“Si nos fuerzan a vivir en tiendas de campaña sin pertenencia alguna, soportando el frío y la lluvia del invierno, ¿dónde queda la humanidad europea?”. Con la mitad de la cara cubierta y vestido completamente de negro, Mansour se presenta con un pseudónimo para proteger su identidad. Él es uno de los muchos jóvenes sudaneses que resisten en lo que queda de lo que fue el asentamiento irregular más grande de Europa Occidental, la Jungla de Calais.
Después de obtener reconocimiento mediático en 2015 por albergar a más de 10.000 personas, la Jungla de Calais fue desmantelada en 2016. Sin embargo, no desapareció completamente y hoy, en torno a 900 personas resisten en peores condiciones pero con el mismo sueño de alcanzar Reino Unido.
Aplaudido por compañeros que no se atreven a hablar por temor a represalias, Mansour describe cómo es vivir en la Jungla después del “desalojo diario”, una práctica policial “sin amparo legal”, según asociaciones que trabajan sobre el terreno, que se repite al menos 15 veces al mes desde septiembre del año pasado. Consiste en retirar de las zonas ocupadas por migrantes las tiendas de campaña cuyo dueño no esté presente, incluyendo toda pertenencia que pueda hallarse en el interior.
Según el gobierno francés, estas operaciones de desalojos y desmantelamientos responden a una política de mise à l’abris, término francés que significa dar cobijo y que nace de una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron en julio de 2017 cuando aseguró que ninguna persona dormiría en la calle al final de ese año. En línea con la Unión Europea, el Ministerio del Interior publica en su último informe que los principios de “humanidad y eficacia” son con los que Francia aborda el tema migratorio, y añade que esos son “la tradición de acogida de Francia”.
Antoine Nehr, miembro de la organización Utopía 56, cuestiona las intenciones del Gobierno francés. Considera que estas actuaciones “no tienen nada detrás” y que la situación “va de peor en peor”.
“Estamos acostumbrados y cansados, así que esperamos a la policía con nuestras tiendas fuera del perímetro”, confirma Duwi* en nombre de muchos eritreos que viven en la Jungla. Mustafá, joven afgano, hace uso de la ironía para describir la situación. “Bonito, bonito, ¿verdad?”, afirma señalando el sendero de tiendas apiladas al borde del camino que recorre la Jungla.
“Yo quiero ir a Reino Unido inshallah, sin embargo, estamos aquí atrapados y sufriendo por culpa del gobierno francés”, afirma Mansour. Mientras habla, un grupo de sirios calientan sobre el fuego de su hoguera los cartones de leche y el pan repartidos durante el desayuno. Por orden judicial, las organizaciones Salam y La Vie Active distribuyen alimentos de 9 a 11 de la mañana, coincidiendo con los desalojos.
“Esto les confunde porque saben que a las mismas horas, algo bueno y algo malo está pasando en la ciudad de la mano del gobierno francés”, comenta Hugo Diehl, miembro del Observatorio de Derechos Humanos, que documenta la evolución de las condiciones de vida en los asentamientos.
“La inestabilidad producida por las evacuaciones provoca que los migrantes decidan rechazar citas médicas cuando coinciden con las horas de los desalojos”, afirma Nehr. Hipotermia y necrosis, problemas de piel y en ocasiones mordeduras de las ratas que han proliferado en la zona, son los motivos de consulta principales en el centro de acceso permanente a la atención médica (PASS por su siglas en francés).
“Algunas personas vienen y nos dan comida y algo de beber, pero al final es siempre la policía la que regresa para limpiar el campo. ¿Dónde queda la humanidad de Europa?”, se pregunta Mansour mientras el aire se impregna de humo. A falta de leña, se utilizan las cucharas de madera y los restos de basura que quedan tras el desayuno, provocando que el humo de las hogueras sea negro y dificulte la respiración. “Aquí no hay derechos humanos. ¿Cuál es nuestro destino? Venimos desde todas las partes del mundo dejando a nuestras familias en situaciones muy duras y nos encontramos que no nos dejan ni vivir”.
Mansour se refiere también a los desmantelamientos totales que, una vez al mes desde septiembre, se realizan en los asentamientos. En teoría, el objetivo de esta práctica es liberar las zonas y llevar a los migrantes a centros de acogida donde tramitar solicitudes de ayuda internacional. No obstante, el sistema de asilo francés está desbordado y como dijo el miembro de la Asamblea Nacional, Pierre Henri Dumont en octubre del pasado año, “dos tercios de los solicitantes de asilo son rechazados constantemente, es decir, se les niega la protección de Francia”. En este sentido, la mayoría regresan por su propio pie. Suelen hacerlo el mismo día.
“La policía llena autobuses, pero los migrantes no saben ni a dónde van, a veces hasta hay más personas que asientos y los migrantes tienen que estar por los pasillos”, asegura Diehl en relación a los desmantelamientos. “Los migrantes suelen acceder a subirse a los autobuses porque saben que pueden descansar en un centro durante tres días sin tener que solicitar asilo ni poner sus huellas dactilares. Van únicamente para recuperar fuerzas y regresar a los asentamientos” concluye.
Esta idea la refuerza el mismo Mansour, denunciando deportaciones, uso de la fuerza y gas lacrimógeno, además de arrestos. “¿Dónde están las leyes? Nosotros pedimos ser refugiados en Francia, pero nos hacen esperar durante más de dos años, haciéndonos perder nuestro tiempo para que, finalmente, nos denieguen la solicitud”.
“Francia no acepta darte papeles ni derechos, pero tampoco te deja ir para Reino Unido. Entonces nos quedamos en la calle, pero también te sacan de tu tienda. Intentamos llegar por nuestros propios medios a Inglaterra, pero nos cierran la frontera por no tener documentación. Yo lo entiendo así: si no tengo papeles, hazmelos o gestiónalo como sea”, concluye Mansour, “en lugar de eso, vivimos aquí, sin garantía alguna, en la Jungla de Calais”.
(*) Los nombres utilizados en este reportaje son seudónimos para proteger la identidad de las personas entrevistadas.