A las puertas de la larga campaña electoral de 2024, que culminará con las elecciones presidenciales en noviembre, Joe Biden está sopesando la posibilidad de introducir cambios de calado en la política migratoria de Estados Unidos que endurecerían el control de las fronteras y abordarían una cuestión que se ha convertido en una de sus mayores vulnerabilidades políticas de cara a una probable reedición del duelo contra su rival Donald Trump y su retórica antiinmigración.
Un cambio de rumbo que representa también un riesgo para Biden, que llegó a la Casa Blanca en 2021 prometiendo “recuperar la humanidad y los valores estadounidenses en nuestro sistema migratorio” tras los cuatro años de mano dura de Trump. Poco después de jurar el cargo, Biden se puso manos a la obra para deshacer las políticas migratorias de su predecesor republicano y, al mismo tiempo, envió al Congreso un amplio paquete legislativo que incluía vías para conseguir la ciudadanía estadounidense para millones de migrantes que viven en el país.
El ambicioso paquete legislativo cayó con estrépito en el Capitolio, ya que los líderes demócratas tenían pocas ganas de enfrentarse a la siempre espinosa cuestión de la reforma migratoria. Desde ese momento, la política migratoria ha virado bruscamente hacia la derecha, dejando a los demócratas, y también al presidente, en la difícil situación de tener que negociar con los republicanos las medidas fronterizas que tanto habían condenado.
La llegada masiva de migrantes, a un ritmo excepcionalmente alto, en la frontera sur con México, así como los feroces ataques republicanos a la respuesta del presidente, que consideran tibia, han puesto esta cuestión en primer plano de la agenda política. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió este miércoles con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de llegar a un acuerdo encaminado a limitar la llegada de migrantes a la frontera suroeste de Estados Unidos.
Un grupo bipartidista de legisladores del Senado ha mantenido conversaciones con la Casa Blanca sobre un acuerdo fronterizo que desbloquearía la ayuda a Ucrania e Israel ya que los republicanos no enviarán ayuda a Ucrania sin garantías de mayor dureza frente a la crisis migratoria. Una y otra cuestión han quedado aparcadas hasta después de las vacaciones de Navidad. “Todos sabemos que en la frontera tenemos un problema: el presidente, los demócratas”, señaló Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, en la última sesión de los senadores antes de su receso vacacional. “Nuestro objetivo es lograr avanzar en esta cuestión a nuestra vuelta”, añadió.
Biden, en la encrucijada
Sin embargo, para muchos cargos demócratas, defensores de los derechos de los migrantes y líderes progresistas, los profundos cambios que Biden sopesa para la ley de asilo y la aplicación de las leyes fronterizas son casi indistinguibles de las políticas de su predecesor. Argumentan que Estados Unidos tiene la responsabilidad humanitaria de proporcionar refugio a los millones de migrantes que huyen de la violencia, la pobreza y los desastres naturales.
En un discurso en las escalinatas del Capitolio a principios de mes, el senador demócrata por California Alex Padilla, hijo de migrantes mexicanos, señaló que “volver a las políticas de la era Trump no es la solución. De hecho, no hará más que empeorar el problema”.
Padilla, el primer latino en presidir el Subcomité de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza del Comité Judicial del Senado, instó al presidente a oponerse a las propuestas de seguridad fronteriza de los republicanos: “Detención masiva, destripar nuestro sistema de asilo, el Título 42 con esteroides. Son propuestas inconcebibles”.
Sin embargo, muchos estadounidenses, especialmente republicanos, perciben el aumento de la llegada de migrantes sin documentos que llegan a la frontera sur como un problema que requiere medidas urgentes. Según una encuesta de AP-NORC, casi la mitad de los adultos estadounidenses afirman que reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México debería ser una “prioridad alta” para el Gobierno del país.
Mientras tanto, los sondeos muestran un profundo descontento entre los partidos con la gestión de Biden en materia de migración y seguridad fronteriza. En una encuesta realizada en diciembre por el Wall Street Journal, el 13% de los votantes consideraba la migración y la situación en la frontera entre Estados Unidos y México como la cuestión que más les preocupaba, por delante de la situación económica.
