Ángel Gabilondo, de candidato del PSOE a azote de la política migratoria del Gobierno como Defensor del Pueblo

El perfil de Ángel Gabilondo, sosegado y de consenso, parecía encajar con el mandato del Defensor del Pueblo: defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. PP y PSOE acordaron su elección como líder de la institución, pendiente de renovación desde 2017. Dos años después de haber sido candidato por el Partido Socialista a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Gabilondo ha pasado a señalar con contundencia los abusos de la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en cumplimiento del compromiso de independencia ejercido en el cargo.

Tras las muertes ocurridas el 24 de junio en la frontera de Melilla, la institución abrió una investigación sobre la tragedia después de recibir una queja por parte de varias ONG. En octubre, el Defensor del Pueblo lanzó un duro comunicado en el que incluía una parte de sus conclusiones sobre su análisis de los hechos, que despertaron las reacciones del Ministerio Interior. La difusión del resto de recomendaciones preliminares molestó aún más al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, pues llegaron después de la descripción de parte del contenido de las imágenes oficiales de los hechos. 

En un momento en el que el responsable de Interior afirmaba que ningún hecho “trágico” había ocurrido en suelo español y defendía la legalidad de las devoluciones practicadas aquel día en la frontera, el Defensor del Pueblo dio luz a los hechos a través, en primer lugar, de la información incluida en una nota de prensa en la que consideraba ilegales las 470 “rechazos en frontera” llevadas a cabo durante la tragedia de Melilla por parte de la Guardia Civil. 

“La institución concluye que se efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales”, rezaba el comunicado hecho público el 14 de octubre. La institución dirigida por Ángel Gabilondo recordaba que el Tribunal Constitucional “establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales”, una exigencia incumplida de forma sistemática en las vallas de Ceuta y Melilla. 

El documento desmontaba la hipótesis defendida constantemente por Interior, por la cual los rechazos en frontera serían legales, tal y como son aplicados actualmente por parte de las fuerzas de seguridad, apelando a la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avaló las devoluciones practicadas dos migrantes en 2014. 

Ese mismo día, desde Interior respondieron a la institución a través un comunicado: “Desde el respeto a la institución del Defensor del Pueblo, y teniendo en cuenta el carácter provisional del avance difundido y que además estos hechos están siendo sometidos a otras investigaciones, el Ministerio señala que todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad”. 

Los vídeos

El 14 de noviembre, se difundió el contenido completo de la misma resolución preliminar publicada parcialmente un mes antes. Se trataba del escrito remitido entonces a la Secretaría de Estado de Seguridad, del que solo se conocían los detalles transmitidos en una nota de prensa, pero el escrito completo -subido a su web, como hace el Defensor en todas las resoluciones un tiempo después- iba más allá. Su relato de los hechos, realizado a partir del visionado de las grabaciones de la Guardia Civil, contradecía la versión de Grande-Marlaska. Ángel Gabilondo consideró que los vídeos evidenciaban que la Guardia Civil tenía conocimiento de la “situación de riesgo” en la que se encontraban los migrantes, la mayoría refugiados sudaneses, que estaban “amontonados” y, en algunos casos, “aplastados” en la puerta de acceso al lado español en el paso fronterizo de Barrio Chino. La institución recalcó que “no consta” que las autoridades españolas les prestasen auxilio ni asistencia sanitaria a las personas heridas. También señaló que dos guardias civiles tiraron piedras hacia los migrantes subidos en lo alto de la alambrada.

De nuevo, Interior respondió: “Ante el informe sobre los hechos que tuvieron lugar el pasado 24 de junio y al que se está dando publicidad hoy, el Ministerio del Interior muestra su sorpresa por el hecho de que se esté difundiendo ahora un escrito anterior a las minuciosas y detallas alegaciones realizadas la semana pasada por el Departamento”. Según la portavocía del Ministerio, “el hecho de difundir un escrito que ni recoge ni tiene en cuenta ninguna de las  detalladas explicaciones y alegaciones formuladas por Interior” generaba “una clara situación de indefensión”. 

El tercer golpe llegó a través de la respuesta a una queja realizada por la Asociación Coordinadora de Barrios, adelantada por la Cadena SER. El texto evidenciaba que el Defensor del Pueblo seguía considerando insuficientes las explicaciones de Interior a la tragedia de Melilla, después de que el Ministerio hubiese enviado una respuesta por escrito a la institución. Ángel Gabilondo reiteró las recomendaciones emitidas anteriormente al Ministerio y aseguró haber enviado un nuevo escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad. El Defensor remarcaba de nuevo la ilegalidad de las 470 devoluciones ejecutadas el 24 de junio en la valla. 

Fuentes del Ministerio del Interior contestaron entonces que “en lo referente a las divergencias técnicas sobre los preceptos a aplicar para los rechazos en frontera, el Ministerio del Interior muestra su disposición a estudiar en profundidad las aportaciones del Defensor del Pueblo”.

Desde la toma de posesión de Ángel Gabilondo, el Defensor no solo ha alumbrado los abusos cometidos en la tragedia de Melilla. Sus resoluciones también han llamado la atención sobre los obstáculos que se encuentran los ciudadanos marroquíes para acceder a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, así como la imposibilidad que sufren los migrantes subsaharianos para pedir asilo sin entrar antes en España de manera irregular, entre otras.

Sus predecesores también han evidenciado el mandato de independencia exigido en el cargo. Durante el mandato de Soledad Becerril (anteriormente afiliada al PP y exalcaldesa de Sevilla), la Defensora fue especialmente dura con la actuación de la Guardia Civil durante la tragedia del Tarajal, criticando el uso de medios antidisturbios en el agua y las devoluciones en caliente.

Por su parte, el anterior dirigente en funciones de la institución Francisco García Marugán (anteriormente afiliado al PSOE) cuestionó duramente al actual Gobierno de Sánchez durante la crisis migratoria en Canarias, especialmente con el campamento levantado en el puerto de Arguineguín, del que exigió su cierre. También tachó de “ilegales” los retornos de menores llevados a cabo por Interior en Ceuta en 2021. Toda persona que tome posesión del cargo como líderes o adjuntos de la institución tiene la obligación de renunciar a su afiliación política.