
Edilza Duarte vive en la reserva indígena de Punta Porã, en el estado de Mato Grosso do Sul (Brasil). Hace unos años ella y su familia podían autoabastecerse de alimentos, hasta que se vieron obligados a abandonar sus tierras. El motivo: en 2008 el ingenio de Bunge, gigante alimentario estadounidense, compró una productora de azúcar llamada Monteverde, que, a su vez, adquirió cinco explotaciones situadas en las tierras de estas comunidades indígenas. “Primero comenzaron a rociar la tierra con fertilizantes. Después plantaron la caña de azúcar y rociaron veneno de nuevo, incluso por encima de nosotros y cerca de nuestra casa”, explica Edilza Duarte según los testimonios recogidos por Oxfam Intermón sobre el terreno. “Cuando llovía, el agua bajaba hacia el río donde nos bañábamos y del que obteníamos agua potable. El veneno se dispersó y las personas enfermaron. Los niños cogieron diarrea, infecciones cutáneas y otras enfermedades. Mis hijos no fueron los únicos que lo sufrieron”.
Coca-Cola se abastece con azúcar de Bunge en Brasil. Oxfam puso en evidencia la inexistencia de control sobre las actuaciones negativas que puedan llevar a cabo sus proveedores, aunque, según asegura la multinacional, el suyo no procede de estas explotaciones concretas (las de Monteverde). Después del compromiso público de la empresa, debería evaluar que respeta la ley el gigante alimentario al que compra parte de sus reservas de azúcar.
Si quiere cumplir, también analizará las políticas de Tate & Lyle Sugars. Tanto Coca-Cola como PepsiCo confirman que sus plantas embotelladoras compran azúcar a esta empresa, con sede en Londres, que actualmente está en proceso judicial tras una demanda interpuesta por 200 familias. Le acusan de abastecerse con azúcar extraído de forma abusiva por el gigante tailandés Khon Kaen Sugar Co Ltd (KSL) que, según afirman, expulsó a cientos de campesinos de Srae Ambel.
Después de preguntar al departamento de comunicación de PepsiCo sobre estas acusaciones, la multinacional nos envía un informe sobre sus “prácticas sostenibles”. Además, señalan que desde 2012 han mantenido reuniones regulares con Oxfam sobre estos asuntos. “Hemos compartido con ellos nuestro Código de Conducta para Proveedores, les hemos proporcionado información actualizada sobre nuestros progresos y próximos pasos en un gran número de líneas de trabajo, así como abordado preguntas específicas e inquietudes. De hecho, el presidente de Oxfam América se reunió recientemente con la alta dirección de la compañía para debatir sobre estas áreas”, explican. Oxfam Intermón insta a esta empresa a realizar un compromiso firme después del efectuado por su principal competidor. “La pelota está ahora en el tejado de PepsiCo y ABF. Deben responder a las exigencias de cientos de miles de personas”, rezaba un comunicado reciente de la organización.
El compromiso público de Coca-Cola pone el foco en los próximos pasos de la principal compradora de azúcar mundial. “Se trata de la mayor declaración de intenciones resultante de 'Tras la marca' pero seguiremos vigilando”, indica Paula San Pedro, portavoz de la campaña. “Hemos demostrado que el consumidor tiene más poder que una Coca-Cola”.