Los votantes desaprobaban la gestión de la frontera por parte de Biden por un margen de más de dos a uno. Preguntados sobre quién creían los votantes que gestionaría mejor la cuestión, el 54% dijo Trump frente al 24% que dijo Biden, con diferencia la mayor distancia entre los dos posibles candidatos entre todas las cuestiones analizadas.
Esto supone un cambio con respecto al mandato de Trump, cuando los votantes tendían a dar ventaja a los demócratas en migración y rechazaban en gran medida los intentos de los republicanos de fomentar la hostilidad hacia los migrantes.
Los demócratas han luchado durante mucho tiempo para articular una agenda migratoria cohesiva y proactiva. Sus divisiones sobre cómo arreglar el maltrecho sistema de migración del país se desvanecieron durante el mandato de Trump, ya que el partido se unió contra la retórica del republicano contra la inmigración y las políticas de línea dura.
En la campaña presidencial de 2020, Biden prometió revertir el enfoque de Trump y apostar por políticas más humanitarias. Pero a medida que un número récord de migrantes sin documentación llegan a la frontera y buscan refugio en ciudades a cientos de kilómetros de distancia, Biden sufre la presión de los críticos republicanos y los aliados demócratas para abordar un problema que ambos partidos consideran una “crisis”.
“La Casa Blanca se encuentra en una situación muy delicada desde el punto de vista político”, señala Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America's Voice, un grupo de defensa de los migrantes. En opinión de Cárdenas, Biden no debería “ceder” a las demandas republicanas, sino redoblar los esfuerzos “sin precedentes” de la administración para ampliar las vías de migración legal y los permisos de trabajo. Si bien afirma entender las limitaciones de lo que Biden puede lograr mediante la acción ejecutiva, insta al presidente a ser “audaz” y arriesgarse para atraer a una gran parte de los electores demócratas, como los jóvenes y los votantes situados más a la izquierda.
“Este gobierno tiene que demostrar que está dispuesto a impulsar alguna medida significativa en favor de las comunidades de migrantes”, afirma. “Si no lo hacen, va a ser muy difícil que los electores que están sensibilizados con la situación y con los derechos de los migrantes los voten en noviembre”.
Todo parece indicar que Biden considera que un acuerdo con los republicanos sobre seguridad fronteriza le beneficiará más que perjudicarle políticamente. Los que están de acuerdo con este enfoque argumentan que es poco probable que los partidarios de los derechos de los migrantes apoyen a Trump, cuyas políticas aborrecen, y que probablemente se verán motivados a acudir a las urnas por otras cuestiones como el derecho al aborto y la defensa de los valores democráticos.
“En lo que respecta a los demócratas, se trata de un gran lastre”, subraya Ruy Teixeira, investigador del American Enterprise Institute y coautor de ¿Dónde se han ido todos los demócratas?. “Harían bien en empezar a intentar deshacer parte del daño”, valora. En los grupos de discusión que se han organizado en vísperas de la campaña de 2024, Teixeira afirma que los votantes, incluidos los latinos, expresan una profunda ansiedad sobre la migración y consideran que la frontera está “fuera de control”. En su opinión, Biden tiene que dejar de preocuparse por la reacción de los grupos de derechos de los migrantes y los progresistas y empezar a presumir de las medidas que su gobierno está impulsando para frenar el flujo de migrantes, como la construcción de una sección del muro de Trump. “Ahora tiene lo peor de ambos mundos, ya que impulsa medidas duras contra los migrantes y luego alude vergonzosamente a ello de vez en cuando y afirma tener las manos atadas”, dice. “Con lo cual, la izquierda de su partido le ataca por lo que ha hecho y los votantes no saben qué ha hecho”.
A principios de este año, varios gobernadores republicanos empezaron a transportar en autobús y avión a miles de migrantes desde sus estados, especialmente Texas, a ciudades lideradas por los demócratas como Nueva York, Washington y Chicago. La táctica fue condenada por los grupos de defensa de los derechos de los migrantes por considerar que es inhumana y solo persigue fines políticos, pero también puso de manifiesto la tensión a la que se enfrentan las ciudades estadounidenses, donde los funcionarios demócratas afirman que la afluencia de migrantes ha desbordado los centros de acogida, las escuelas y los hospitales. En los últimos meses, varios alcaldes y gobernadores demócratas han pedido a la Casa Blanca que intensifique su respuesta federal a lo que el gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha calificado de “crisis humanitaria nacional”.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, tras un repunte de tres meses que se acercó a máximos históricos, las detenciones por cruces ilegales a lo largo de la frontera sur cayeron un 14% en octubre, antes de repuntar de nuevo en noviembre.
