Durante semanas, Hoang Thi Quynh* trabajó y durmió en una fábrica de ropa de la provincia de Tien Giang, en el sur de Vietnam. Empezaba su turno a las 7:15 de la mañana y, tras un día entero cosiendo prendas deportivas, entraba en una sala vacía del complejo de la fábrica y se preparaba para pasar la noche.
A cada trabajador se le asignaba una tienda de campaña, situadas a uno o dos metros de distancia las unas de las otras, con una esterilla, una almohada, una manta y una caja para guardar sus pertenencias. No se permitía a los trabajadores reunirse con nadie de fuera de la fábrica, incluso estaba prohibido hablar a través de las puertas de la entrada con un visitante.
La ola de COVID-19 que se extendió por las zonas industriales de Vietnam a principios de este año ha supuesto una intensa presión sobre el sector manufacturero del país, justo cuando las fábricas estaban elaborando los productos destinados a comercios para la campaña de Navidad. Vietnam es uno de los principales centros de fabricación de Asia y produce mercancías para algunas de las mayores marcas occidentales de tecnología, ropa y prendas deportivas. Los medios de comunicación se hicieron eco de la ola de contagios y anunciaron retrasos en la entrega de los iPhone 13s y de la interrupción del suministro de todo tipo de productos, desde coches Toyota hasta cortinas de Ikea.
“Vietnam probablemente produce un tercio de la ropa [para Estados Unidos]”, señala Jana Gold, directora de Alvarez & Marsal Consumer and Retail Group en Washington. “De todos los países que se han visto afectados por la pandemia, [Vietnam] ha sido uno entre los que se ha apreciado un mayor impacto en el sector manufacturero”.
Muchas fábricas pidieron a los trabajadores que permanecieran en el lugar de trabajo para cumplir las normas gubernamentales destinadas a reducir los contagios. Esta práctica ya no se mantiene. De hecho, desde noviembre Quynh duerme en su casa y se desplaza todos los días a la fábrica.
Sin embargo, la producción aún no ha vuelto a la normalidad y los analistas prevén que no lo hará hasta finales del primer trimestre de 2022. En vísperas de Navidad, los minoristas han intentado priorizar los productos más necesarios para las tiendas. Algunos han seguido haciendo envíos hasta mediados de noviembre e incluso han fletado aviones para que las prendas lleguen a tiempo a las tiendas.
Confinamiento estricto
Sin embargo, la verdadera crisis la han sufrido los trabajadores –muchos de ellos inmigrantes de otras partes del país–, que son el auténtico motor de las fábricas de Vietnam.
En julio, cuando aumentaron los casos de COVID-19, se impuso un confinamiento estricto en las zonas industriales, que prohibía a la población salir de casa incluso para comprar comida. Cientos de miles de trabajadores se trasladaron a las fábricas mediante un acuerdo conocido como “tres en uno en el mismo sitio”, según el cual los trabajadores dormían, trabajaban y comían en la fábrica. En octubre, solo en la provincia de Binh Duong, unos 300.000 trabajadores seguían este sistema.
Los migrantes que trabajaban en fábricas que cerraron durante el confinamiento no tuvieron otra opción que quedarse en el limbo, confinados en sus habitaciones de alquiler. No trabajaban y no ganaban dinero, pero se les prohibía volver a casa con sus familias. Nguyen Phuong Tu, investigadora visitante de la Universidad de Adelaida especializada en los derechos laborales de los trabajadores de las fábricas, explica que estos trabajadores disponían de poco dinero en efectivo para lidiar con esta situación tan extrema. “La mayoría intenta enviar remesas a sus familiares en su ciudad natal, por lo que esto les pilló con pocos ahorros”, indica. Aunque el Gobierno ha prestado alguna ayuda, no ha sido ni mucho menos suficiente.
Abandono masivo
Cuando a principios de octubre se levantaron las restricciones a la movilidad, muchos trabajadores decidieron que estaban hartos y abandonaron masivamente las zonas industriales. Inundaron las calles con motocicletas, con bolsas de plástico atadas y repletas de pertenencias. Solo el primer fin de semana, 90.000 personas huyeron de la ciudad de Ho Chi Minh hacia sus provincias de origen, según los medios de comunicación estatales.
