Casi 5.000 personas excluidas, errores sistemáticos y arbitrariedad: así han sido los seis años sin sanidad universal
La historia de Pedro es la del periplo de una persona que vive con VIH, pero se ha encontrado con las trabas que, desde 2012, ha supuesto no tener permiso de residencia en España, a pesar de llevar 20 años viviendo aquí. La primera, el miedo a acudir al hospital por estar en situación irregular. La segunda, el desconocimiento del personal médico que, al principio, no ofreció a este hombre colombiano la atención que necesitaba, a pesar de que Galicia garantiza en una normativa propia la cobertura sanitaria a quienes padecen estas enfermedades. La tercera, quedarse sin acceso a los fármacos cuando se mudó a otras ciudades en busca de trabajo.
Cuando regresó a Galicia y comenzó los trámites para recuperar de nuevo la atención sanitaria, la Policía le abrió una orden de expulsión. Finalmente, con el apoyo de Médicos del Mundo, consiguió detener su deportación y tramitar una autorización de residencia por motivos humanitarios. Ya con tarjeta sanitaria, Pedro continúa con su tratamiento y ha seguido mejorando. Su caso ha sido documentado por la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (Reder).
Hace seis años, el 1 de septiembre de 2012, entró en vigor el decreto 16/2012 impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquel día, miles de personas 'sin papeles' que hasta entonces podían solicitar cita con su médico de cabecera y ser atendidas como cualquier otro ciudadano, quedaron de un día para otro excluidas del sistema sanitario. Se borraron sus historiales médicos, se desactivaron sus tarjetas sanitarias. Solo serían atendidas en caso de urgencias o cuando se tratase de embarazadas y menores de edad. Más de 870.000 tarjetas fueron retiradas, según los datos que dio el propio Ejecutivo.
Este jueves, el Congreso ha avalado la recuperación de la sanidad universal que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha a través de un decreto ley. “El acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona”, enuncia el nuevo decreto, que ha recibido el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. La ley elimina las figuras de persona “asegurada y beneficiaria” que contenían condiciones que excluían a los inmigrantes residentes en España en situación irregular y recupera el derecho de todas las personas, “en las mimas condiciones”, a la atención sanitaria.
Para los colectivos sociales que llevan años batallando contra las consecuencias del decreto 16/2012, la nueva legislación es “un paso positivo”, pero hacia una meta “aún distante” y piden al Gobierno que apruebe pronto el reglamento “para garantizar la asistencia en igualdad de condiciones” a todas las personas que viven en España. “Este es un paso muy definitivo para acercarnos al fin de la exclusión sanitaria, pero lo que se ha aprobado no implica que se elimine radicalmente cualquier causa de exclusión. Aún hay zonas de sombra”, sostiene Eva Aguileña, portavoz de Reder.
Entre ellas menciona que el derecho a la asistencia pública se supedite a que la persona demuestre, con el empadronamiento, que no se encuentra en situación de estancia temporal, es decir, que lleve más de 90 días en territorio español. “Nos preocupa que se exija demostrarlo con el empadronamiento, porque el empadronarse es una barrera puramente administrativa y muchas veces depende de los ayuntamientos”, explica Aguilera.
“También nos preocupan esos 90 días hasta que pueden acceder a la tarjeta sanitaria. Vemos un vacío en el que no se garantiza la asistencia con cargo a fondos públicos a menores, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo, etc.”, agrega. “Esperamos que estas lagunas se subsanen en el reglamento”.
4.755 personas excluidas
Desde la aprobación de la reforma sanitaria, las organizaciones sociales comenzaron a ver sus oficinas llenas de casos de personas a quienes les había sido denegada la asistencia médica. Desde 2014, la plataforma Reder ha documentado los casos de 4.755 personas que se han visto excluidas de esta atención, aunque temen que los datos sean mayores. “Han sido seis años de mucho sufrimiento innecesario para muchas personas en situación muy frágil, que han sufrido lo peor de los recortes. Los casos documentados no son muchos porque no son todos: son quienes en algún momento han acudido a las organizaciones, pero no sabemos cuántas personas se han quedado desatendidas”, destaca la portavoz.
Estas personas solo podían recibir asistencia en situaciones excepcionales: mujeres embarazadas, menores de edad, situaciones de urgencia, víctimas de trata en periodo de reflexión y personas solicitantes de asilo. Sin embargo, las ONG han denunciado los errores sistemáticos en los centros sanitarios públicos a la hora de cumplir con esta obligación y la confusión imperante entre el personal médico a raíz de la norma. Las organizaciones han documentado los casos de exclusión sanitaria de 194 mujeres embarazadas, 322 menores de edad, 45 solicitantes de asilo o 443 personas a las que se les denegó o se les facturó la atención indebidamente cuando pasaron por urgencias.
