Las tobilleras electrónicas, utilizadas en Estados Unidos para vigilar algunos inmigrantes en situación irregular, impactan emocional, mental y físicamente en quienes son obligados a usarlas. Según un nuevo informe, el dispositivo causa dificultades para dormir, problemas de salud mental y en el trabajo e ideas suicidas.
La noticia surge cuando la Administración de Biden trata de impulsar el uso de dispositivos de control digital como alternativa a encerrar en prisiones a las personas que aguardan los resultados de sus procesos judiciales de inmigración.
Los detalles se encuentran en el informe Las prisiones cibernéticas para la inmigración: Acabando con el uso de los grilletes electrónicos (Immigration Cyber Prisons: Ending the Use of Electronic Ankle Shackles), una investigación de la Benjamin N Cardozo School of Law, la ONG Freedom for Inmigrants (Libertad para los Inmigrantes) e Immigrant Defense Project (Proyecto de Defensa para el Inmigrante).
Los inmigrantes entrevistados describieron la terribles circunstancias de una vida bajo vigilancia: el 12% consideró suicidarse por culpa de este control y el 88% mencionó problemas de salud mental, problemas para dormir, migrañas y depresión.
“Traumática y abusiva”
“Me quedé muy sorprendida con los hallazgos de este informe”, dice Layla Razavi, directora ejecutiva adjunta de Freedom for Immigrants. Dice estar familiarizada desde hace dos décadas con los brazaletes electrónicos, a los que siempre consideró dañinos, pero no comprendía el alcance de lo “traumática y abusiva” que resultaba la práctica hasta que vio las estadísticas.
Las tobilleras electrónicas, que monitorean la geolocalización, desde hace tiempo son usadas en el sistema de justicia criminal de EEUU, y durante los últimos 20 años, por las autoridades migratorias. Pero mientras que algunos políticos buscan terminar con las detenciones por inmigración y la Administración de Biden rescinde los contratos con las prisiones locales privadas que mantienen tras las rejas a los inmigrantes, los esfuerzos se dirigen a fortalecer la alternativa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a la detención: el Programa de Supervisión Intensiva (ISAP).
El programa utiliza brazaletes electrónicos y aplicaciones de telefonía móvil para monitorear a las personas que, en otro caso, habrían sido encarceladas.
De los 96.574 individuos registrados en ISAP en mayo de 2021, 31.069 utilizaban brazaletes electrónicos. Se les exige a los inmigrantes monitoreados por el ISAP que permanezcan dentro de las 70 millas (112,7 km) alrededor de su hogar y, por lo general, no se les permite cruzar las fronteras entre estados.
BI Incorportated, una filial de la compañía de prisiones privadas GEO Group, ha mantenido un contrato con el ICE desde 2004, mediante el cual garantiza la provisión de las tobilleras electrónicas. Su contrato fue renovado tres veces, alcanzando la cifra de 2.200 millones de dólares el año pasado. La compañía declinó responder preguntas sobre los brazaletes y las quejas de los inmigrantes, y redireccionó todas las consultas al Departamento de Seguridad Nacional.
Ante el aumento de la presión sobre las detenciones, GEO Group implementa varias estrategias para impulsar su filial de monitoreo. Entre ellas, el apoyo de la First Step Act (ley del primer paso) de Trump, que exigía a las personas bajo arresto domiciliario pasar las 24 horas del día monitoreados con algún dispositivo electrónico.
Los autores del informe sobre vigilancia digital llaman “grilletes” a los dispositivos, lo que evoca a una bola y una cadena [símbolo de la esclavitud] antes que a un pulcro reloj Fitbit. Cada vez más, las autoridades consideran los dispositivos electrónicos como una opción preferible a la detención.
El documento describe la manera en que el monitoreo causa daños físicos y psicológicos, restricciones en el movimiento, dificultades en la interacción interpersonal y dificultades para hallar y conservar un empleo.
Calambres y calor excesivo
Alrededor del 90% de los participantes padecieron daños en su salud física, incluyendo calambres, adormecimiento debido a la obstaculización de la circulación sanguínea, incomodidad causada por el calor excesivo de la batería e hinchazón. Uno de cada cinco individuos aseguró haber sufrido descargas eléctricas del dispositivo, entre ellos una persona que tuvo que acudir a urgencias.
Casi todos los participantes se sintieron aislados socialmente a causa del brazalete. Uno de los encuestados describió el dispositivo como “una letra escarlata moderna”, es decir, una manera de marcar a los inmigrantes.
Más de dos tercios de los participantes indicaron que sus familias habían afrontado dificultades económicas porque habían perdido el empleo o habían tenido más dificultades para encontrar un trabajo debido a la tobillera electrónica.
La experiencia de Laura
Laura A trabajó como fabricante de madera durante los once meses de 2018 en los que usó el brazalete. Sus compañeros de trabajo escuchaban el pitido del dispositivo cuando ella cambiaba o cargaba la batería.
