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Warren Hill, un hombre con coeficiente intelectual de entre 50 y 70 (el mínimo para una persona dentro de la media está fijado en 90), estuvo a punto de morir este lunes por inyección letal. Pero un aplazamiento le dio nuevo respiro tres horas antes de que se produjera la ejecución. El Tribunal Supremo de Georgia, en Estados Unidos, revisarán las alegaciones de Brian Kammer, el abogado defensor. Éstas se basan en el desconocimiento de la procedencia del veneno que mataría a su cliente, condenado por asesinar a JohnHandspike, un compañero de prisión, en 1991. Hill cumplía entonces una condena por matar a tiros Myra Right, la que había sido su novia.
Una ley de Georgia (Lethal Injection Secrecy Act) libra a los tribunales de cualquier obligación de informar a los ciudadanos y a los medios de comunicación sobre la procedencia de los químicos para la inyección letal. La defensa considera esta ley un muro que viola los derechos constitucionales de su cliente al impedirleconocer si el veneno será eficaz o si le producirá “más sufrimiento del necesario”, como ha ocurrido en casos anteriores. La tortura puede durar más de veinte minutos.
El Tribunal Supremo del estado de Georgia examinará la constitucionalidad de la ley eljueves. Si le da la razón a la acusación, las opciones de Hill estarán casiagotadas. Pero si determina que la ley de Georgia es inconstitucional, ladefensa puede investigar la procedencia del veneno. Esto dilataría losuficiente el caso para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pueda pronunciarse el 30 de septiembre, como estaba previsto, sobre las alegaciones sobre la discapacidad intelectual del acusado que los tribunales locales han ignorado. Georgia tiene un estatuto que exige al acusado probar su retraso mental más allá de cualquier duda razonable, lo que pone la carga de la prueba en el acusado y puede dar pie a interpretaciones arbitrarias y a ejecuciones inconstitucionales.
Menor acceso a la justicia
Los expertos que han examinado a Hill coinciden en su discapacidad intelectual, pero falta que se pronuncie el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En 2002, este tribunal sentó jurisprudencia con el caso Atkins v. Virginia: va en contra de la constitución aplicar la pena de muerte para las personas conretraso mental porque supone un castigo “inusualmente cruel”. Kammer sitúa la esperanza de una conmutación definitiva de la sentencia de su cliente en ese argumento. Lo demás sólo implicaría alargar el sufrimiento.
El abogado de Hill considera que las personas pobres y las que tienen discapacidad, condiciones que reúne su cliente, no tienen el mismo acceso a la justicia que el resto de ciudadanos. The Georgia Resource Center, un despacho de abogados que él dirige, ofrece servicio gratuito para personas sin recursos que han sido condenadas a muerte. Georgia es el único estado que noreconoce el derecho de las personas a tener representación legal gratuita delestado una vez que han sido condenadas a muerte.
“He visto, una y otra vez, que en estos casos de pena de muerte hay una preocupantefalta de recursos que se les ofrece a acusados pobres, así que los jurados noestán obteniendo un panorama completo de las personas cuyas vidas sostienenentre sus manos”, declaraba Kammer.
La infancia de Hill y la de sus nueve hermanos están marcadas por los abusos, el alcoholismo de su padre, la pobreza y privaciones de necesidades básicas que le obligaron a pasar temporadas en elhospital por malnutrición. A menudo sufría ataques y convulsiones. Su discapacidad intelectual le impedía superar el percentil 3 en los exámenes deaptitud en el colegio, lo que no le impidió alistarse en la fuerza naval, dondealcanzó el rango de suboficial.
De camino a la cárcel dice Kammer que, a pesar de su satisfacción por elaplazamiento, sabe que su camino va cuesta arriba. El tono alegre va acompañado de una prudencia en las palabras de quien puede ver morir, en manos del estado, al cliente por el que ha luchado durante años. “Paso a paso”, dice. “No hay que adelantar acontecimientos”.