Tran Thi Lan* fue una de las 300.000 personas que abandonaron Binh Duong, parte del centro de fabricación de ropa en el sur. Su zona fue el epicentro de un brote de COVID-19 y pasó cuatro meses confinada. Ella también contrajo la enfermedad. Poco después de regresar a su casa explicó a The Guardian que “sabía que tarde o temprano me contagiaría. Cada dos semanas nos hacíamos el test y se hacía evidente que el brote se iba acercando a mi habitación”.
En condiciones normales, gana un salario básico mensual de unos 4,8 millones de VND (182 euros), haciendo de formadora. Recibía 20.000 VND (80 céntimos de euro) adicionales por hora extra y 300.000 VND (11 euros) más como estipendio para la comida. Explica que no era mucho teniendo en cuenta lo agotador que era el trabajo. Su empresa, que suspendió sus operaciones durante el confinamiento, no le dio ninguna ayuda para mantenerse a flote durante ese tiempo. Dependía de los paquetes de alimentos de entidades sin ánimo de lucro. Recibió 800.000 VND (unos 30 euros) de un fondo de ayuda y su casero le redujo el alquiler a la mitad.
Según Tu, la crisis ha evidenciado la vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes y la necesidad de una mayor protección por parte del Gobierno. Los trabajos están mal pagados y son precarios. En el pasado, las empresas de capital extranjero optaban por cerrar cuando les convenía sin pagar los salarios de los trabajadores ni las prestaciones de la seguridad social.
El acceso a los servicios públicos también está vinculado al domicilio registrado en la provincia de origen, lo que significa que no pueden acceder a servicios esenciales como la asistencia sanitaria, la atención infantil o la educación de los hijos mientras trabajan lejos de casa, en las zonas industriales. “Creo que se ha infravalorado la importancia económica de estos trabajadores”, indica, “aunque sabemos que Vietnam sigue atrayendo la inversión extranjera por el atractivo de los bajos costes y la abundante oferta de mano de obra”.
Las fábricas se enfrentan ahora a una importante escasez de mano de obra porque muchos trabajadores se han marchado. Se espera que muchos permanezcan en casa con sus familias al menos hasta las vacaciones del Año Nuevo Lunar (1 de febrero de 2022).
Recuperar la producción
Gold calcula que, de los vendedores con los que trabaja, entre el 60 y el 70% de los trabajadores han vuelto a la actividad. “En épocas normales los fabricantes podrían arreglárselas, pero el aumento de la demanda en estos momentos está agravando el problema”, afirma. También hay brotes continuos y esporádicos de COVID-19, que provocan paros temporales. Además, los fabricantes y las marcas se enfrentan a continuas interrupciones en el suministro de materias primas y en los envíos.
Mohamed Faiz Nagutha, economista de ASEAN en Bank of America Securities en Singapur, subraya que es poco probable que la producción vuelva a los niveles normales hasta el final del primer trimestre de 2022. “Si se trata de recuperar el nivel que, en un mundo hipotético, habría tenido la producción, eso llevará mucho más tiempo”, puntualiza.
Gold indica que esta crisis ha llevado a algunos minoristas a replantearse cómo equilibrar el hecho de tener una cadena de suministro eficiente y menos precaria. Otros están adoptando un enfoque más selectivo a la hora de comprar bienes y están haciendo menos promociones que requieren que los productos se vendan en un número mucho mayor para obtener la misma cantidad de ingresos.
Más horas extra
Sin embargo, Tu se muestra escéptico sobre si la crisis actual supondrá una mejora de los derechos de los trabajadores. Algunos empresarios han ofrecido salarios más altos para atraer a los trabajadores de vuelta a las fábricas, pero estos beneficios son probablemente temporales. En su opinión, es necesario un cambio de política por parte del Gobierno local. “Sería cauto a la hora de afirmar que el poder de negociación de los trabajadores ha aumentado en este periodo de tiempo concreto”, indica.
Más bien, teme que se amplíen las presiones sobre los trabajadores que permanecen en las zonas industriales, ya que se enfrentan a la ingente tarea de superar meses de retraso en la producción. El Gobierno ha propuesto elevar el límite anual de horas extraordinarias de 200 a 300 horas para impulsar la recuperación del sector.
De momento, muchos trabajadores han expresado su opinión con una simple acción: han optado por irse. “Cuando estaba atrapado en la habitación de alquiler, tenía mucho miedo de contagiarme y de que esto pudiera tener un impacto en mi salud a largo plazo. Sumado al hecho de que se me acabara el dinero, me asustaba la idea de no poder volver a ver a mi familia”.
* Algunos nombres han sido modificados.
Traducción de Emma Reverter