Los agricultores de coca en Colombia: “No somos narcotraficantes, somos víctimas”

“Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros somos víctimas. Caímos en una trampa y tenemos que levantarnos poco a poco y volver a sembrar comida”. Un líder social del departamento del Cauca habla ante una audiencia de unos 250 agricultores de coca y marihuana en la caseta comunal de su vereda para escuchar la propuesta oficial del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) pactado entre el Gobierno y las FARC.

Según datos del gobierno colombiano, el 81% de los cultivos de uso ilícito se concentra en seis de los 32 departamentos. El 43% de las aproximadamente 100.000 hectáreas sembradas con coca en todo el país está localizado en solo 10 localidades y, teniendo en cuenta esa concentración, 40 municipios están siendo priorizados para la aplicación del PNIS durante el primer año.

A la dificultad del proceso se añade el miedo. “Hacer el papel de líder social a veces da miedo. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no sabe quién le está escuchando ahí delante”, se sincera el ponente –que prefiere mantener el anonimato–, después de hablar de la situación de los agricultores de coca delante de un centenar de personas.

No se equivoca. En esa misma línea trabajaba Faiver Cerón Gómez, líder social del municipio de Mercaderes, al sur del Cauca, cuando fue asesinado el 18 de febrero por grupos paramilitares, según la organización local. Cerón participaba en la resistencia regional a la minería y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Con él, al menos son 18 los líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia este año.

Sustituir los cultivos de coca

“Hay que entrar ahora al programa porque luego será un despelote”, comenta una campesina en la reunión, refiriéndose a las interferencias que supondrá la campaña electoral para las elecciones presidenciales de mayo de 2018.

Estas serán decisivas debido a que, en el segundo acuerdo firmado el 24 de noviembre después de la victoria del 'no' en el plebiscito, la implementación de la mayor parte de los acuerdos de paz depende de decisiones políticas del Gobierno, y por tanto de los nuevos comicios.

El programa de sustitución sería el primer paso para la aplicación del punto cuarto de los acuerdos de paz, relativo a la búsqueda de una solución al problema de las drogas. También se trata de una de las medidas clave para llegar a cumplir el apartado uno, acerca de la Reforma Rural Integral, que no establece ningún mecanismo de redistribución de la tierra.

Los afectados, sin embargo, se muestran desconfiados. “Desde el Gobierno de Turbay –de 1978 a 1982– han prometido muchos programas, acuerdos y planes que nunca han cumplido”, explica Benjamín Perales, vecino del municipio de Corinto, uno de los que serán prioritarios en la aplicación del PNIS. Perales se acuerda del programa Plante y Pa'lante para erradicar coca, marihuana y amapola que el Gobierno presentó en 1995 en varias regiones del país que aún esperan, en muchos casos, las medidas prometidas.

Qué supone acabar con los cultivos de coca

Hace 14 años que este agricultor empezó a cultivar coca, cuando la mancha de amapola había bajado mucho de precio. Él pensaba apostar por el cultivo de café pero, apunta, “resulta que en ese tiempo Álvaro Uribe –entonces presidente– decía que iba a acabar con el narcotráfico y con la guerrilla. Con eso, la coca se disparó. Estuvo a 75.000 pesos (25 euros) la arroba en 2003”.

Él gestiona también un cibercafé con cuatro ordenadores y es mecánico de motos por las tardes. Sin embargo, su principal sustento es el cultivo de una hoja que sabe que atrae violencia y muerte.

Acabar con ella sería un cambio importante a nivel psicológico porque, apunta, ya no viviría continuamente pendiente de la posible llegada de los soldados a su zona. También económico. El colectivo sospecha que los agricultores pasarían a ganar menos.

Empieza el informativo de televisión de las siete de la tarde. Una periodista explica que las zonas de desmovilización para las FARC aún no están finalizadas. “Si no han podido acomodar a la guerrilla, ¿cómo van a poder acomodarnos a todos nosotros?”, se pregunta Perales.

