“Para poder alquilar un piso he llegado a decir que me llamo José y no Said, pero cuando me ven, me ponen pegas”

Todos los días, Said tiene que recorrer dos veces los 40 kilómetros que separan el centro de Madrid, donde trabaja como instalador de telefonía, de la localidad donde vive, Illescas, en la provincia de Toledo. “Como los alquileres han subido mucho en la ciudad, me tuve que venir aquí. No había pisos que estuvieran a mi alcance y estaba en el paro, desesperado”, resume en una conversación con eldiario.es.

Fue, dice, la opción que le quedó cuando hace un año tuvo que dejar el piso de su primo en el Ensanche de Vallecas. Unos meses antes, recuerda, ya había pasado por la experiencia de buscar vivienda con constantes portazos por su origen marroquí. “Me pasó como a la mayoría de los extranjeros: cuando se te ve la cara o escuchan tu acento, te rechazan o te piden más garantías que al resto. Cuando estuve buscando, no encontré nada”, sostiene Said.

Asegura que llegó a ver más de una treintena de pisos. “Cuando te preguntan cómo te llamas, a veces he tenido que mentir y decir que me llamo José y no Said para que me dejaran alquilar. Pero después, cuando te ven, te ponen pegas: 'Ya lo tengo apalabrado con otro', 'lo voy a consultar con mi pareja', 'mira, lo siento, que ya lo tengo alquilado', te piden un DNI aunque tengas NIE o te ponen un precio excesivo que saben que no puedes pagar”, explica.

“Yo les enseño que tengo formación y experiencia, pero te miran como si les fueras a destrozar el piso o no les fueras a pagar. No te lo dicen directamente nunca, pero se intuye. También hay empresas de alquiler seguro abiertamente racistas”, recalca Said, que lleva desde 2005 viviendo en España con permiso de residencia.

Esa 'mayoría' de la que habla Said se refleja en un dato: el 60% de la población extranjera vive de alquiler en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) analizados por Provivienda, SOS Racismo y Red Acoge. Las organizaciones lanzan este martes la campaña #AlquilerRacista, con la que pretenden denunciar las situaciones de discriminación que viven las personas racializadas e inmigrantes a la hora de intentar conseguir una casa donde vivir.

Para ello recuerdan que, al “campo de batalla de precios, ofertas, avales y cláusulas abusivas” que, dicen, afecta a cualquier persona que esté buscando un piso de alquiler en ciudades como Madrid, se une el racismo que se topan las personas extranjeras, que viven en su mayoría como inquilinas, por parte de empresas inmobiliarias y particulares.

Un 16,2% rechazaría alquilar a inmigrantes

Según la última encuesta 'Actitudes ante la Inmigración' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 16,2% de los entrevistados rechazaría alquilar a inmigrantes y un 19,6%, casi una de cada 5, trataría de evitarlo. El porcentaje se eleva hasta el 35% en el caso de quienes se negarían a arrendar una vivienda a personas de la comunidad gitana.

Con este rechazo se encontró Hilda cuando, tras denunciar a su pareja, se vio sin un lugar para vivir con sus hijos, según uno de los casos recopilados por los impulsores de la campaña. Cuando encontró un trabajo que le permitía poder alquilar un piso, se topó con otro tipo de trabas. “A pesar de poder ofrecer las garantías económicas suficientes y no tener antecedentes de impago, Hilda relata en varias ocasiones como necesita ir acompañada de su novio español para recibir un trato justo”, recuerdan las organizaciones.

“Es muy molesto tener que decirle ”ayúdame“. Y que él sepa que si no es por él, yo no…”, dice la mujer en su testimonio. “Son muchas las mujeres que mantienen o prolongan relaciones sexo-afectivo no deseadas, para poder acceder a la vivienda”, esgrimen las ONG.

Según datos del CIS, el 22,6% de los encuestados trataría de evitar residir en un bloque en el que viven inmigrantes y casi un 8% se negaría a hacerlo. Una de cada cuatro, además, evitaría vivir un barrio en el que habitan extranjeros. “En algunos casos podemos hablar de desconocimiento, pero en otros debemos hablar de actitudes abiertamente racistas de personas y empresas, que no solo niegan el derecho a la vivienda, sino también el derecho a la igualdad y la no discriminación”, matizan las organizaciones.

A ello se le suma, dicen, la “situación de vulnerabilidad” en la que quedan las personas migrantes en “un mercado de alquiler excluyente”, critica la campaña. En nuestro país, un 74,5% de las personas que alquilan una vivienda a precio de mercado proceden de países de fuera de la UE frente al 9,9% de personas nacidas en España, de acuerdo con los datos del INE. El 16% de la población extranjera extracomunitaria no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Dos de cada 10 han tenido retrasos en el pago de gastos de la vivienda.

“La vivienda en España ha perdido su función social, se ha convertido en un medio para la acumulación de riqueza a expensas de las dinámicas del libre mercado. Todo ello se traduce en un aumento de la vulneración de derechos fundamentales y un crecimiento de las dificultades a la hora de acceder a un alojamiento. En este ámbito, la doble vulneración que padecen las personas por razón de origen, racialidad o etnicidad queda invisibilizada”, recalcan las organizaciones impulsoras de la campaña.

El siguiente paso: denunciar

Casi la mitad de las denuncias que recibe la Red de Asistencia a Víctimas de Discriminación, un 40%, se refieren a situaciones discriminatorias que tienen que ver con el acceso o el mantenimiento de una casa. Sin embargo, las organizaciones especializadas estiman que el número de personas afectadas puede ser mayor.

Esto se debe, aseguran, a “las dificultades que supone reportar un caso de discriminación para las personas vulneradas, por miedo, dificultades probatorias y, sobre todo, por la ineficacia a la hora de sancionar este tipo de conductas a falta de una Ley Integral para la igualdad de Trato y la no discriminación”.

Sin embargo, la campaña #AlquilerRacista también ha nacido con el objetivo de animar a denunciar a las personas que se encuentren con este tipo de conductas en su búsqueda de piso. Para ello, mencionan algunas herramientas que permiten recoger pruebas del trato discriminatorio, como emails o capturas de pantalla del móvil y recurrir a las organizaciones especializadas, donde pueden recibir asesoramiento legal. “Desde una ciudadanía comprometida, tenemos la responsabilidad de velar por una igualdad de trato y la promoción de la no discriminación”, reiteran.