La Audiencia de Palma ve fallos en el “sistema sanitario en su conjunto” en la muerte de Alpha Pam

Alpha Pam murió en su casa de tuberculosis el 21 de abril de 2012, una enfermedad para la que existe tratamiento en España. Pero el senegalés no tenía acceso a la sanidad normalizada tras la reforma que excluyó del sistema público a los inmigrantes en situación irregular. La Audiencia de Palma ha ordenado esta semana reabrir la investigación judicial sobre su muerte, en la que están imputados una médica y un enfermero por un posible delito o falta de homicidio por imprudencia sanitaria. En el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, el tribunal deja entrever que la responsabilidad va más allá de los sanitarios: “No hay dudas de que se produjeron fallos en el Sistema Sanitario en su conjunto y en cadena”.

“La familia está muy satisfecha con la continuación del procedimiento”, cuenta su abogada, Jimena Morlans, que llamó a Senegal para dar la noticia a los padres de Alpha Pam. La familia del joven senegalés necesita respuestas. Si es diagnosticada, la tubercolosis tiene remedio y su hijo, que había acudido al hospital aparentemente con un papel que especificaba las sospechas de que estuviera infectado, salió del centro sanitario sin que le realizaran ninguna prueba. Dos semanas después murió desangrado en su piso.

“El interés de la familia es esclarecer qué es lo que ha pasado, el motivo de la muerte de su hijo y que se busque a los responsables para que esto no vuelva a ocurrir”, explica.

Alpha Pam era una de las más de 870.000 personas que perdieron la tarjeta sanitaria de un día para otro gracias a la reforma sanitaria del Gobierno de 2012. Como la mayoría de los excluidos de la sanidad pública, residía en España en situación irregular, por lo que no tenía acceso a una atención normalizada: médico de cabecera, recetas de medicamentos, seguimiento de su estado de salud.

El real decreto 16/2012, de “exclusión sanitaria”, como lo conocen varias organizaciones opositoras a la norma, sí contempla la atención pública en tres excepciones: urgencias, a menores y a embarazadas. Después, se incluyó también la asistencia para las víctimas de trata y los solicitantes de protección internacional mientras su estancia esté autorizada.

Alpha Pam fue varias veces a urgencias porque tosía y se encontraba mal. La última vez que recurrió a los servicios sanitarios, el 5 de abril, acudió al Hospital Comarcal de Inca con la solicitud de una prueba de una radiografía, emitida por un médico de atención primaria que especificó sus sospechas de que fuera un caso de tuberculosis. Pero salió de allí sin radiografía y con un diagnóstico de bronquitis.

“Era posible diagnosticar la enfermedad”

En el auto de la Audiencia de Palma de Mallorca, al que ha tenido acceso eldiario.es, el tribunal exige la reapertura de su caso para averiguar si una médico y un enfermero de urgencias del Hospital Comarcal de Inca que atendieron al joven incurrieron en un delito o falta de homicidio por imprudencia sanitaria. La atención “fue defectuosa y deficiente, e interinamente calificable de grave”, dice el auto.

El texto también recoge que “en ese momento (cuando Alpha Pam acudió al hospital) era posible diagnosticar la enfermedad y proceder a su tratamiento”.

La decisión de la Audiencia Nacional obligará a la apertura de un juicio oral para averiguar si la médica y el enfermero que atendieron a Alpha Pam en urgencias tienen responsabilidad en la muerte del joven. El tribunal desestima varios de los argumentos aportados por la defensa de los profesionales sanitarios imputados y de la Administración, como que el paciente no aportó el volante en el Hospital y que la responsabilidad de la muerte recae sobre el propio fallecido por no haber ido después al médico de cabecera si se encontraba mal. Médico al que no tenía derecho con la nueva legislación.

Celsa Andrés, presidenta de Médicos del Mundo en Baleares, destaca la importancia del auto de la Audiencia Nacional para el reconocimiento de varios problemas derivados de la exclusión sanitaria. “Admite que el decreto ha impedido el acceso regular de muchas personas al sistema de salud público, que es algo evidente pero que han negado el conseller y la exministra de sanidad, diciendo que se atiende a todo el mundo”, explica.