En todos estos años, ha habido varios nombres propios, pero uno de ellos ha estado presente en todas las denuncias de las ONG, el de Alpha Pam, un joven senegalés sin tarjeta sanitaria que murió de tuberculosis en Mallorca en 2013. El caso acabó en los tribunales y la familia recurrió su archivo el pasado septiembre. Otras dos mujeres, Soledad Torrico y Jeanneth Beltrán fallecieron sin poder acudir de manera normalizada al médico. Según un estudio publicado en marzo de 2018 por investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, durante sus primeros tres años de aplicación, las restricciones impuestas por el decreto aumentó la tasa de mortalidad de los migrantes sin papeles en un 15%.
Las organizaciones sociales también se han hecho eco de casos como el de Milagros Villalobos, una mujer migrante embarazada que sufrió un aborto tras ser rechazada varias veces por un hospital público valenciano. O el de Lourdes, de 71 años, que a pesar de padecer osteorporosis, diabetes e hipertensión y contar con residencia legal por reagrupación familiar, no era atendida en los centros sanitarios y sobrevivía gracias a la asistencia de las ONG y médicos desobedientes.
Desde 2012, muchas personas se han visto privadas de cuidados esenciales. Las ONG han denunciado la situación de personas con enfermedades graves, y han documentado 68 casos de cáncer, 88 casos de enfermedades cardiovasculares, 116 de diabetes, 92 de hipertensión, 68 casos de salud mental grave o 45 casos de VIH.
El papel de la sociedad civil y las autonomías
Sin embargo, la reforma del PP se encontró de frente con la resistencia de parte de los profesionales sanitarios, que se negaron a aplicar la medida y han seguido atendiendo a las personas excluidas exponiéndose a sanciones. Es el caso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que promovió un registro de objetores de conciencia que superó el millar de adhesiones.
También han jugado un papel importante los grupos de información y acompañamiento impulsados desde las ONG y plataformas ciudadanas ante la “inseguridad y la confusión” que este decreto supuso, “lo que ha perjudicado a personas que sí debían ser tratadas”, sostiene Reder. “Son muchas más las personas que se han inhibido de acudir a la sanidad pública por temor a la repuesta que iban a recibir. Las personas que tramitan su permiso de residencia lo que más temen es un posible enfrentamiento con la administración pública. Que al reclamar una factura se genere algún tipo de conflicto y te fichen”, explica Aguilera.
La respuesta de las comunidades autónomas, algunas de las cuales se declararon insumisas a la reforma, también ha ayudado a mitigar el impacto del decreto 16/2012. A día de hoy, salvo Castilla y León, Ceuta y Melilla, casi todas las autonomías cuentan con algún tipo de normativa o medidas para que estas personas pudieran acceder al sistema sanitario público, aunque desde la aprobación de estas, Reder también ha documentado decenas de casos de migrantes excluidos. Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, Andalucía o Canarias rechazaron la norma y han regulado, dentro de sus competencias, en esta línea.
“El papel de las comunidades ha sido determinante al rebelarse, al decidir no cumplir y desarrollar sus propias normativas autonómicas, ya sea en forma de rango de ley o instrucciones internas desde la administración. Si hubieran aplicado el decreto a rajatabla, su impacto habría sido mucho menor”, recalca la portavoz de Reder. Desde la plataforma, no obstante, se ha apuntado también a los “desequilibrios” y la arbitrariedad que han causado estos diferentes niveles de regulación: en la práctica, a su juicio, las personas han tenido más o menos derechos en función del lugar en el que residían.
Varios territorios y el Gobierno central presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional por diferentes motivos, como por la invasión de competencias y restricción de derechos fundamentales. El Constitucional ha anulado las normas del País Vasco y la Comunidad Valenciana que trataban de garantizar esta cobertura. Por su parte, varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa subrayaron que la reforma contravenía los convenios internacionales de derechos humanos.
La norma de exclusión sanitaria fue defendida durante el Gobierno del PP como una medida de ahorro económico, como el copago farmacéutico. Sin embargo, a día de hoy, no se ha probado este supuesto impacto beneficioso en las arcas del Estado. Así quedó reflejado en los informes de la Defensora del Pueblo y también en un auto del Constitucional que restauró la validez de la Ley Navarra de Asistencia Sanitaria. Por el contrario, la posición del Gobierno ha sido la de afirmar que gracias a esta normativa la sanidad española seguía siendo universal. Así lo ha vuelto a defender este jueves la portavoz popular, María Teresa Angulo, quien ha asegurado que “fue el PP el que garantizó la sostenibilidad del sistema sanitario y garantizando su carácter universal, público y gratuito”.
A la espera de que se concrete el reglamento que dará forma al decreto aprobado, para Aguilera hay un último motivo de preocupación, pero ahora no solo echa la vista atrás, a estos seis años, sino al futuro. “Cuando se aprobó esta medida, se hizo con toda una batería de discurso xenófobo. El mensaje era: 'Tú vienes de fuera y ya te tienes que estar muriendo para poder ser atendido'. Esto dio vía libre a todas esas actitudes xenófobas que ya existían en la sociedad y el propio sistema de salud. Se ha permitido que en la opinión pública se asiente la visión de que se puede discriminar a las personas de un derecho humano en función de su situación administrativa o su nacionalidad. Es difícil desmontar esto, y tememos que haya calado”, sentencia.
