Canarias sella un pacto con Feijóo para el reparto de menores migrantes que se aleja de lo acordado con el Gobierno

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha cambiado de interlocutor principal en su intento de conseguir los apoyos necesarios para trasladar por el resto de España a los menores migrantes llegados al Archipiélago. Si antes pedía al Partido Popular que se sumase a lo negociado con el Gobierno central, ahora ha optado por la estrategia contaria. El líder canario ha firmado un acuerdo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de desbloquear la distribución de estos niños y adolescentes, después de que fuesen precisamente los populares quienes tumbasen junto a Junts y Vox la reforma de la Ley de Extranjería, la vía con la que el Gobierno autonómico y el estatal defendían aprobar el sistema de reparto obligatorio.

El Gobierno canario hace suyas varias de las reivindicaciones repetidas por el Partido Popular para justificar su rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería que Clavijo pretendía sacar adelante el pasado mes de julio junto al Gobierno estatal. Entre ellas, se encuentra la declaración de la emergencia migratoria en toda España, con el objetivo de facilitar la contratación pública relacionada con la acogida de migrantes; la convocatoria de la conferencia de presidentes; la dotación de financiación “suficiente” a las comunidades autónomas para albergar a menores migrantes y una convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de la Infancia para pactar los criterios de reparto con todas las comunidades autónomas.

El pacto también incluye un punto que hasta ahora había sido rechazado con contundencia por Clavijo en el anterior proceso de negociación de la reforma de la Ley de Extranjería: el referente a la confirmación previa de la minoría de edad de los chavales repartidos entre las comunidades autónomas. Hasta el momento, el presidente canario siempre ha insistido en que los niños y adolescentes debían ser trasladados a la península aunque hubiese dudas sobre su edad, mientras que las comunidades gobernadas por el PP insistían en que la edad de los menores debería ser indubitada antes de proceder al reparto, por lo que tendrían que haber sido sometidos a las pruebas de determinación de la edad previamente si fuese necesaria. El Gobierno isleño se oponía debido al tapón existente en el Archipiélago con respecto a estos exámenes médicos, lo que podría retrasar las derivaciones de los chicos en un momento de emergencia, pero tras su encuentro con Feijóo ha aceptado la exigencia de los populares.

En relación a la reforma de la Ley de Extranjería, el pacto pide que el Ejecutivo se haga cargo de las plazas de acogida que tengan que abrirse, no solo en el marco del nuevo mecanismos de traslados, sino también para sufragar las plazas “extraordinarias” que tuviesen que haber abierto las comunidades autónomas desde 2020. Según su planteamiento, el Estado financiaría los recursos de las comunidades autónomas cuya red de acogida se encuentre entre un 100% y un 150%, “desde su llegada hasta su emancipación”. Este es uno de los puntos que el Gobierno central calificó de “inasumible” en el anterior proceso de negociación dado que, según su criterio, podría llegar a sobrepasar las competencias marcadas por el Constitucional, pues la atención de los menores en situación de desamparo, sean españoles o extranjeros, recae en los Gobiernos autonómicos. El Ejecutivo central defendía la financiación “suficiente” de todos los traslados y la acogida posterior de esos menores, pero no se hacía cargo de la financiación de la red de acogida regular al tratarse de una competencia autonómica.

El texto añade que todas las comunidades, sin excepción, tengan que acoger a menores en el marco del reparto obligatorio, en un claro guiño a la petición de Junts de excluir a Catalunya de los planes de distribución, algo que ya estaba contemplado en la proposición de ley de la reforma de Extranjería, que establece que los menores van a ser distribuidos entre el total de las comunidades autónomas. 

Además de las cuestiones relativas al reparto de menores, el acuerdo incluye lo que los firmantes han denominado como “Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio”, que solicita medidas ligadas a la vigilancia fronteriza, como el aumento del control policial en las fronteras españolas; la exigencia de “pasaporte en tránsito” a determinadas nacionalidades a las que aún no se exige este documento, para obstaculizar las peticiones de asilo en los aeropuertos españoles; y dotar de más recursos humanos y materiales a la Comisaría General de Extranjería. El PP y el Gobierno canario incluyen iniciativas ya existentes en la actualidad, como enviar las fuerzas de seguridad españolas en los países de origen y tránsito; y la colaboración de Frontex.

Este plan también incluye la “revisión de los flujos de información entre los distintos servicios autonómicos y nacionales”. Según el texto, “el Gobierno debe garantizar que existe un seguimiento constante y continuo de toda persona llegada de manera irregular, para que los servicios autonómicos estén informados de ello y, a su vez, mejoren su interacción con los servicios de asilo, el poder judicial y los servicios encargados de dar el cumplimiento a las ordenes de retorno”. Aunque no detalla a qué tipo de información se refiere, en otras ocasiones este tipo de propuestas, que apuntan al envío de información entre administraciones públicas, en referencia a población en situación irregular que hace uso de los servicios autonómicos, ha generado polémica y en ocasiones choca con la legislación de protección de datos.

Tras la reunión, Clavijo agradeció a Feijóo que haya “aunado el criterio de 12 comunidades y dos ciudades autónomas (todas del PP) porque podemos dar un paso de gigante, y no solo porque habla de menores, sino de la migración en general”. Según dijo, ahora hay que ver “la predisposición del Gobierno central para que acabe la bronca política y que se dé respuesta a estos niños que buscan una vida mejor”. 

Tras Clavijo, Feijóo devolvió los agradecimientos al Gobierno de Canarias y elogió, en especial, “la sensibilidad, responsabilidad y sentido de Estado de Clavijo con los grupos de trabajo, con la migración y, en concreto, con los menores no acompañados”. A su juicio, lo importante del pacto firmado es que aborda no solo la situación de los menores de edad, sino que afronta el “desafío global que supone la migración”, que merece “una política integral ante la oleada ilegal de migrantes que llegan, sobre todo por la ruta canaria”, informa Álvaro Morales