Este artículo cuenta con el apoyo de Migration Newsroom, un proyecto de investigación periodística entre Lighthouse Reports y algunos de los principales medios europeos.
El director ejecutivo de Frontex, la agencia europea de control fronterizo, trasladó en febrero de 2019 a la Comisión europea su preocupación por la colaboración de aviones europeos con la Guardia Costera Libia en la interceptación de migrantes, según una carta a la que ha tenido acceso eldiario.es en una investigación conjunta con The Guardian y Mediapart.
Desde hacía casi dos años, tanto los aviones de Frontex como los de la operación Sophia -una misión naval impulsada por la Comisión- sobrevolaban el Mediterráneo y avisaban a los guardacostas libios cuando veían una patera. La Guardia Costera los interceptaba y los devolvía a ese país, a pesar de que según la legislación internacional y los tribunales comunitarios no deberían ser desembarcados en Libia porque no es considerado un lugar seguro.
Fabrice Leggeri, director ejecutivo de Frontex, tenía dudas sobre las consecuencias que podría haber si se hiciera pública la estrecha colaboración de las agencias europeas con los guardacostas libios, un cuerpo financiado por la Unión Europea (UE) pero que en principio actúa de manera autónoma. La Guardia Costera de Libia ha sido acusada de torturas y malos tratos a los migrantes y de llevarles a unos centros de detención donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos.
“El desarrollo de la Guardia Costera libia está financiado por la Unión Europea, como bien sabes. Aun así, la Comisión y en general las instituciones europeas podrían tener que enfrentarse a cuestiones de naturaleza política como consecuencia del intercambio de información operacional [con la Guardia Costera libia]”, aseguraba Leggeri en la carta dirigida a Paraskevi Michou, director general de migraciones de la Comisión.
Carta del director ejecutiv... by eldiario.es on Scribd
La misiva, escrita desde la sede de Frontex en Varsovia, demuestra que la colaboración desde el aire con la Guardia Costera Libia para interceptar pateras -revelada por este periódico- no sólo era habitual, sino que en algunos despachos europeos la situación generaba cierta incomodidad.
La respuesta de Michou, el funcionario de mayor rango en asuntos migratorios de la UE, pretendía tranquilizar al jefe de Frontex. En la carta, a la que también ha tenido acceso este periódico, le respondía que los guardacostas libios contaban con el beneplácito internacional y que avisarlos era lo correcto. También le recordaba que la coordinación de los aviones de la Operación Sophia con esta Guardia Costera era habitual, algo que un portavoz de la Comisión negó tajantemente a este periódico.
“Muchos de los avistamientos de migrantes [cerca de Libia] han sido proporcionados por activos aéreos de la operación Sophia y fueron notificados directamente al Centro de Coordinación de Rescate libio”, admite Michou.
Consultados por este periódico, desde la Comisión responden en cambio que “los medios aéreos [de la UE]” no ejercen “ninguna coordinación de los buques libios durante las operaciones de rescate”. Desde Frontex no han respondido a las reiteradas peticiones de comentario.
Según la normativa marítima, cuando un avión o barco divisa una embarcación en peligro tiene que avisar a la autoridad competente de la zona así como a la embarcación que esté más cerca y pueda llegar antes.
Las ONG que operan en el Mediterráneo como Sea Watch y Open Arms, sin embargo, aseguran a este periódico que a ellos nunca les contactan los aviones de Frontex o de la Operación Sophia. “Siempre les avisan a ellos por mucho que nosotros estemos más cerca”, afirma Riccardo Gatti, jefe de misión del Open Arms. “Los europeos no son solo cómplices sino los directos responsables de las devoluciones a Libia”, añade Tamino Böhm, jefe de misión del Sea Watch.
Los lazos con Libia: una “bomba de relojería”
Fuentes de la UE consultadas por este periódico reconocen que la vinculación entre la UE y estos guardacostas, que actúan al filo de la ley, es una “bomba de relojería política”, según asegura un alto funcionario muy cercano a las relaciones con Libia. “Entre devolver a alguien a un país inseguro o pagar a alguien para que lo haga no hay mucha diferencia”, añade un funcionario relacionado con asuntos fronterizos.
