La 'Europa fortaleza' está detrás de todas las medidas en materia migratoria que salen de los despachos de Bruselas en los últimos años. Si hace unos meses el objetivo fue incrementar el retorno de inmigrantes sin papeles, ahora la Comisión Europea pone sobre la mesa una nueva regulación que tiene por objetivo acabar con las mafias que trafican con seres humanos. La principal herramienta que contempla la propuesta del gobierno comunitario, que tendrá que negociarse con los 27 y la Eurocámara, es armonizar y subir las penas existentes para el tráfico de migrantes.
“Se tipificará como delito la instigación pública a entrar en la UE sin autorización. Esto incluye el tráfico de inmigrantes anunciado a través de herramientas digitales y redes sociales”, señala Bruselas en un comunicado. Respecto a las penas, plantea que lleguen hasta los 15 años para los culpables de tráfico de migrantes en los casos agravados, que son aquellos en los que se produzca la muerte de una o más personas. Las normas actuales limitan el castigo a los ocho años de prisión.
También pretende ampliar la jurisdicción de los estados miembros a las aguas internacionales cuando se produzcan naufragios. “La jurisdicción de los Estados miembros también se amplía a otros casos, incluidos los delitos cometidos a bordo de buques o aeronaves matriculados en los estados miembros y los delitos cometidos por personas jurídicas que realicen negocios en la UE. El objetivo es centrarse específicamente en las redes delictivas”, señala el comunicado que incluye, no obstante, la coletilla de que “no deben criminalizarse actividades como la ayuda humanitaria de las ONG” que se dedican a las labores de búsqueda, rescate y asistencia.
La Italia de Giorgia Meloni, por ejemplo, ha puesto en la diana a esas organizaciones, a las que penaliza con multas e incluso confisca las embarcaciones. De hecho, Meloni llegó a bloquear el acuerdo migratorio en el seno de los 27 por la inclusión de un párrafo que especificaba que las “operaciones de ayuda humanitaria no deben considerarse instrumentalización de migrantes cuando no hay objetivo de desestabilizar a la Unión o a un estado miembro”. El resto de socios cedieron a sus exigencias y eliminaron esa parte en aras de un pacto. El asunto, uno de los más peliagudos en el seno de la UE, se está negociando ahora entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, bajo la batuta de la presidencia española.
La voz de Meloni se sumó a la de otros líderes europeos de extrema derecha, como el húngaro Viktor Orbán y el polaco Mateusz Morawiecki. Pero en la UE se van imponiendo cada vez más las posiciones duras contra la migración conforme van creciendo los movimientos de extrema derecha como ha ocurrido ahora en Holanda con el ultraderechista Geert Wilders, cuya victoria ha agitado las aguas en Bruselas, especialmente por sus posicionamientos antieuropeos.
En un momento en el que las llegadas de personas migrantes se han incrementado en la UE -331.000 entradas de personas sin papeles se detectaron en 2022 en las fronteras europeas-, Bruselas pone el foco en las mafias, que están detrás del 90% de las llegadas, según sus datos. Sus cálculos apuntan a que el tráfico ilícito de migrantes supone 4.600 y 6.000 millones de euros cada año para las mafias.
La actualización de la legislación, que tiene 20 años, pretende también que los estados miembros refuercen los recursos en materia de prevención, investigación y persecución de los traficantes así como el impulso de campañas de información y sensibilización, investigación y programas educativos. “Los Estados miembros deberán recopilar y comunicar anualmente datos estadísticos para mejorar la escala, la detección de casos y la respuesta al tráfico de migrantes”, señala la Comisión.
En el marco de una conferencia internacional sobre el tema que se ha celebrado este martes en Bruselas, la Comisión también ha propuesto un reglamento para reforzar el papel de Europol y la cooperación interinstitucional en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos teniendo como base el Centro de Europol contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, cuya actividad ha permitido la incautación 1.200 millones de euros en efectivo desde su creación en 2016. La intención es que los estados miembros, la propia Comisión, Eurojust o Frontex lo apoyen tanto en las actuaciones operativas como en la investigación. La iniciativa también plantea un incremento de los recursos financieros y humanos para Europol así como una mejora en el intercambio de información.