Behrouz Boochani habla con una mezcla de agotamiento e indignación. Lleva más de cuatro años encerrado en el centro de detención de refugiados que Australia gestiona en la remota isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea. Este periodista kurdo iraní no sabe dónde amanecerá el próximo miércoles, cuando ya se haya ejecutado el cierre de las instalaciones, tal y como está programado. “No sé adónde iré y no tengo el poder de decidirlo”, responde en una conversación con eldiario.es.
“Esto es una cárcel”, reitera una y otra vez. Pero su sensación no se parece en nada a la alegría que le podría causar salir del centro, muy criticado por grupos de derechos humanos y la ONU por sus condiciones de vida precarias e inhumanas. Tampoco la de sus compañeros. “Esto no resuelve el problema”, vaticina el refugiado.
Lo que sí reina, dice, es el temor y la incertidumbre ante el inminente cierre, decretado después de que la justicia papuana lo declarara inconstitucional hace un año y medio al considerar que viola las libertades personales de los internos. “Los refugiados están extremadamente asustados y preocupados por su futuro. No saben qué hacer”, explica. En total, 718 refugiados y solicitantes de asilo se encuentran en la isla, según cifras oficiales.
“El Gobierno debería transferirlos a Australia”
El próximo 31 de octubre, el agua y la electricidad del centro de detención de Manus se apagarán. Finalizarán los repartos de comida. A los internos se les obliga a reasentarse en Papúa Nueva Guinea o a renunciar a su solicitud de asilo y ser deportados a sus países de origen. Mientras esto ocurre, o son aceptados por otro país, las autoridades los trasladarán a tres centros en Lorengau, la ciudad principal de Manus.
Estas traslados han activado las alarmas de las ONG, que han pedido a los gobiernos de Australia y Papúa que las fuerzas de seguridad, con un “largo historial” de abusos, “no los conviertan en una excusa” para usar la violencia contra los refugiados y solicitantes de asilo.
“El cierre del centro actual no es una solución si las personas simplemente son trasladadas de un lugar abusivo a otro. Simplemente se están tapando las grietas. No se hace nada para abordar el problema central y de hecho lo puede empeorar”, ha alertado Audrey Gaughran, directora de asuntos globales de Amnistía Internacional. “La trágica ironía es que sacar a estos hombres de ese centro escasamente protegido y colocarlos en otro lugar de Papúa los pondrá en mayor peligro. El gobierno australiano debería protegerlos de verdad transfiriéndolos a Australia”, añade Elaine Pearson, directora de Human Rights Watch (HRW) en Australia.
Los refugiados, “decididos” a no abandonar el centro
Mientras, pocas horas antes de la clausura, las personas recluidas en el centro “están decididas a resistirse a ser forzadas a irse a Lorengau porque no es un lugar seguro para ellas”, explica Boochani. Todos los días desde hace casi tres meses, asegura, organizan una protesta frente a la entrada principal. El pasado jueves, según relata el periodista, los refugiados se reunieron y acordaron que nadie abandonará el centro.
Los motivos son varios. En primer lugar les preocupa el estado de los nuevos campamentos y la “peligrosa falta” de instalaciones para la atención psicológica y médicas. “Dos refugiados han muerto en los últimos dos meses debido a una enfermedad mental grave y la falta de atención médica adecuada. En este momento hay tres refugiados más en Lorengau que se encuentran en una situación muy crítica y han tratado de suicidarse varias veces durante la última semana”, señala Boochani. “Ten por seguro que habrá otra tragedia. Tragedia tras tragedia”, añade.
Además, los internos temen la reacción de los lugareños que viven cerca de las instalaciones. “Nos llevan al peligro porque la población local es muy pequeña y tiene una cultura tradicional. No nos quieren en su comunidad, no se sienten seguros con 800 hombres extranjeros entre ellos”, apunta Boochani. Según han denunciado ONG como AI, en los últimos meses ha habido varios ataques de miembros de la comunidad local, algunos con machetes, que han dejado a varias personas gravemente heridas.
Por otro lado, si los refugiados se quedan en el centro, también corren riesgos, según explica el periodista. “El 19 de octubre, el departamento de Inmigración de Australia distribuyó documentos amenazantes en todo el campamento. Se enfatizaron dos puntos: que el 31 de octubre se cortará por completo el agua, la energía y la comida (...) y que la marina de Papúa entrará y ocupará el espacio” relata. “Los soldados de la marina PNG nos atacarán. El viernes pasado dispararon contra nuestras habitaciones. No sabemos qué pasará la próxima semana”, afirma. “Claramente, le están diciendo a los refugiados que salgan del campamento”.