Hasta 2012, devolver a los migrantes a Libia era algo habitual. Las embarcaciones italianas solían interceptar a migrantes y los retornaban a Trípoli (la capital del país) sin que hubiera consecuencias. Ese año, sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió que Italia había violado la obligación internacional de no devolver a ninguna persona a un país donde pueda correr el riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos.
La sentencia Hirsi, que lleva el nombre de uno de los 11 eritreos y somalíes que presentaron la denuncia, implica que cualquier operación de devolución, incluso realizada por una fuerza de representación, podría tener consecuencias jurídicas si se demostrara que un organismo de la UE controla y dirige estas operaciones.
Tras esa resolución, la UE e Italia impulsaron en verano de 2017 la creación de la Guardia Costera Libia, un cuerpo con capacidad para hacer lo que la UE no podía permitirse sin violar abiertamente la legislación internacional: interceptar migrantes y devolverlos a ese país. Italia proporcionaría los buques mientras que la UE entrenaría y pagaría a los nuevos guardacostas.
En ese momento Libia no tenía una guarda costera centralizada ni capacidad para dirigir su propia zona de búsqueda y rescate. El país se encontraba en medio de una guerra civil -que sigue a día de hoy- y la mayoría de los que se enrolaron en la Guardia Costera eran contrabandistas y milicianos. Ante la incapacidad de este cuerpo para frenar a los migrantes, tanto desde Frontex como desde la Operación Sophia desplegaron aviones en el Mediterráneo para asistirles desde el aire.
La cooperación era tan evidente, que a pesar de que se comunicó a la Organización Marítima Internacional que la Guardia Costera de Libia era una autoridad autónoma con su propia zona de búsqueda y rescate, documentos judiciales hechos públicos en 2018 demostraron que el teléfono de esta Guardia Costera era inicialmente un número italiano.
El secretario de Estado italiano de Asuntos Exteriores (2016-2018) que participó en el diseño de la colaboración con los libios, Mario Giro, opina de manera similar. En conversación con este periódico, señala que la obsesión para detener el flujo de migrantes era tan fuerte que se “tomaron atajos” en 2017. “Todo el mundo quería una solución rápida e inmediata”, añade este antiguo alto cargo italiano, que reconoce que dejar en manos de milicianos y contrabandistas el control migratorio en el Mediterráneo “fue un error y punto.”
El horizonte judicial
Las posibles consecuencias legales de esta colaboración con la Guardia Costera Libia empiezan a vislumbrarse en el horizonte. Una serie de acciones jurídicas internacionales cuestionan ahora todos los aspectos de esta cooperación: desde el presunto uso indebido del dinero de la UE hasta la verdadera implicación que tiene Italia y la UE a la hora de dirigir las operaciones de rescate en alta mar.
“Italia trató de burlar la sentencia del TEDH articulando un poder artificial en Libia, pero los tribunales podrían demostrar que no se puede utilizar [a la Guardia Costera libia] para evadir la responsabilidad”, señala Itamar Mann, un abogado israelí que lidera los litigios contra la UE e Italia.
Actualmente se han presentado cinco casos ante tribunales internacionales (desde La Haya hasta el TEDH) y dos en Italia en los que se acusa a la UE y a las autoridades italianas de financiar y dirigir una fuerza que vulnera la legalidad internacional.
Esta misma semana se ha presentado otro caso ante el Tribunal de Cuentas Europeo, en el que se acusa a la UE de infringir sus propias leyes al canalizar 90 millones de euros a la Guardia Costera de Libia que en principio debían ir destinados a la lucha contra la pobreza.
Según un grupo internacional de juristas que apoyan el caso, no existe ningún tipo de supervisión ni transparencia en cómo se está gastando ese dinero. “La operación con Libia es completamente ilegal y debe cesarse”, señala este grupo de expertos, entre los que se encuentran profesores de la universidad de Harvard, Humboldt (Berlín), NYU (Nueva York) y Helmut-Schmidt (Hamburgo).
Un funcionario de la UE cercano al caso libio opina que la colaboración con su Guardia Costera acabará trayendo problemas a los socios comunitarios. “Corrimos un gran riesgo para nuestra reputación al ponernos en manos de delincuentes”, señala. “Las consecuencias están llegando ahora”.