Bruselas presentó en mayo de 2016 una reforma para repartir de forma automática los migrantes demandantes de asilo. Y esa reforma ha sido enterrada esta semana.
La reforma del reglamento de Dublín presentada hace más de dos años abogaba por que el Estado miembro responsable de tramitar la demanda de asilo fuera aquel por el que el demandante accediera al territorio comunitario, si bien proponía complementarlo con el mecanismo automático de reparto que se activaría cuando ese país de entrada viera sobrepasada su capacidad de acogida.
Ese mecanismo correctivo –pensado para que los países más presionados, como Grecia, Alemania e Italia, pudieran enviar a demandantes de asilo a sus socios comunitarios– sería activado de forma automática cuando se rebasase el 150% de su capacidad de acogida, que sería calculada en función de la población y del PIB (con un peso del 50% cada uno).
El excedente de refugiados que no pudiera asumir el país con problemas se repartiría entre los demás Estados miembros también en función del PIB y de la población, aunque además se tendría en cuenta el reasentamiento de refugiados desde países terceros que haya realizado cada país.
Según el mecanismo que sugería Bruselas, además de los Estados miembros que pagaran 250.000 euros por cada refugiado que se negara a aceptar, quedarían también excluidos del reparto de refugiados los socios comunitarios cuya capacidad de capacidad de acogida se encontrase cercana al 100%.
Pues bien, desde mayo de 2016 no ha sido posible llegar a un acuerdo definitivo para poner el sistema en marcha. Y esta semana la Comisión ha decidido enterrarlo.
“Hemos discutido esto muchas veces, es una discusión que se ha tenido muchas veces y está agotada”, ha reconocido, en griego, el comisario de Migraciones, Dimitris Avramopoulos: “El mecanismo tiene que basarse en la voluntad, y tiene que haber una red de seguridad para garantizar que los Estados miembros no pierdan apoyo. Podemos conseguir un acuerdo equilibrado. Dublín es una prioridad porque no sabemos qué nos depara el futuro. Tenemos que reformarlo y toda la responsabilidad es de los Estados miembros. Necesitamos tiempo para reformar el reglamento y es lógico que requiera tiempo porque es un asunto sensible”.
“Más de dos años después de que la Comisión pusiera su propuesta sobre la mesa”, explica el Ejecutivo comunitario, “las posiciones divergentes de los Estados miembros persisten, a pesar de la prioridad del asunto”.
Y, para ello, Bruselas apela a la “voluntad” de cada país: “Los Estados miembros deberían comprometerse voluntariamente para cada uno de estos componentes –la dimensión externa, las fronteras y la dimensión interna–. Esta aproximación debería aparecer en primer lugar en cada Estado miembro, demostrando su voluntad de reforzar el actual sistema identificando la ayuda y apoyo que puede facilitar. Los mecanismos de coordinación cooperativa podrían entonces ajustarse a las necesidades del terreno”.
Y para el caso de que no sea suficiente con la “voluntad”, la Comisión reclama la existencia de una “red de seguridad” que está por definir: “Este marco también debería estar respaldado por un medio que garantice que la solidaridad dé como resultado un equilibrio efectivo entre los diferentes elementos del sistema, en particular, en lo que respecta a la dimensión interna, mediante la asignación, incluida la cantidad de personas que llegan o desembarcan en el fronteras exteriores. Para momentos de particular presión, debe incorporarse una red de seguridad en el sistema, que garantice que, en ausencia de promesas voluntarias suficientes por parte de los Estados miembros, se pueda garantizar un apoyo real al Estado miembro en cuestión y de manera justa entre cada Estado miembro”.
Mientras el sistema de asilo que pospuesto para negociarlo, Avramopulos pidió al Consejo y al Parlamento Europeo (PE) la adopción rápida (antes de las elecciones europeas del próximo mayo) de cinco propuestas legislativas sobre las que ya existe un acuerdo político entre los países de la UE.
Esas cinco propuestas incluyen la normativa para asegurar una mayor convergencia en el reconocimiento de la condición de refugiados y la normativa que garantizará que los demandantes de asilo reciban unas condiciones similares en toda la UE. Las otras tres propuestas sobre las que ya hay consenso son: las normas para el refuerzo de la agencia de asilo, las destinadas a reforzar la base de datos Eurodac para gestionar la inmigración irregular (con fotografías y huellas dactilares) y el marco europeo para el reasentamiento de refugiados.
Pendientes de acuerdo, además de la regulación sobre el procedimiento de asilo y la reforma de Dublín, queda el refuerzo de la agencia europea de fronteras Frontex. Los países acordaron el viernes que Frontex participe en el futuro en las devoluciones de inmigrantes irregulares y coopere con terceros países en la gestión migratoria, aunque aplazaron la decisión sobre la cifra de policías para reforzar la agencia, sobre la que los estados discrepan. Pero aún queda pendiente de poner en marcha la propuesta de la Comisión de aumentar el número de efectivos de la agencia, con 10.000 agentes más de aquí a 2020.