Para el Gobierno de Australia, “la culpa” de la actitud de los internos de no abandonar la instalación la tienen los activistas y las ONG “porque les animan a resistir”, dijo el secretario de Inmigración y Protección Fronteriza, Mike Pezzullo, ante una comisión del Senado. “Forasteros problemáticos están alentando a estas pobres almas”, añadió, según recoge el diario Sydney Morning Herald.
Un documental sobre la vida en Manus
Para contener un número creciente de llegadas a las costas australianas, el Gobierno reactivó en 2012 la política de encerrar a los migrantes y refugiados que interceptaba en aguas internacionales en centros de detención fuera de su territorio, como el de Manus, en Papúa, o el de la isla de Nauru, en el Pacífico Sur. El Ejecutivo también ha ofrecido la posibilidad a los internos de Manus de trasladarse a Nauru.
Estos centros de ultramar, donde los solicitantes tramitan sus peticiones de protección internacional, fueron creados por el Ejecutivo conservador del primer ministro John Howard en 2001 con la llamada “Solución del Pacífico” y reabiertos 11 años después por la laborista Julia Gillard.
Muchas de las personas internas han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria. Otras escapan de la persecución y la discriminación, como las minorías apátridas rohingya de Myanmar y bidún, de la región del Golfo Pérsico. La política migratoria de Australia de recluirlos en estos centros de detención durante años ha recibido una lluvia de críticas de las organizaciones de derechos humanos y de Naciones Unidas.
Las ONG han documentado un largo catálogo de abusos y malos tratos como agresiones físicas y verbales, atención médica insuficiente, falta de acceso a la escuela, robos y detenciones arbitrarias. Han sido varios los intentos de suicidios y las autolesiones como fruto de las condiciones que estas personas soportan que, según AI, “constituyen tortura y les causaban graves daños psicológicos”.
Hace un año, The Guardian publicó la filtración de más de 2.000 informes, “los archivos de Nauru” que documentan agresiones sexuales contra los solicitantes de asilo, incluido menores. En el centro de Nauru presta servicios la empresa australiana Broadspectrum, perteneciente al grupo español Ferrovial, a la que AI acusa de enriquecerse con esos servicios. La compañía, por su parte, se defendió de las acusaciones alegando que “su labor se limita al cuidado de las condiciones de vida y seguridad, en aspectos como la alimentación, el alojamiento o la limpieza”.
“Mientras los medios han estado informando sobre Trump y las guerras en Oriente Medio, nosotros hemos sido torturados por el Gobierno australiano”, asevera Boochani, quien huyó de Irán por el peligro que corría, dice, tras publicar varios artículos en defensa de la cultura kurda y llegó a Australia para pedir asilo tras una travesía por el océano en la que casi pierde la vida. Durante los cuatro años que lleva encerrado, el periodista ha continuado con su defensa de los derechos humanos y ha publicado varios textos en los que describe cómo es la vida en Manus.
“He estado luchando contra este sistema para decir la verdad a personas de todo el mundo”, asegura el refugiado, quien también prepara una novela para 2018 y codirige el documental 'Chauka, Please, Tell us the Time' para contar cómo es el día a día de los refugiados encerrados en Manus. La cinta se realizó con la colaboración del director de cine iraní-holandés Arash Kamali Sarvestani, que utilizó las imágenes que Boochani grabó con su móvil de forma secreta.
“Como periodista, le dije a Arash que no teníamos elección y que teníamos que hacer este proyecto para documentar la historia de esta prisión para las próximas generaciones. Tuve que tratar de esconderme de los guardias e incluso de los refugiados. Fue muy estresante y sentí demasiada presión”, recuerda.
Ahora, Boochani habla con orgullo del documental, cuyo nombre está inspirado en el pájaro de Chauka, un ave melífera autóctona de la isla de Manus. “La película está hecha de una manera poética. Está llena de música y baile. En una toma, estoy cantando y un niño baila detrás de las vallas mi canción en kurdo”, comenta. “Muestra cómo las personas son iguales en todas partes y cómo la música no tiene fronteras. Está en contra del pensamiento colonialista y de cómo Australia está utilizando esta isla para sus objetivos políticos”, prosigue.
El largometraje debutó en el Festival de Cine de Sidney en junio con una gran acogida y también se ha estrenado en el Festival de Cine de Londres, que se ha celebrado este mes de octubre. Pese a que intentó acudir al estreno, el Gobierno británico le denegó el visado, según relata. “No querían problemas con Australia”, opina.
“Pero tras el estreno recibimos muchos comentarios positivos, muchos medios escribieron sobre la película y los campos de prisioneros que hay en Australia”, sostiene. Por ahora, poco sabe de su futuro después del cierre del centro. Lo que sí adelanta es que seguirá trabajando para denunciar, desde dentro, el “infierno” en el que asegura que viven.