La erradicación como primera opción

“No hay voluntad política de cumplir con el espíritu de los acuerdos”, asegura en una entrevista telefónica Óscar Salazar, líder popular del sur del Cauca. Salazar es delegado de la Cumbre Agraria, organización que reúne a la mayoría de organizaciones y movimientos sociales rurales.

El cuarto punto del acuerdo final de paz predica que “a los cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades”.

Según asegura Salazar, “la erradicación la están enfocando como primera opción” porque reina “la antigua visión, bastante dura, que el Estado y el Ejército se empeñan en tener”. Los acuerdos de paz añaden que “el Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión”. “Esto ya es un polvorín”, evalúa el líder caucano.

Para la erradicación de plantaciones de coca, Colombia utilizó la técnica de la fumigación aérea con glifosato durante aproximadamente 30 años. En 2015 ilegalizó esta práctica, que acababa con la vida de ecosistemas y provocaba enfermedades a las comunidades colindantes a las plantaciones, además de eliminar otros cultivos de productos legales.

La intención pública era aplicar, de nuevo, programas de sustitución sostenible y desarrollo rural alternativo pero el único efecto visible de esa medida legal fue el incremento alarmante del número de hectáreas sembradas con coca en el país. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), de 2014 a 2016 pasaron de 69.000 a 96.000.

Organización contra erradicaciones

Desde entonces, el Estado ha seguido erradicando a través de fumigaciones terrestres con glifosato –a pesar de que el uso de este químico de Monsanto ha sido objeto de debate por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes y de movimientos de la sociedad civil– y de erradicaciones manuales con equipos especializados de la fuerza pública.

Las localidades del país afectadas por esta práctica han protagonizado protestas y concentraciones en sus plantaciones para denunciar que esas medidas se contradicen con lo pactado en los acuerdos de paz. Tratan de evitar que eliminen los cultivos que forman su sustento familiar.

Según varias asociaciones de campesinos, en los departamentos de Putumayo, Cauca, Nariño, Caquetá y Guaviare se han registrado varios centenares de erradicaciones forzadas en el último año.

Miedo y falta de garantías

Durante un plazo de dos años, los núcleos familiares de agricultores que arranquen voluntariamente las hojas de sus matas de coca recibirán, según el Gobierno, 327 euros al mes durante un año, así como materias primas, herramientas y asesoramiento técnico para proyectos agrícolas de larga duración por valor de 7.500 euros.

Esta es la opción que están barajando algunas de las familias de los 40 municipios priorizados. Muchas se preguntan si será cierto, si esta vez irá en serio. Si sus veredas dejarán de ser el escenario del primer escalón del narcotráfico.

Los miedos son varios. Miedo de arrancar los arbustos de coca, su sustento diario, y luego no recibir los recursos prometidos por el gobierno. De apuntarse, con nombre y apellidos, a una lista que recogerá información del campesinado cocalero que hasta hoy es criminalizado y perseguido judicialmente. Miedo de que la población no consiga vender a buen precio el plátano, el cacao o el aguacate que decidan plantar y, en consecuencia, se incrementen los robos y la violencia. La falta de garantías y el histórico incumplimiento gubernamental se suman a unas circunstancias globales que no apuntan hacia un cese del negocio del narcotráfico.

“Da miedo: matan a uno aquí, hay tiroteos allá. Luego vienen las autoridades y preguntan si vimos algo”, se lamenta otro campesino del municipio de Corinto que también prefiere guardar el anonimato. Hace cosa de un año llegaron unos cuantos soldados y le pidieron permiso para entrar a erradicar sus plantas de coca. “Yo les dije que no, pero ellos entraron igualmente y tumbaron unas pocas de ese lado”.

Al cabo de unas semanas, volviendo del funeral de un viejo amigo que fue asesinado se encontró con que los soldados habían regresado y no habían dejado ni una planta en pie. “Menos mal que yo tengo seis ganaditos, de eso vamos viviendo”.