A pesar de la preocupación por la frontera, una encuesta de Gallup de julio reveló que dos tercios de los estadounidenses siguen considerando que la migración es positiva para el país. Y los demócratas señalan que los republicanos exigen nuevas restricciones a la migración legal en un momento en que los economistas afirman que Estados Unidos necesita más trabajadores para hacer frente a la escasez de mano de obra. “Necesitamos trabajadores. Necesitamos mano de obra. Tenemos que ser competitivos en el futuro”, dijo recientemente la congresista Verónica Escobar, demócrata de Texas. “Los migrantes nos hacen mejores”.
Medidas contrapuestas
Durante gran parte de su presidencia, Biden ha presentado la oleada migratoria hacia Estados Unidos como un reto hemisférico: el aumento de la violencia, las crisis económicas y la agitación política empujan a millones de migrantes hacia las fronteras estadounidenses. En respuesta, el Gobierno de Biden ha buscado una combinación de nuevas vías legales para que los migrantes entren en el país junto con más restricciones para los que cruzan la frontera de forma ilegal. Algunos aspectos de este planteamiento han recibido elogios de los grupos de defensa de los derechos de los migrantes. Pero algunos también han acusado a la administración de “latigazo” político.
Este año, el Gobierno de Biden amplió el estatus legal temporal a casi 500.000 venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio, huyendo de la crisis económica y humanitaria en su país de origen. Semanas después, EEUU anunció que reanudaba los vuelos de deportación a Venezuela. La medida, que provocó fuertes reacciones de grupos de defensa de los derechos de los migrantes, se produjo después de que los agentes detuvieran por primera vez a más migrantes venezolanos que mexicanos.
El Gobierno de Biden también anunció recientemente que no tenía más remedio que construir hasta 32 kilómetros de barreras a lo largo de la frontera con México, rompiendo una promesa de campaña de no levantar ni un metro más del muro fronterizo de Trump. La administración, que renunció a más de 20 leyes y regulaciones federales para permitir la construcción de barreras en el Valle del Río Grande de Texas, dijo que no tenía otra opción porque los fondos ya habían sido autorizados por el Congreso durante la presidencia de Trump.
De cara al año electoral, Biden se está centrando en el que probablemente será su rival. El presidente condenó recientemente la retórica demonizadora de Trump, incluidos los comentarios nativistas de que los migrantes indocumentados “están envenenando y destruyendo la sangre de nuestro país” y la promesa de ser un dictador “el primer día” para cerrar la frontera sur con México. La campaña de Biden también ha aprovechado las informaciones que apuntan a que, si Trump logra presentarse como candidato y es elegido para un segundo mandato, planea tomar medidas aún más duras contra la migración, con planes que incluyen deportaciones masivas y campos de detención.
Mientras tanto, la Casa Blanca afirma que las políticas migratorias de Trump son las culpables de la creación de algunos de los atrasos que están abrumando a los tribunales de inmigración. Los funcionarios también argumentan que los republicanos del Congreso se han interpuesto en el camino de las solicitudes para financiar más agentes de la patrulla fronteriza, trabajadores sociales, jueces y funcionarios judiciales.
Sin embargo, hasta ahora esos argumentos no han calado entre los votantes, que creen que el presidente ha hecho poco por abordar el problema. Si las negociaciones entre el Senado y la Casa Blanca llegan a buen puerto, la Casa Blanca espera que permitan a Biden mostrar avances en un tema que lo ha perseguido durante todo su mandato.
Algunos demócratas se muestran escépticos. Acusan a los republicanos de negociar de mala fe, diciendo que sólo están interesados en convertir el asunto en un arma, no en abordarlo. Cárdenas señala que los republicanos no dejarán de atacar a Biden en materia de migración, incluso si cumple con sus demandas de control fronterizo. “Cambian las reglas del juego sobre la marcha”, lamenta. “Y luego te quedas atascado con políticas que ni siquiera abordan el problema”.
Traducción de Emma Reverter