Tirados en el suelo ante los ojos de miles de transeúntes, soportando la lluvia y el viento congelado del Pacífico que aún sopla durante estas fechas en las noches de Tijuana, más de 200 personas han permanecido esta semana frente a la garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo. Son familias, casi la mitad de ellos niños de muy corta edad, que después de atravesar México a pie, en autobús y sobre el tren “la bestia” con la caravana del “Viacrucis Migrante”, se han encontrado este recibimiento en las puertas de Estados Unidos.
“Somos un país muy acogedor, pero al igual que en su propia casa, esperamos que todos entren por la puerta de entrada y respondan preguntas honestamente”, declaró Rodney S. Scott, jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en un comunicado a la prensa. Unos 200 integrantes de la caravana llegaron el pasado domingo a la frontera acompañados de un equipo de abogados y abogadas internacionales para iniciar el proceso de solicitud de asilo.
Sin embargo, las autoridades fronterizas respondieron que no tenían capacidad y que los migrantes que pretendían ingresar a los Estados Unidos tenían que esperar en México mientras los funcionarios procesaban a los iban entrando a las instalaciones de la aduana.
Así, a cuentagotas y en grupos reducidos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y beliceños fueron accediendo a lo largo de la semana a la garita. La primera fue Gabriela Hernández, hondureña de 27 años que viajó embarazada de tres meses y medio acompañada de sus dos hijos de tres y seis.
“Los organizadores de la caravana me dieron prioridad porque tengo un embarazo de alto riesgo”, explica. Su historia encaja con el perfil de la mayoría de los centroamericanos que llegan a Estados Unidos solicitando asilo.
“Al padre de mis hijos le obligaron a trabajar para la mara. Estuvo en la cárcel y cuando salió, la banda rival amenazó de muerte a toda mi familia”. El mismo día que su ex marido salía de prisión, los pandilleros intentaron secuestrar a sus hijos. “Querían utilizarlos para agarrarle a él. Por eso no lo pensé y esa misma noche decidí irme de mi país”. Gabriela cruzó como pudo por Guatemala y a su entrada a México, en Tapachula (Chiapas), encontró la caravana migrante a la que se unió para llegar al norte. “Tengo un tío en Los Ángeles que nos va a recibir. Solo espero que mis hijos crezcan sanos y tengan una buena educación, sin violencia”.
Tras ella, Telsa Rich, otra mujer hondureña de etnia garífuna que cruzó México con su esposo y su hija Valentina, de nueve meses, en brazos. A diferencia de Gabriela, no tiene familia ni conocidos en Estados Unidos, algo que juega en su contra ante la corte migratoria. “Estoy muy triste porque los abogados me aconsejaron que mi pareja se quedara en México. Él tiene muchas posibilidades de ser deportado, así que primero voy a intentarlo yo”, lamenta entre lágrimas, minutos antes de acceder al control fronterizo.
“El hecho de que una persona salga de su país huyendo de alguna persecución no significa que cumpla los requisitos para entrar a Estados Unidos”, explica Menéndez. “Es muy difícil que aquí acepten un caso de asilo. Deben manifestar que están huyendo de una persecución basada en raza, religión, opinión política, nacionalidad o pertenencia a algún grupo social. Y es aquí donde encontramos el principal problema: demostrar que hay un nexo entre la violencia que han vivido y su pertenencia a ese grupo social”.
La jurisprudencia estadounidense en materia migratoria establece que las víctimas de la violencia entre pandillas no suponen un “grupo social visible”. Hay casos en los que los solicitantes huyen porque la mafia o el grupo delictivo persigue a la familia entera, como en el caso de Gabriela. Entonces, los solicitantes pueden argumentar que ese grupo visible es su familia. Por ello es más difícil que un hombre soltero cumpla con este requisito esencial para solicitar asilo: unos 150 que venían en la caravana han decidido quedarse en México ante el temor a ser deportados.
