La Audiencia Nacional exige el traslado a España del sudanés superviviente de la tragedia de Melilla que puso a prueba a Marlaska

Meses después de ver morir a decenas de compañeros en la tragedia de Melilla, el joven sudanés Basir (nombre ficticio) acudió a la embajada de España en Marruecos para intentar pedir asilo de forma segura y, a su vez, poner a prueba las palabras de Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior había defendido que los migrantes podían pedir protección internacional sin necesidad de saltar una valla, en los consulados españoles de terceros países, una vía apenas utilizada debido a las restricciones y la arbitrariedad en su aplicación. Aunque el joven logró registrar su expediente acompañado de un equipo jurídico y fue citado para ser entrevistado por las autoridades españolas, la Administración no respondió a su solicitud. Más de un año después, sus abogados recurrieron a la Audiencia Nacional que, tras una negativa inicial, ha exigido al Gobierno el traslado urgente del solicitante de asilo a suelo español.

“Si valoramos la situación personal del recurrente teniendo en cuenta tanto su relato como la situación en el país de origen, creemos que debemos concederle la medida cautelar positiva instada, pues al margen de que no puede descartarse que haya sufrido persecución por causa religiosa, la posición de ACNUR sobre la situación del país de origen es clara”, concluye la Audiencia Nacional en un auto emitido el pasado 29 de febrero, al que ha accedido elDiario.es. El Tribunal ordenó entonces a la Administración la realización de “las actuaciones oportunas” para “promover el traslado a España del solicitante de asilo”.

Transcurrido más de un mes, el Ministerio de Exteriores -competente en la ejecución de la resolución- no ha contactado con Basir para iniciar los trámites relativos a su traslado a España, según confirma el equipo jurídico DEMOS (Estudio legal de derechos humanos), que se encarga de la defensa del sudanés.

“Nadie se ha puesto en contacto con Basir ni tampoco con nuestro despacho. No ha habido ningún intento de comunicación por su parte, ni para la ejecución de la medida cautelar ordenada, ni para explicar los motivos del retraso”, sostiene Adilia de las Mercedes, una de sus abogadas.

Fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores rechazan dar detalles del caso alegando razones de confidencialidad y protección de datos del denunciante. Por su parte, desde Interior sostienen que, una vez cumplido el traslado del joven, se encargará de las medidas necesarias para iniciar su procedimiento de asilo en España. Este medio no ha obtenido respuesta sobre las razones del retraso en la ejecución de la medida cautelar.

Un largo procedimiento

El 13 de diciembre de 2022, Basir solicitó ante la embajada de España en Marruecos la aplicación del artículo 38 de la Ley de asilo, que permite el traslado a territorio español de solicitantes de asilo, una fórmula poco utilizada ante la falta de desarrollo reglamentario en la que suele primar la discrecionalidad de cada embajada. Meses después, el sudanés fue convocado en dependencias consulares para someterse a una entrevista, pero el joven nunca obtuvo respuesta.

Ante la falta de noticias, el equipo jurídico DEMOS interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por la “inactividad de la Administración”. El sudanés solicitó entonces un salvoconducto para poder desplazarse a España con las medidas de seguridad necesarias para, ya en suelo europeo, pedir asilo. Basir, por tanto, trataba de seguir los pasos que, según el ministro del Interior, debe seguir cualquier migrante para pedir protección, a pesar de que el Defensor del Pueblo, ONG y el Consejo de Europa han reconocido los obstáculos existentes para llevarlo a cabo.

En una primera resolución, la Audiencia Nacional denegó el 15 de enero de 2024 la medida cautelar solicitada por los letrados de Basir. Los magistrados no consideraron probado el riesgo para la vida e integridad del sudanés porque este padecía, concluyeron, las mismas circunstancias de “los que intentan solicitar asilo en el Reino de España o en Europa”. El Tribunal no abordó los peligros del joven en su país de origen, sino que se centro en su paso por Marruecos.

Tras un nuevo recurso interpuesto por el despacho, el 29 de febrero la Audiencia Nacional cambió su criterio y decidió conceder la medida cautelar, lo que supone el traslado de Basir a España. Después de revisar la jurisprudencia y los argumentos de la defensa, el Tribunal entendió que debía analizar el riesgo para la vida del joven en Sudán, el país de origen, en vez de sus circunstancias en el país de tránsito migratorio (Marruecos). Y concluyó que, atendiendo a los criterios de Acnur, Basir corría peligro.

“El cambio de criterio supone, en primer lugar, el establecimiento de un parámetro fijo para la resolución de las medidas cautelares en procedimientos de aplicación del artículo 38 de la Ley de Asilo”, sostiene Adilia de las Mercedes. La letrada añade que la aprobación de una medida cautelar de este tipo “deberá suponer un indicio casi definitivo para la aprobación posterior de la protección internacional, puesto que se basa en los indicios de riesgo de que la persona correría en su país de origen”.