“Otros inmigrantes lo veían y decían que las autoridades aparecerían por mi culpa y que no debería trabajar ahí. Les preocupaba ser deportados si el dispositivo sonaba y el ICE llegaba al lugar”, cuenta a The Guardian en una entrevista conducida en español.
Los efectos psicológicos persistían incluso después de la retirada de los dispositivos de vigilancia, afirma el informe. Un 38% de los participantes en la investigación creen que el impacto del brazalete en su salud mental será permanente.
Máxima Guerrero, activista residente en Phoenix, fue detenida en junio de 2020 durante una de las protestas por la muerte de George Floyd, en la que afirma que los oficiales de policía acorralaron a más de 100 personas hacia un espacio sin salida, donde las arrestaron.
Guerrero es una de las beneficiadas por la política migratoria de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era Obama destinado a los inmigrantes indocumentados que hubiesen llegado a Estados Unidos siendo niños, gracias al cual se mantuvo a salvo de la deportación. Pertenecer al programa DACA no evitó que el departamento de policía local, que tiene un contrato con el ICE, contactara a la Agencia para arrestarla.
Problemas de salud mental
Fue liberada con un brazalete electrónico que debió usar durante un mes. El ICE la llamó en dos ocasiones debido al funcionamiento defectuoso del dispositivo, que erróneamente reportó que ella se encontraba fuera del área permitida, cuando en realidad estaba en su casa o a la vuelta de la esquina comprando comida. Cuando le dijo a su agente ISAP lo que estaba sucediendo, le dijeron que “había un fallo en el sistema y que todo estaba bien”.
“Pero yo no estaba bien”, dice Guerrero a The Guardian. Actualmente, va a terapia.
Muchos inmigrantes mencionan haber sufrido dificultad para dormir a causa de las luces, los sonidos de alarma y las vibraciones de la batería del dispositivo. Asimismo, hablan del temor de que no esté debidamente cargado, lo que podría derivar en una llamada o una visita del ICE.
Laura se despertaba en mitad de la noche con el sonido de la alarma, una de los tantos errores de la batería. El ICE llamaba a los pocos minutos preguntando dónde se encontraba. “Me asustaba tanto, a la una, dos de la mañana”, dice. A Laura le dieron dos baterías que, se suponía, debían durar ocho horas cada una tras una carga completa, pero que por lo general duraban solo dos.
Un inmigrante jamaicano, que pidió permanecer anónimo para evitar represalias del ICE, tuvo que llevar su dispositivo de control por 13 meses durante el Gobierno de Trump, tras haber sido liberado de un centro de detención del ICE.
Pasar por un detector de metales
El brazalete presentó fallos en su funcionamiento en cuatro ocasiones, lo que le causó grandes disgustos. Obtuvo un empleo en una empresa trasportista, donde día tras día tenía que explicar a guardias de seguridad por qué su tobillo sonaba cada vez que pasaba por un detector de metales.
“Nunca pude pasar por el detector de metales sin tener que decirle al guardia de seguridad: ‘Mira, hombre, tengo un brazalete electrónico en mi pie’. Y cada noche tenía que explicárselo a un guardia de seguridad diferente”. Dice que estaba constantemente preocupado por la carga de la batería y por llegar tarde al trabajo.
El ICE hace un gran esfuerzo por aumentar la tasa de participantes del ISAP que se presentan ante la corte, para así justificar el uso de los brazaletes electrónicos dentro de su programa.
Los autores del informe afirman que estos datos son erróneos y que los programas de vigilancia no resultan en una mayor participación en los procesos judiciales, en comparación a la obtenida mediante programas legales y de apoyo, los cuales resultarían una mejor alternativa. Citan múltiples instancias en las que diversas ONG habían trabajado junto a inmigrantes con alto riesgo de fuga, a los que ofrecieron representación legal. Casi el 100% se presentó ante la corte.
“Cuando ellos reciben esa clase de apoyo se presentan, porque la gente quiere seguir el camino legal y regularizar su situación. Es el objetivo para casi todas esas personas”, dice Razavi.
Los autores exigen a la administración de Biden que reduzca de inmediato su uso del ISAP y que quite los dispositivos a los individuos, pero sin encarcelarlos. La Casa Blanca derivó las preguntas sobre el ISAP al Departamento de Seguridad Interior, que no respondió nuestras consultas.
“El jurado sigue sin saber cómo la administración de Biden abordará este fallido programa”, dice Peter Markowitz, codirector de la Clínica de Justicia Inmigratoria Kathryn O Greenberg de la Benjamin N Cardozo School of Law. “Espero que examinen con detenimiento esta investigación y se den cuenta del profundo daño que causa el programa”.
Traducción de Julián Cnochaert