Hace casi seis años que la familia de Beatriz la enterró, tras el accidente de tráfico que le costó la vida. Con su historial médico de lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea no pudo afrontar la recuperación de las lesiones. Unos años antes, en 2013, la joven pasó por un calvario debido a un embarazo que con su historial de enfermedades ponía en claro riesgo su vida. La joven vivía en extrema pobreza en el municipio de Jiquilisco, en El Salvador. Junto a su familia y asistida por varias entidades feministas, solicitó poner fin al embarazo pero no pudo hacerlo, por las duras restricciones del país en cuanto al aborto.
El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha calificado públicamente el aborto como un genocidio, en un país en el que a las mujeres que sufren abortos espontáneos se las interroga en el mismo centro médico, para después juzgarlas y condenarlas con penas que pueden llegar a los 50 años de cárcel de acuerdo a su código penal. Desde 1998, la interrupción del embarazo está penalizada en todos sus supuestos en El Salvador, en uno de los países con los derechos reproductivos de la mujer más restrictivos.
Beatriz, cuyo nombre real se decidió proteger en el proceso judicial, se supo embarazada por segunda vez en febrero de 2013, habiendo sido madre el año anterior de un niño que necesitó pasar por incubadora tras las complicaciones de una gestación que terminó en preeclampsia. Tras el parto, los médicos le recomendaron no volver a tener hijos por el grave peligro que corría su vida. Decidió no esterilizarse y unos meses después, a los veintiún años y enferma, quedó embarazada de nuevo.
En esta ocasión y con pocas semanas de gestación, solicitó a las autoridades que se le practicase un aborto terapéutico debido al riesgo para su vida y tras saber que el feto sufría de malformaciones congénitas y carecía de cerebro, lo que hacía inviable su supervivencia fuera del útero. Comenzó entonces un periplo judicial frente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña que determinó tres meses después, en mayo, que no existía grave peligro y que los derechos a la vida y a la salud de Beatriz no se estaban vulnerando. El 3 de junio de 2013, en la semana 19 de gestación, a Beatriz se le practicó una cesárea en la que alumbró a un feto anencefálico que falleció cinco horas después, como ya se sabía que ocurriría.
Años después de su fallecimiento, la historia de Beatriz ha llegado esta semana a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, el órgano judicial autónomo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que dirime las vulneraciones de los países con respecto a los derechos de sus ciudadanos. El caso de “Beatriz contra El Salvador” ha sido sometido estos días 21 y 22 de marzo a audiencia pública. A lo largo de dos jornadas, un tribunal internacional compuesto por jueces de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay han escuchado 42 declaraciones de familiares y el cuerpo médico que atendieron a Beatriz, junto a peritos de la causa y también del gobierno del país denunciado. La lista de comparecientes incluye al viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud y a un secretario de la Presidencia salvadoreños.
Durante el primer día se ha recordado en sede judicial y en la voz de Isabel Sierra, una de las peritas, lo indicado por la Organización Mundial de la Salud: “en relación con la atención del aborto como servicio médico, la OMS recomienda la despenalización. En el caso que se considere una reforma gradual, recomienda que se tenga en cuenta el riesgo para la salud”. Este mismo mes de marzo la Organización ha lanzado nuevas directrices para los países, enfocadas a proteger la salud reproductiva de mujeres y niñas, y ha cuantificado en 25 millones los abortos no seguros en el mundo.
Mientras, en las puertas de la sede del tribunal en San José de Costa Rica, y acompañando al desarrollo de las sesiones, varias organizaciones ciudadanas han exigido la reparación. Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, reclamaba ante las cámaras de la CNN “justicia para ella y para toda la región. Estamos aquí para acuerpar a la familia de Beatriz, a la que se torturó. Nos queremos vivas, y que esta historia no se repita”. Esta entidad ha podido documentar a través de una investigación en juzgados salvadoreños que, durante el periodo 2000-2019, hasta 181 mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado, en casos donde se dio la muerte del feto en los últimos meses de gestación, incluso de forma espontánea. Humberto, el hermano de la joven, y en una rueda de prensa convocada al inicio de las audiencias, declaró que “nosotros como familia vamos a seguir hasta que se haga justicia a mi hermana para que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que mi hermana tuvo que pasar.”
