¿Las fronteras de un país de la UE son fronteras de la UE? Esa pregunta con una respuesta que parece sencilla no se responde igual si el país es España, Italia o Grecia o si es Austria, Hungría o Polonia. En particular si estamos hablando de personas que huyen del hambre y las guerras, ya sea de Oriente Próximo o de África. Pero, ya sea en términos geográficos, políticos, técnicos o de Schengen, lo cierto es que quien llega a un país de la UE, si arregla sus papeles podrá moverse por todo el sistema comunitario.
El anterior presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, intentó abordar la crisis de los refugiados de hace cinco años con un mecanismo de reparto de refugiados entre los diferentes países de la UE: independientemente de qué país los reciba o los rescate en medio del Mediterráneo, el reparto debía hacerse con cuotas. Pero fracasó, porque países como Hungría, Polonia o Austria se negaron, aunque Merkel diera un paso adelante con aquella célebre frase: “Lo lograremos”.
Un lustro después de aquella premonición, lo cierto es que la Unión Europea sigue sin una política común en relación con los refugiados y la migración. Pero la crisis recientemente vivida en el campo de Moira, financiado con dinero comunitario, en la isla griega de Lesbos, parece haber acelerado los trabajos en Bruselas.
Así, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes por la tarde que la próxima semana, el día 23 de septiembre, presentará su propuesta –se había rumoreado que iba a ser el 30–. Dependerá de los 27 Gobiernos que prospere o que se entierre como pasó con la de Juncker. Además, Von der Leyen ha anunciado que el futuro reconstruido campo de Moirá tendrá una gestión compartida entre el Gobierno griego y la Unión Europea.
“Las posiciones españolas e italianas no son las únicas que hay”, dicen fuentes diplomáticas: “Lo que le hemos dicho a la Comisión Europea es que lo que no puede es premiar la falta de solidaridad. Hemos llegado aquí entre otras cosas porque hay Estados miembros que niegan la reubicación obligatoria en momentos de crisis”.
El Gobierno español teme que “la Comisión Europea estará más en la línea de una solidaridad a la carta. Si eso es así, tendremos que decir que no nos gusta, y ver la carta y el contenido. ¿Estamos premiando a quien no está dispuesto a hacer nada? ¿Es una decisión equilibrada? No que el movimiento secundario sea algo fruto de la desidia del país de llegada. Cuando la llegada es por rescates, es una obligación de derecho internacional público y por cumplir con ese compromiso, ¿vamos a ser penalizados? Todo esto plantea un debate sobre en qué consiste una política más o menos común de asilo y migración”.
Las fuentes se preguntan: “Frente a la migración económica, ¿qué es el asilo? Eso lo tiene que resolver la Comisión Europea. Vamos a tener que remar, parece claro. Lo que pasó en Lesbos nos demuestra que tenemos que hacer algo, no podemos seguir así. Europa ha de implicarse más en su conjunto”.