La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha exigido al Gobierno “corregir con urgencia” la situación de los inmigrantes residentes en España a través de reagrupación familiar que, a pesar de padecer cáncer, son excluidos de la sanidad pública, como ha revelado eldiario.es. “Un paciente de cáncer no puede esperar. Como ha pedido el Defensor del Pueblo, se debe corregir esta situación injusta, y dejar de pedir un seguro privado a este colectivo”, apuntan desde la organización.
Desde la principal asociación que apoya a los enfermos de cáncer en España, se han mostrado alarmados ante la denegación de la tarjeta sanitaria a inmigrantes reagrupados en España, incluidos enfermos de cáncer como Juan y Guadalupe. “Una persona con cáncer no puede estar esperando a que una sentencia firme le dé la razón”, alega Esther Díez, portavoz del colectivo, en referencia a las más de 40 sentencias que han acabado dando la razón a los reagrupados afectados.
“Hay que tener una sensibilidad especial con una enfermedad que no tiene tiempo”, sostienen desde la AECC. Los padres y madres reagrupados a España por sus hijos españoles son uno de los colectivos perjudicados por la reforma sanitaria de la etapa de Mariano Rajoy, que el Ejecutivo de Sánchez ha mantenido en el Real Decreto Ley que pretendía corregirla, aprobado en julio.
El Gobierno, apelando a la Ley de Extranjería, exige a estos padres, ya mayores, contratar un seguro médico privado para obtener la residencia por reagrupación familiar y, en base a este requisito, el Instituto Nacional de Seguridad Social deniega de forma sistemática el acceso a la asistencia a este colectivo.
“Estamos en la línea de lo que dice el Defensor del Pueblo, no es necesario que tengan un seguro médico alternativo, si tienes residencia en España y tu hijo tiene la nacionalidad, deberían ser beneficiarios. No tendría por qué darse esta situación”, defiende la portavoz.
En 2014, el Defensor del Pueblo criticó la exigencia de un seguro médico privado a los inmigrantes reagrupados en España por sus hijos nacionalizados. Según razonó la institución, la normativa de Extranjería no establece como requisito la contratación de una póliza a los ascendientes reagrupados de ciudadanos españoles.
Al colectivo, apuntan desde la Defensoría del Pueblo, “le será exigible únicamente la acreditación de vivir a cargo del ciudadano español para tramitar la tarjeta de residencia de familiar” de ciudadano de la UE “sin que esté justificada la presentación de un seguro de enfermedad de carácter público o privado”.
Así, la AECC se alinea con el criterio del Defensor del Pueblo, que no ha sigo recogido en la normativa de la “recuperación de la sanidad universal” de Pedro Sánchez. “El anterior gobierno se posicionó exigiendo el seguro privado, y la modificación del presidente Sánchez no ha corregido esta situación injusta, y deberían hacerlo”, reitera Díez, que detalla que desde la asociación van a “profundizar y analizar” la situación para “identificar la solución que se le puede dar de manera urgente”.