Además, el auto extiende la responsabilidad al sistema de salud. “No hay dudas de que se produjeron fallos en el Sistema Sanitario en su conjunto y en cadena”, recoge el texto. El auto también justifica que Alpha Pam no acudiera al médico después porque “la política sanitaria seguida en estos casos [en los que se exige compromiso de pago y se niega un médico de cabecera] podía ahuyentar a los enfermos”.

El magistrado responde con esta posible consecuencia de la reforma sanitaria al énfasis que, según el auto, ha realizado el letrado de la Consejería de Sanidad “en atribuir la responsabilidad en su fallecimiento al propio paciente por haber tardado más de cuarenta días en acudir al hospital”. Las ONG y colectivos sociales llevan años denunciando el efecto de desincentivación que, afirman, produce la reforma sanitaria sobre los inmigrantes en situación irregular. 

“Según nuestro criterio, el auto puede servir de base para iniciar acciones contra la Administración”, dice la presidenta de Médicos del Mundo en Baleares.

“La inseguridad de los profesionales médicos”

Por el momento, el procedimiento penal abierto incide en la responsabilidad directa de los profesionales sanitarios. La parte de la causa ahora reactivada corresponde a una de las causas judiciales abiertas sobre este fallecimiento. Por un lado, “como ocurre siempre que fallece una persona en circunstancias desconocidas” —explica la letrada de la familia—, se abrió un procedimiento de oficio en un juzgado de Inca, en el que se personó la familia representada por la Jimena Morlans. Además, el partido MÈS presentó una denuncia por si había existido omisión de socorro.

El pasado diciembre, el juzgado número 2 de Inca acordó el sobreseimiento provisional de la causa, que recurrió la familia ante la Audiencia de Palma. “Ahora el tribunal ha acordado reabrir la investigación por la posible atención negligente, pero mantiene el sobreseimiento de omisión de socorro”, explica Morlans.

Por otro lado, cuatro organizaciones —la Asociación de Senegaleses de Mallorca y la de Drets Humans de Mallorca, UGT y la Confederación General de Trabajo de Baleares (CGT)— presentaron una querella criminal contra varios responsables del sistema de salud balear, “contra la cúpula, por la que nos exigieron una fianza de 12.000 euros”, cuenta su abogado Pablo Alonso de Caso. Ante la imposibilidad de aportar la cuantía hasta la fecha, ratificada por la Audiencia de Palma, los querellantes están estudiando qué pasos seguir. Su letrado reitera: “Nosotros venimos a decir que hay una verdadera estrategia que emana de la cúpula para repeler a los inmigrantes sin papeles del sistema de salud”.

En Yo Sí, Sanidad Universal apuntan que los procedimiento penales se dirigen más contra los responsables directos, los sanitarios. “Es una pena que ahí no se vean las causas, la responsabilidad directa de la gerencia de los hospitales y centros de salud”. Un miembro del colectivo apunta que en algunos centros sanitarios hay instrucciones internas que tienden a ser más excluyentes incluso que el propio decreto de 2012. “La justicia estimará si hubo negligencia médica, pero no sabemos qué instrucciones tienen esas personas en su hospital”.

Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, a favor de la universalidad de la sanidad, critica la “enorme inseguridad” que soportan los profesionales sanitarios debido a la nueva legislación. “El decreto dice que cubre la atención en urgencias, ¿pero quién determina la urgencia? El personal médico. No se puede dejar una decisión política en manos de los profesionales sanitarios”, denuncia.

En Médicos del Mundo admiten, sin pronunciarse sobre este caso en concreto, que la responsabilidad de los sanitarios es muy complicada: si cumplen con su responsabilidad de atender a cualquier persona, incumplen el decreto; si se atienen a la exclusión, “faltan de alguna manera al juramento hipocrático”. Las plataformas a favor de la sanidad universal defienden la desobediencia de los profesionales, pero la meta es acabar con la legislación. “Porque si se atiende se hace por la puerta de atrás y no puedes recetar, sus historias no están en el sistema, no tienen las mismas posibilidades”, concluye Celsa Andrés.