Jaime Rodríguez, salvadoreño de 32 años que salió de una pequeña comunidad rural cerca de la capital para buscar trabajo y prosperidad en Estados Unidos, es uno de los que ha decidido quedarse en Tijuana tras su recibir asesoramiento jurídico.
“Los abogados me dijeron que iba a estar encarcelado en un Centro de Detención durante meses y que con toda seguridad iba a ser deportado”, lamenta. “Tengo una hija y no puedo permitirme estar medio año sin mandarle dinero. Prefiero quedarme en México y buscarme la vida. Ya veré cómo le hago para brincarme (la frontera). En El Salvador no se puede vivir, las maras te roban, te extorsionan y te matan. Somos pobres, no tenemos de nada, y no puedo buscar trabajo en otros lugares porque los pandilleros controlan a los forasteros y te matan si piensan que eres de los rivales”.
Un grupo muy notable en la caravana es el de las mujeres transgénero, de unas veinte integrantes, que huyen de la violencia originada por su condición sexual y acentuada por el contexto de inseguridad de sus países de origen. “Muñeca”, guatemalteca de 26 años, cuenta que desde pequeña fue marginada por su familia y los vecinos de su poblado.
“Mi hermano me golpeaba y cuando se juntó con los pandilleros me dijo que me saliera de casa o me iba a matar”. Sin recursos ni sustento familiar, muchas de estas víctimas terminan cayendo en las redes de prostitución que se aprovechan de su situación.
La política de asilo con el gobierno Trump
El equipo legal que durante más de una semana ha asesorado a las 365 personas que lograron llegar a Tijuana denuncia que el gobierno estadounidense está atacando el sistema de asilo a través de los jueces. “Con el sistema de migración actual, los casos de solicitud de asilo dependen de la discreción del juez. Entonces, dependiendo del que te toque, puede aceptar tu caso o denegarlo”, explica la letrada californiana Martha Menéndez.
Los tribunales de inmigración en Estados Unidos dependen de las directrices del poder ejecutivo, en este caso, bajo las órdenes del fiscal general Jeff Sessions, quien se sumó a Donald Trump en sucesivos ataques a la caravana del Viacrucis Migrante en actos públicos y redes sociales: “Nuestra nación tiene el sistema migratorio más generoso del mundo, pero esto es un intento deliberado de menoscabar nuestras leyes y de sobrecargar nuestro sistema”, llegó a afirmar en Washington.
Los solicitantes de asilo son retenidos durante varios días en las instalaciones de la aduana, antes de pasar a la evaluación por parte de funcionarios migratorios. “Mi trabajo ha sido asesorarles y explicarles qué les iba a pasar al momento de cruzar la frontera; con quién van a hablar y cómo iba a ser su entrevista de ”miedo creíble“. Una vez pasen eso, si no tienen ningún familiar en Estados Unidos, es muy posible que mientras se procese su caso van a permenacer recluídos en un Centro de Detención”, explica Menéndez.
La resolución puede alargarse entre seis meses y un año, tiempo que permanecen recluidos en un Centro de Detención o, en el mejor de los casos, quedar en libertad condicional bajo vigilancia. “Si tienen algún familiar al otro lado, existe la posibilidad de que salgan bajo fianza con un dispositivo GPS atado al tobillo. Pero tienen que tener claro que van a estar en una cárcel, y ellos deben valorar si están dispuestos a estar encerrados en el tiempo que se determine su caso”.
De acuerdo a las estadísticas publicadas por la Syracuse University de Nueva York, más de las tres cuartas partes de los solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala perdieron sus casos entre 2011 y 2016. Además, Menéndez ha alertado a las mujeres que viajaban con sus hijos de la posibilidad de que sean separados. “Solo hay tres centros de detención para familias: dos en Texas y otro en Pensilvania. Se han publicado reportes de que están separando a hijos de sus padres, y también tenemos que preparar a las familias para eso”. Por el momento, tanto Gabriela como Telsa continúan esperando a que se decidan sus casos acompañadas de sus hijos.