Su nombre y su imagen descendiendo del barco de noche, escoltada por agentes italianos antes de ser trasladada a la comisaría, han ocupado titulares en los últimos días. Fotografías e ilustraciones con su rostro han inundado las redes sociales, plagadas de mensajes en apoyo a su decisión. Carola Rackete, la capitana del Sea Watch que decidió llevar al puerto de Lampedusa a 40 migrantes que había rescatado en el Mediterráneo, sabía a lo que se enfrentaba. Pero su prioridad era poner fin a la situación desesperada que se vivía a bordo y llevar a los supervivientes a tierra cuanto antes, después de más de medio mes sin una solución.
Antes de tomar la decisión de atracar sin permiso, se supo que la Fiscalía de la ciudad de Agrigento había abierto una investigación contra la capitana por presunta colaboración con el tráfico de personas. Este lunes ha sido interrogada por haber desobedecido a buques de guerra y por entrar sin autorización en aguas italianas, por lo que puede enfrentarse a hasta diez años de cárcel. Ella, tras dos días arrestada, ha aparecido saludando sonriente. Dice que está dispuesta a asumir las consecuencias penales, convencida de que la defensa de los derechos de las personas está por encima de la seguridad y de que la Justicia se pondrá de su parte.
Su caso no es una excepción. No es la primera vez que alguien se sienta en el banquillo por prestar asistencia humanitaria a las personas que se juegan la vida para llegar a Europa. Las ONG que desplegaron misiones de salvamento en el Mediterráneo han visto en los últimos años cómo se han incautado de sus barcos, han detenido a sus integrantes o han iniciado procedimientos legales contra ellos. Carola Rackete se ha convertido, para muchos, en un símbolo más de la “criminalización creciente” que enfrentan en territorio europeo quienes defienden los derechos de estas personas.
Un estudio reciente de la Plataforma Social de Investigación sobre Migración y Asilo (ReSOMA), que agrupa a investigadores y expertos en la temática, ha puesto cifras al fenómeno, que no solo afecta a miembros de tripulaciones que rescatan a personas en el mar, voluntarios o activistas, sino también a médicos, periodistas, representantes políticos, líderes religiosos y ciudadanos de a pie.
Según sus datos, entre 2015 y mayo de 2019, al menos 158 personas han sido investigadas o procesadas en 49 casos por ofrecer asistencia humanitaria a migrantes y refugiados a lo largo de 11 países europeos. La gran mayoría tuvieron lugar en Grecia e Italia.
Los autores del estudio recalcan que el número de casos “aumentó dramáticamente” en 2018, con un total de 24 casos que involucraron a 104 personas –el doble que en 2017–, a pesar de que las llegadas de migrantes a las costas europeas han disminuido. En 2015, permanecían abiertos ocho casos. La duración media de lo que consideran “casos de criminalización de la solidaridad” es de dos años.
“El ejemplo de Carola confirma que existe una tendencia creciente a la criminalización de los voluntarios y las ONG que ayudan a los migrantes, a pesar de la disminución del 90% de las llegadas irregulares a Europa”, apunta a eldiario.es Carmine Conte, investigador del think thank Grupo de Políticas de Migración (MPG) y uno de los autores del informe, que ha sido financiado por la UE. Según indica el experto, durante el primer trimestre de 2019 había 15 casos en curso con 79 personas implicadas en seis países. “Es probable que el número aumente en el verano y durante todo el año 2019”, matiza.
El grueso de los 158 afectados, un total de 83, han sido investigados por facilitar la entrada o el tránsito de migrantes. Otros 18, por facilitar su estancia o residencia. Hasta 57 han sido procesados por ambos motivos, o por otros como pertenecer, supuestamente, a una organización delictiva.
De acuerdo con los resultados de la investigación, al menos 16 ONG y asociaciones han visto cómo sus voluntarios eran criminalizados o investigados, entre ellas varias organizaciones de rescate como Jugend Rettet, Mediterranea Saving Humans, la propia Sea Watch o la entidad humanitaria Médicos Sin Fronteras, que desplegó el buque Aquarius en el Mediterráneo central. También están en la lista las españolas Proemaid y Proactiva Open Arms, que en los últimos días ha regresado a la zona de rescate entre Italia, Libia y Malta desafiando la prohibición del Gobierno español a las tareas de salvamento.
Por países, Italia, donde está siendo investigada Rackete, es el segundo que más casos ha registrado. De acuerdo con el estudio de ReSOMA, 38 personas y voluntarios de ONG han sido investigados o procesados por “incitación a la migración ilegal o connivencia con traficantes”. El informe recoge el caso del alcalde de la localidad de Riace o las investigaciones en curso contra varios miembros de ONG, como la italiana Mediterranea Saving Humans, MSF o la alemana Jugend Rettet.
En mayo de este año, la Justicia de Catania archivó la causa por asociación criminal para favorecer la inmigración abierta contra dos miembros de Proactiva Open Arms. “En otros dos casos en los que están implicados un voluntario francés y los miembros de la tripulación del barco Golfo Azzuro de la ONG catalana, la excepción humanitaria ha sido expresamente reconocida por los tribunales italianos para absolver a los acusados”, recuerda el estudio.
