La inquietud vuelve a reinar el campamento de refugiados de Calais después de que el Ministro de Interior francés, Bernard Cazeneuve, anunciase este lunes los planes de desmantelamiento integral del campo de refugiados de Calais, donde se estima que se albergan entre unas 6.900 –según las autoridades públicas– y 9.000 personas –de acuerdo con las organizaciones locales–.
La noticia, que ha calado como un jarro de agua fría tanto para los refugiados como para los voluntarios, no ha llegado sola. El Ministro de Inmigración británico, Robert Goodwill, anunciaba solo dos días después los planes de construcción de un muro para contener el paso de los refugiados.
“Ese muro es otra vergüenza más de las políticas europeas”, declara Ana, una activista del colectivo No Borders que trabaja sobre el terreno desde hace un año. La propuesta de las autoridades británicas viene a intentar calmar la indignación del sector de transportistas que el lunes día 5 bloquearon las autovías colindantes a Calais como manifestación contra los intentos de los refugiados de entrar en sus camiones.
Según ha declarado Goodwill, el objetivo es evitar el paso a la zona portuaria donde los ferris embarcan con los camiones y coches rumbo a Reino Unido. La propuesta para controlar el flujo de los refugiados hacia la isla se materializará en un muro de 4 metros de alto y 1 kilómetro de extensión, gasto que ha sido incluido en el presupuesto anglo-francés de seguridad.
François Guennoc, miembro del Albergue de Migrantes, una de las principales instituciones de ayuda para los refugiados que llegan a Calais, incide en que este muro no será más que un elemento adicional a la estructura de seguridad y vigilancia que ya existe. “Los refugiados continuarán buscando las vías de contornar tales obstáculos, aumentando los riesgos a los que se exponen y alimentando aún más a las redes de pasantes que puedan ayudarles a burlar esta nueva frontera”, añade.
Desmantelamiento con condiciones
Si bien está previsto que las obras de implantación de tal muro comiencen a finales de este mismo mes de septiembre, las previsiones no son tan positivas para los planes de demolición del campamento presentados por Cazeneuve. Para llevar a cabo tal medida deben cumplirse dos condiciones.
En primer lugar, el Consejo de Estado debe dar luz verde al desmantelamiento así como al cierre de todos los comercios informales que dan vida a la zona norte de La Jungla, una medida que ya fue anteriormente desestimada por el Tribunal Administrativo de la región de Lille.
La segunda condición establece que los refugiados solo podrán ser expulsados del actual asentamiento si el gobierno galo cuenta con plazas disponibles para alojar a cada uno de ellos en algún centro de acogida para migrantes, lo que supondrían unas 6.900 vacantes, según sus estimaciones.
“El gobierno dice que va a acabar con La Jungla pero no ofrece alternativas”, alega Samir, un refugiado afgano y antiguo traductor de las fuerzas de la OTAN que decidió pedir asilo en Francia tras ser atropellado por un camión intentando pasar a Reino Unido. El joven añade que algunas de las asociaciones que quedan sobre el terreno están trabajando duro para buscar alternativas de realojo para los refugiados. “Espero que encuentren una buena solución para este problema, de lo contrario el desastre será terrible”, señala.
Anne Hidalgo, alcaldesa de París, confirmó este mismo martes que París abrirá su primer campamento para refugiados a mediados de octubre. El proyecto cuenta con dos instalaciones, un albergue con 400 plazas hombres en el barrio de La Chapelle y otro con capacidad para 300 mujeres y niños en Ivry-sur-Seine. Esta propuesta podría compensar la exigencia de plazas de acogidas para refugiados y agilizar así la propuesta de Cazeneuve, sin embargo, según las condiciones presentadas recientemente por Hidalgo, estos centros solo podrán dar techo durante un máximo de 10 días.
La pesadilla se repite
El desmantelamiento del mayor campamento de refugiados de Francia comenzó a principios de año y contó con una gran medida de desalojo durante el mes de febrero que acabó con toda la parte sur del asentamiento, donde se encontraban las principales organizaciones y establecimientos de la vida social en La Jungla, como la iglesia, la escuela o el centro de información.
Ante la expulsión las autoridades ofrecieron alojamiento en algunos albergues del resto del país, medida que pocos de los afectados aceptaron por el miedo de ser registrados en Francia y no poder pedir asilo en Reino Unido si un día lograban pisar suelo británico.
Lo que se esperaba que fuese una misión para disuadir a los refugiados de llegar a Reino Unido no alcanzó sus objetivos, ya que muchos de ellos prefirieron desplazarse a zonas cercanas como Dunkerque, donde se formaron nuevos campamentos improvisados, mientras otros decidieron mudarse a la zona norte del campamento.
“Todo el mundo se ha olvidado de Calais”, asegura Ana, que subraya la urgencia de alimentos y de voluntarios en el campamento y denuncia la falta de alojamiento para los refugiados. “Las colas para comer son de tres horas y la comida no llega para todos”, añade esta activista.
A día de hoy, las organizaciones que trabajan sobre el terreno estiman que la población del campamento de Calais se ha duplicado desde el mes de junio, a pesar de que la superficie habitable ha sido reducida a la mitad. Esto, dicen, ha intensificando las condiciones de insalubridad y las tensiones internas resultantes del hacinamiento. Ana cuenta que durante los meses de verano han estado llegando una media de 100 personas diarias a La Jungla.
600 menores deambulan solos
Para las ONG la respuesta del gobierno francés ante una crisis humanitaria de tal envergadura es “insuficiente e indignante”. Médicos Sin Fronteras (MSF) denuncia que al menos 600 menores de edad no acompañados deambulan por 'La Jungla', la mayoría de ellos en condiciones psicológicas críticas debido a las experiencias de trauma a la que están expuestos.
“Esta situación pone sobre la mesa una supuesta negligencia por parte de las autoridades francesas y europeas, que no están cumpliendo con la legislación vigente que les obligaría a responsabilizarse por los menores no acompañados, proporcionándoles protección, alojamiento seguro y acceso a la atención sanitaria”, según declara la organización en un comunicado reciente.
Ante la evasiva del gobierno, MSF ha creado un centro juvenil destinado a ofrecer tanto cobijo como apoyo psicológico, orientación jurídica y actividades lúdicas y educativas, pero su existencia se tambalea ante la amenaza de destrucción del campamento. Entre las actividades de los voluntarios, se encuentra también la de velar por la seguridad de los más pequeños y denunciar a las autoridades las posibles desapariciones, una tarea que estiman “más necesaria que nunca”, ya que los niños refugiados se han convertido en un blanco de las redes de trata de personas. Unicef denunció en febrero de este año la desaparición de unos 10.000 refugiados menores de edad y no acompañados que aunque se sabe que llegaron a Europa, se les perdió posteriormente la pista.
Zulfakar, un joven iraní de 20 años, lleva meses sobreviviendo en el campo. Cuenta a un equipo de MSF cuál es su objetivo: “Yo sólo quiero reunirme con mi padre en el Reino Unido. No entiendo cómo la gente en Francia puede vivir con la conciencia tranquila sabiendo que en 'La Jungla' los hombres están dispuestos a luchar entre sí para conseguir un cepillo de dientes, un teléfono móvil o un simple lugar donde dormir. Deberían darnos protección y, sin embargo, aquí nos tienen: haciendo que tengamos que luchar entre nosotros para intentar sobrevivir”.