Cuando una vida se pierde en el Mediterráneo, alguien espera respuestas al otro lado de la frontera. Desde Francia, un joven guineano envía un mensaje a un colectivo que se encuentra pendiente de los supervivientes del último naufragio en el Mar de Alborán. “No he podido dormir en toda la noche”, escribe con angustia. Adjunta una foto. Es un chico muy joven. Otra persona manda una imagen del pasaporte de su hermano pequeño. Tiene 19 años.
Esta semana, 49 familias aguardaban nuevas noticias sobre las personas que viajaban en la patera naufragada en el Mar de Alborán este jueves. Sabían que entre ellas hay 22 fallecidos, pero desconocían si su hijo, su hermano, o su amigo formaban parte del listado de vivos o muertos. Sabían también que ni España ni Marruecos ha buscado los cuerpos de sus seres queridos, que sus cadáveres han sido abandonados en las aguas del Mediterráneo. A pesar de las trabas institucionales, la ONG Caminando Fronteras ya tiene un listado con los nombres de todas las personas que viajaban en la patera y los han cotejado con los de aquellos que han sobrevivido, gracias a la información facilitada por los familiares y contactos extraoficiales.
Los 22 chicos desaparecidos proceden de Gambia, Senegal, Guinea Conackry, Costa de Marfil y Malí, según relata Helena Maleno a eldiario.es. Entre ellos,“hay muchos menores de 18 años”. Cada uno cargaba sobre su espalda con una historia que le había empujado a arriesgar su vida para intentar llegar a Europa. “Desde personas que han salido por el conflicto de Malí, hasta otras que han migrado por otras situaciones de falta de derechos, como los costa marfileños o los guineanos”, describe la fundadora de Caminando Fronteras.
Algunas de las personas fallecidas sobrevivieron a un naufragio reciente, en el que, tras ver morir a 26 compañeros, fueron trasladados de vuelta a Marruecos después de ser rescatados por las autoridades del país vecino. “Sobrevivieron a este primer naufragio pero no han sobrevivido al segundo”, lamenta Maleno. Fomento dice que no ha buscado los cadáveres porque el naufragio“sucedió en zona SAR [de búsqueda y rescate] marroquí”.
Identificar a los desaparecidos de manera extraoficial no ha sido fácil. “Todo esto es muy doloroso porque oficialmente la Policía no da estos datos y tampoco puedes decir a las familias que llamen a algún teléfono para que las autoridades les digan quiénes están en el mar y quiénes no”, cuestiona la defensora de los derechos de los migrantes. A ello se suma que ni la Administración española ni la marroquí han reconocido la desaparición de estos 22 náufragos.“No hubo búsqueda de los cuerpos, ninguno de los dos Estados los da por desaparecidos, con lo cual es aún más complicado”, reconoce la activista que ha estado en los últimos tres días en contacto con quienes sí los echan en falta.
El protocolo policial activado tras el desembarco de una patera rescatada conforma otro de los obstáculos a la identificación. Los supervivientes, después de pasar cerca de 24 horas a la deriva, ver morir a 22 compañeros y observar sus cuerpos arrojados en el mar, fueron detenidos por la Policía Nacional en cumplimiento de la Ley de Extranjería. La norma obliga a trasladar a comisaría durante un máximo de 72 horas a los migrantes llegados a territorio español de forma irregular con el objetivo de identificarles, iniciar los trámites de expulsión y someterles a un interrogatorio. Por lo general, si no requieren atención hospitalaria, son enviados de forma directa a dependencias policiales.
En el caso del último naufragio, 21 supervivientes fueron derivados al Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE)–en la práctica, una extensión de los calabozos policiales destinada a migrantes recién llegados en patera–del Puerto de Motril, donde han pasado las últimas dos noches. El Defensor del Pueblo ha exigido al Gobierno en varias ocasiones el cierre de estas dependencias “por carecer de los servicios más elementales”.
Sin acceso a sus móviles y con permiso para realizar una sola llamada, el contacto con sus allegados para avisar de que han sobrevivido se complica. Para tranquilizar a una madre, a un padre, a una hermana que miran su móvil con atención pendiente de un “he llegado”.
Ante este contexto, las ONG Caminando Fronteras y Coordinadora de Barrios llevan años solicitando la aplicación del 'Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples' ante naufragios migratorios o el diseño de un plan similar para estos casos. El Defensor del Pueblo ha apoyado el desarrollo de un plan para tratar de una manera más “humana” estos casos.
El protocolo incluye la activación de “un punto de información donde se dará información a familiares y allegados, y se orientará a los mismos para que sean atendidos correctamente a lo largo del proceso”. En este sentido, Caminando Fronteras ha propuesto en distintas ocasiones la creación de un mecanismo sencillo adaptado a la realidad de los procesos migratorios como “un número de teléfono donde los familiares que no están en Europa pudiesen preguntar si han desaparecido”.
El establecimiento de una “oficina de recepción de denuncias” con el objetivo de “encargarse de tramitar todas las denuncias sobre personas desaparecidas o posibles víctimas”es otra de las medidas incluidas en el protocolo que marca la respuesta de las autoridades ante tragedias como accidentes de tren o de avión.Una de sus funciones es la elaboración de “listas de desaparecidos” y la centralización de todos los datos en relación a los mismos. No sé aplica en casos de naufragios de pateras.
El CATE de Motril
Cuando los supervivientes llegaron a Motril, Cruz Roja Española les sometió a un chequeo médico y expuso a la Policía la necesidad de atender a algunos de ellos en una breve consulta individual con el equipo psicológico de la organización.“Había chicos que venían en estado emocional más deteriorado, se habló con ellos en privado”, explica el portavoz de la ONG en Granada.
Los 21 supervivientes (6 más fueron trasladados al hospital) han pasado dos noches en las dependencias policiales levantadas en el mismo puerto, unos módulos prefabricados situados en un dique al borde del mar. Estos calabozos–que Interior rechaza calificar como tal–han sido objeto de numerosas críticas por parte del Defensor del Pueblo. “Las instalaciones no reúnen condiciones de salubridad y un acondicionamiento básico suficiente para la acogida de decenas de personas”, afirmó la institución tras su visita en noviembre de 2017, que repitió en septiembre de 2018 que seguía manteniendo “las mismas conclusiones”.
Estos módulos no cuentan con luz natural y están formados por celdas que no disponen de literas, salvo las de mujeres, “lo que obliga a que los hombres detenidos tengan que depositar las colchonetas en el suelo para dormir”, según ha comprobado en septiembre de 2018 el Defensor del Pueblo.Aunque el objetivo declarado de los CATE es que los migrantes recién llegados estén en unas condiciones más amables, el centro de Motril acumula un largo historial de denuncias.
“Es una vergüenza. Están violando los derechos humanos de personas que han sufrido mucho. Cuando llegan, las familias quieren saber qué ha pasado. Primero, para ver dónde esta la responsabilidad. Segundo, para saber quién está vivo y quién muerto. También quieren conocer si alguien está buscando los cuerpos. Si han llegado cuerpos a la costa... Este es el drama de todas las tragedias”,resume Helena Maleno. “Necesitan respuestas para hacer el duelo”.