Italia es superada por Grecia, con 53 personas investigadas, como los tres bomberos andaluces de Proemaid que fueron finalmente absueltos de un delito de tráfico por participar en tareas de rescate de refugiados. Le sigue Francia, con 31. En España, el estudio contabiliza dos casos, el de la defensora Helena Maleno, cuya causa terminó siendo archivada por la Justicia marroquí este marzo, y el de Ángela Ríos, fotoperiodista freelance detenida en Melilla acusada de trasladar a migrantes en su coche tras un salto a la valla que terminó siendo absuelta por el juez.
Para la plataforma de expertos, los datos recopilados confirman que desde de la llamada “crisis de refugiados” de 2015, cuando cientos de miles de personas comenzaron a llegar a las costas griegas, “ha habido una escalada de juicios e investigaciones judiciales contra individuos” por motivos relacionados con la aplicación de la normativa de la UE en los Estados miembros.
En concreto, señalan la directiva de “facilitación” de 2002, -de ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares-, asegurando que “la ambigüedad del texto sobre la distinción entre tráfico y asistencia humanitaria, permite a los Estados miembros de la UE criminalizar a los actores humanitarios”. Según concluyen, este instrumento ha permitido “enjuiciar erróneamente a la sociedad civil” en toda la Unión Europea.
Los autores critican la “vaguedad” y la “inseguridad jurídica” que se derivan de dicha directiva. “Desde 2015 hasta mayo de 2019, hubo al menos 49 casos en los que 158 personas fueron acusadas de facilitar la entrada y/o la estancia en el país. Salvar vidas y defender la dignidad humana proveyendo de alimentos y refugio, o el acceso a la Justicia en las fronteras o en las zonas de tránsito se renombraron poco a poco como facilitación de entrada o estancia en el país”.
En junio de 2018, tras el primer cierre de puertos italianos, el Parlamento Europeo pidió poner fin a la criminalización de las organizaciones e individuos que ayudan a los migrantes y reclamaron a la Comisión Europea que adoptara unas directrices claras para los Estados donde se especifique qué formas de asistencia no serán penalizadas, “con el fin de asegurar claridad y uniformidad en la aplicación de la directiva”. En 2017, la Comisión Europea publicó su evaluación de la directiva, donde reconoció claramente que algunos actores, incluidas las organizaciones involucradas en las operaciones de búsqueda y rescate en el mar, perciben un riesgo de criminalización de la asistencia humanitaria.
La “facilitación” de la entrada es un delito, “incluso sin la intención de obtener beneficios económicos”, en 24 de los 28 Estados miembros de la UE, recuerda el estudio. Las excepciones a la regla son Alemania, Irlanda, Luxemburgo y Portugal, donde “los beneficios financieros deben ser probados en un tribunal penal”. Además, indican, en la mitad de los países de la UE, facilitar la residencia y la estancia “es suficiente para determinar la existencia de un delito”.
“El rescate de todas las personas en peligro en el mar es una obligación en virtud del derecho internacional. Esta cuestión debe resolverse a nivel de la UE, la Comisión debe publicar directrices sobre la Directiva de facilitación y dejar claro que la ayuda humanitaria no puede ser penalizada por los Estados miembros”, recalca Conte.
En virtud de la directiva, los Estados miembros pueden abstenerse de aplicar sanciones si el objetivo de permitir que el migrante en situación irregular ingrese o transite por el país tiene fines humanitarios. Los investigadores piden que se revise la normativa para que lo que se denomina la cláusula de “exención humanitaria” sea obligatoria. La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) ha alertado también en los últimos meses del riesgo de que la legislación nacional de los Estados miembros acabe penalizando a quienes prestan asistencia humanitaria, subrayando que a menudo las leyes nacionales no recogen esta cláusula.
“El clima de sospecha tiene un efecto paralizante”
La criminalización de los defensores de los derechos de los migrantes es una preocupación cada vez mayor en organismos internacionales como Naciones Unidas. El informe de ReSOMA recuerda que “una vez que se inicia un proceso penal u otras sanciones disciplinarias, ya es demasiado tarde y se ha hecho mucho daño a los defensores, a sus organizaciones y a las personas cuyos derechos están tratando de defender”. “Como demuestran las investigaciones, el propio clima de sospecha e intimidación tiene un efecto paralizante y ha desalentado o impedido que algunos actores de la sociedad civil operen, mientras que otros siguen enfrentándose a batallas legales y están experimentando temores con respecto a su futuro”, sentencian.
Según indican desde la plataforma, el estudio “proporciona la lista más detallada de casos de criminalización de solidaridad hasta la fecha”, pero se apoya en otros, como los publicados por las entidades Open Democracy o el Instituto de Relaciones Raciales (IRR). En el primer caso, compilaron una lista de más de 250 personas de 14 países que han sido detenidas, acusadas o investigadas en los últimos cinco años por apoyar a los migrantes, recogiendo también casos de intimidación y acoso.
Por su parte, el IRR publicó en 2017 un informe que se centra en la reducción del espacio para el activismo humanitario en las fronteras de Europa donde incluyen 26 casos en los que participan 45 personas procesadas en virtud de las leyes contra el tráfico o la inmigración desde septiembre de 2015.
Gráficos: Ana Ordaz.