Bruselas, 3 may (EFE).- El Parlamento federal de Bélgica ha aprobado que los agentes de la agencia europea de fronteras, Frontex, puedan intervenir en su territorio.
El proyecto de ley aprobado en la noche del jueves al viernes permitirá que los oficiales de Frontex puedan practicar controles en las fronteras belgas y escoltar los retornos forzosos de extranjeros.
Según el texto legal preparado por la ministra belga del Interior, la cristiano-demócrata flamenca Annelies Verlinden (CD&V), y respaldado por el Consejo de Estado, los agentes comunitarios podrán realizar esos controles en aeropuertos, puertos, en las fronteras exteriores del espacio Schengen (en la costa) o en estaciones de tren de Bruselas.
No obstante, los uniformados de Frontex, que ascenderán a un máximo de 100 profesionales en Bélgica operando a la vez, sólo podrán intervenir acompañados de agentes de policía de Bélgica y bajo control de las autoridades belgas, extremo reclamado por socialistas y ecologistas para votara a favor de la iniciativa.
El proyecto de ley fue respaldado por la mayoría de siete partidos (los liberales flamencos y valones, los socialistas flamencos y valones, los ecologistas flamencos y valones y los cristiano-demócratas flamencos) que sostiene el gobierno del liberal flamenco Alexander de Croo.
En las filas de la coalición hubo tres abstenciones, mientras que votaron en contra de la extrema izquierda valona del PTB, los liberales de centro de DéFi y el partido de centroderecha Les Engagés.
La llamada “ley Frontex”, aprobada un mes antes de que Bélgica celebre elecciones federales y regionales el 9 de junio coincidiendo con los comicios al Parlamento Europeo, ha sido criticada por asociaciones como BelRefugees, Abolish Frontex, la Red Ades, y el colectivo Zona Neutral.
Creada en 2007 con 301 empleados y sede en Varsovia, la capacidad operativa de Frontex ha crecido significativamente desde 2015 y actualmente dispone de más de 2.200 agentes y cerca de 1.000 millones de euros al año para ayudar en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) y cuenta con llegar a 10.000 profesionales en 2027.
La mitad del personal, únicos oficiales comunitarios uniformados, trabaja en la central de Polonia y la otra mitad está desplegada por los Estados miembros, principalmente en Italia, España y Bulgaria, según datos de la agencia.
Frontex, que ha sido acusada en sede judicial comunitaria -pero no condenada- por colaborar en presuntas deportaciones ilegales, estuvo dirigida entre 2015 y 2022 por el francés Fabrice Leggeri, quien dimitió tras las numerosas críticas a su gestión, en parte de la oficina del Defensor del Pueblo Europeo.
Leggeri, a quien varias asociaciones francesas han denunciado por presunta complicidad en crímenes contra la humanidad y complicidad en torturas, se presentará a las elecciones de junio al Parlamento Europeo como número tres del partido de ultraderecha francés de Marine Le Pen, Agrupación Nacional.