Mientras, Basir sigue escondido en Marruecos ante el constante riesgo de abusos por parte de los agentes marroquíes.  “Tuve miedo el año pasado, tengo miedo ahora y siempre tendré miedo mientras esté aquí en Marruecos, porque me preocupa acabar como muchos otros amigos que han acabado muriendo en Melilla”, dice el sudanés a través de un mensaje de audio en respuesta a las preguntas de elDiario.es. “Son muy agresivos con nosotros y pueden atacarnos en cualquier momento. A veces nadie sabe qué ha pasado con alguno de nosotros. Podemos desaparecer y ya está. Por eso siempre tengo miedo y estoy preocupado”, continúa el hombre, que asegura haber sido expulsado al desierto de Argelia en algunas de las redadas de los gendarmes alauíes.

Basir es cristiano y procede del estado de Kordofán del Sur, una de las zonas donde el conflicto de Sudán es más intenso, detalla el equipo jurídico. En 2013, su padre y hermano fueron asesinados a manos de la etnia Kawalib, el joven resultó “malherido y dado por muerto, pero sobrevivió y fue trasladado a un hospital en el que estuvo varias semanas”.

Su madre le pidió que no volviera a la casa y que se refugiase con un tío en otra región del país, pero tampoco allí estaba seguro. Según su testimonio, sus familiares musulmanes “le maltrataron y forzaron a cambiar de religión bajo la amenaza de denunciarle ante la policía”. Cuando salió de Sudán, pasó por Egipto, Libia, Argelia y Marruecos. 

“En todos esos países ha sido, según su relato, detenido, torturado y sometido a tratos inhumanos. Ante la situación de inseguridad y la imposibilidad de ejercer sus derechos como refugiado no le quedó más opción que tratar de que sea un Estado europeo quien le brinde la protección que necesita”, reclaman sus abogados. 

Los abogados de Basir temen de la falta de cumplimiento de las medida cautelar por parte de la Administración. “Que el Gobierno de España no haya respondido a la petición de Basir –formulada en diciembre de 2022– y que no haya cumplido con lo ordenado por el auto de la Audiencia Nacional, dictado hace más de cuarenta días, es un nuevo ejemplo de que la Administración española no va a dar su brazo a torcer”, añade la letrada.

¿Un precedente?

La posibilidad para pedir asilo en las embajadas españolas está recogida en la Ley de Asilo de 2009 pero su aplicación depende de un reglamento que nunca ha sido desarrollado. Como no existe un procedimiento establecido para solicitar protección en dependencias consulares, esta vía no es una opción estable ni real para quienes necesitan pedir refugio en España, menos aún para los migrantes subsaharianos en Marruecos, que carecen de libertad de circulación por el país.

Aunque no se ha llegado a crear un procedimiento para pedir asilo en las embajadas, los embajadores tienen potestad para emitir un salvoconducto que permita el acceso seguro a España de potenciales refugiados para que, una vez en suelo español, puedan formalizar su petición. La jurisprudencia del Tribunal Supremo apunta que “el embajador, en el marco de sus funciones, tiene la facultad para que, si según su criterio ”la integridad física de esa persona corre peligro“, se lleve a cabo el traslado al territorio nacional.

El Defensor del Pueblo ha recriminado al Gobierno recientemente “la imposibilidad” de que nacionales de terceros países puedan solicitar protección internacional en las representaciones diplomáticas de España en Marruecos, en base a lo establecido por la Ley de Asilo. “A través de las quejas recibidas se comprueba que el primer obstáculo, en la mayoría de las ocasiones insalvable, lo constituye la imposibilidad de acceso físico de estas personas a la embajada”, según una resolución emitida por la institución en octubre. Ángel Gabilondo se mostró entonces preocupado por “el alto número de personas, presumiblemente con necesidades de protección internacional, que se ven obligadas a poner en riesgo sus vidas para poder formular dicha solicitud, en lugar de hacer uso del procedimiento previsto en el citado” en la legislación.

La decisión de la Audiencia Nacional podría i más allá de un caso puntual y marcar la política migratoria. “Que tengamos noticia, el caso de Basir es la única solicitud de una persona africana negra que se ha presentado en la Embajada de España en Marruecos. Que Basir haya llegado tan lejos significa tirar la puerta abajo del bloqueo que la Administración española mantenía en relación con la aplicación efectiva del mecanismo del artículo 38 de la Ley de Asilo en ese país”, apunta la letrada. “Tenemos confianza en que su caso suponga un antes y un después y que realmente la vía del artículo 38 sea una posibilidad efectiva para las personas refugiadas africanas negras que buscan acceder a la protección internacional”, concluye.

Para pedir protección internacional en España, hay que llamar “a sus puertas”, dijo Fernando Grande-Marlaska tras la tragedia de Melilla. Basir llamó a una de ellas, gracias al apoyo facilitado por sus abogados. Un año y cuatro meses después, sigue a la espera de que las autoridades la abran.