Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones y cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, ha salido en defensa del acuerdo suscrito entre la UE y Turquía en marzo de 2016 para frenar las llegadas de refugiados a las costas griegas. En el debate de RTVE celebrado este miércoles, Borrell espetó que “ya está bien de escupir sobre el acuerdo”, afirmando que “fue una solución para detener una hemorragia de inmigrantes que Europa y las islas griegas no estaban en condiciones de aceptar”.
El candidato del PSOE respondió así a las críticas del representante de Compromís, Jordi Sebastiá, que había calificado el acuerdo de “vergonzoso”.
En su turno, el candidato socialista se centró en defender el polémico pacto firmado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. “A veces tengo la sensación de que ustedes no saben de lo que hablan. El acuerdo con Turquía ha permitido que la UE financie la educación y la sanidad para 1,4 millones de refugiados sirios en territorio turco”, señaló Borrell. “Bajen del angelicalismo a la realidad, el acuerdo fue una solución para detener una hemorragia de inmigrantes que Europa y las islas griegas no estaban en condiciones de aceptar”.
La candidata de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, le respondió que la declaración viola “las directivas de retorno, de procedimiento y de acogida” y “se le dio dinero a Turquía para violar los derechos humanos”. “No, señora, por favor”, respondió el ministro.
Las reacciones a las palabras de Borrell no se han hecho esperar. “Habla de 'solución' para curar la 'hemorragia de inmigrantes' pero no se está refiriendo a las que provocan las concertinas colocadas por el PSOE en la Frontera Sur”, ha afirmado en un tuit la plataforma Es Racismo.
“Como las 'goteras' en su momento, este lenguaje hiperbólico deshumaniza a las personas refugiadas. ¡Un mejor debate público sobre migraciones y refugio requiere un mejor uso de las palabras!”, ha criticado en Twitter Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias y diversidad en Instrategies. La experta traza así un paralelismo entre las palabras del candidato del PSOE y las pronunciadas por el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en 2015, que se sirvió de la metáfora de que las llegadas de refugiados eran como “goteras” en una casa para describir el reparto de solicitantes de asilo que estaba siendo debatido en la UE.
Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores defendió que el acuerdo “ha permitido que haya disminuido el número de personas ahogadas de 1.200 hasta 80”. Tras el acuerdo, que selló la ruta del Egeo, se redujeron de forma drástica las llegadas al país heleno y, con ello, las muertes. Sin embargo, la cifra aportada por el candidato socialista no coincide con el recuento de la Organización Internacional para las Migraciones, según la cual 236 personas fallecieron en su intento de cruzar el Egeo en los dos años posteriores al acuerdo, 62 en 2017 y 174 en 2018. En lo que va de año, otros 33 migrantes han muerto en esta misma ruta. Además, los otros dos caminos para entrar de forma irregular por mar a Europa, a través de Italia y España, han seguido activos y registrando muertes en los tres años posteriores al pacto.
La defensa férrea de Borrell choca con la postura que el PSOE mantuvo durante la firma del acuerdo entre la UE y Turquía el 18 de marzo de 2016. El partido se encontraba entonces en la oposición y llegó a tacharlo de “inmoral” e “ilegal”. El entonces secretario general y actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reprochó a Rajoy que el pacto era “una vergüenza que el Gobierno traslada al resto de España”.
“El consenso parlamentario exigía al Gobierno que se opusiera a cualquier sistema directo o indirecto de expulsiones colectivas, pero sólo habrá tratamiento individualizado si unos refugiados se quedan y otros son devueltos no será real si cada tramitación se deduce en la expulsión por el mero dato de venir de Turquía (...) Eso es dar apariencia de legalidad a una expulsión colectiva”, sostuvo entonces Sánchez en el Congreso de los Diputados.
La suya era una voz más entre la lluvia de críticas que recibió el acuerdo aquellos días. En virtud de este pacto, toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas sería deportada a Turquía. A cambio de lo que muchas ONG calificaron como el “acuerdo de la vergüenza” para frenar los flujos, el Gobierno turco recibiría 6.000 millones de euros por parte de la UE.
Desde entonces, numerosas organizaciones han denunciado las condiciones “inseguras, degradantes y sin acceso a atención médica” de miles de refugiados, solicitantes de asilo que se continúan atrapados en las islas griegas.