A partir de ahora la Corte deliberará y emitirá su sentencia, tras analizar lo escuchado, lo que puede demorarse varios meses. El caso de Beatriz es el primero en el que la CIDH se pronunciará sobre aborto.
Podrá dictaminar medidas de reparación que son de obligado cumplimiento para los países que la han ratificado (El Salvador lo hizo en 1995). Ajeno a la jurisprudencia internacional, el presidente de la asamblea legislativa salvadoreña Ernesto Castro, del partido Nuevas Ideas de Bukele, declaró en su cuenta de Twitter en la noche del miércoles que “mientras Nuevas Ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador. Defendemos la vida por sobre todas las cosas”.
Junto a Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto en El Salvador, otras entidades llevan años apoyando a la familia de Beatriz: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, La Colectiva Feminista e IPAS Latinoamérica y El Caribe, y otras 44 organizaciones internacionales les han mostrado su apoyo a lo largo de estos años, desde Amnistía Internacional a organizaciones de corte religioso como Católicas por el Derecho a Decidir (México), Red Católicas de América Latina y El Caribe, Entrepueblos, Mugarik Gabe o Euskal Fondoa desde España.
Los derechos reproductivos en el mundo
El Salvador es uno de los 24 países en los que el aborto está prohibido en cualquier caso, incluyendo si existe riesgo para la vida de la mujer. En Latinoamérica le acompañan en esta dura reglamentación Nicaragua, Honduras, Haití, República Dominicana y Surinam. Otros países son Egipto, Irak, Mauritania, Senegal, Sierra Leona, el Congo, Madagascar, Laos y Filipinas, según lo documentado por la organización Center for Reproductive Rights.
Para esta entidad de derechos humanos y de acuerdo a sus estadísticas, sumando las legislaciones que prohíben el aborto bajo cualquier supuesto a las que solo lo permiten si hay riesgo mortal para la mujer u otras situaciones de riesgo de la salud de la gestante, cuatro de cada diez mujeres en el mundo vivirían con sus derechos reproductivos vulnerados en su propio país. Más o menos es la misma proporción (3,6 de cada diez) de mujeres que pueden interrumpir su embarazo en las primeras semanas de gestación sin tener que alegar ningún motivo. En este grupo están las españolas, acompañadas por países que han desarrollado recientemente legislaciones aperturistas como son Argentina, Colombia y México junto a la mayoría de países del continente europeo.
Aunque no es así en toda Europa: desde 2020 y tras una sentencia que criminalizó el aborto en Polonia aún cuando exista una alta probabilidad de deterioro grave e irreversible del feto o de que nazca con una enfermedad grave o terminal, más de mil mujeres polacas han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pedir justicia. Actualmente, la interrupción del embarazo solo está permitida en este país en caso de violación, incesto o cuando la vida de la madre se encuentre en peligro.
Las consecuencias de la revocación de la Ley Roe Vs Wade en EEUU
Uno de los países que ha sufrido movimientos de regresión en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres es Estados Unidos. En junio del pasado año, su Corte Suprema eliminó la garantía constitucional de acceso al aborto mediante la revocación de la Ley federal Roe vs. Wade que permitía desde 1973 a las mujeres interrumpir su embarazo en todo el territorio bajo varias condiciones. Desde entonces, queda en mano de los estados decidir unilateralmente y con su propia jurisprudencia, lo que hace que las mujeres tengan derechos distintos, muchas veces dependiendo de si viven a un lado u otro de una autopista que hace de frontera interestatal.
En los últimos meses los estados han actuado y legislado de tal forma que hoy en doce de ellos el aborto está completamente prohibido, entre ellos Texas, donde recientemente un hombre ha demandado a tres mujeres acusándolas de “muerte por negligencia” por proporcionar la píldora abortiva a su mujer, medicación que acaba de ser prohibida en Wyoming. En otros como Oklahoma el Tribunal Supremo ha intervenido esta misma semana para asegurar el derecho al aborto cuando la salud de la madre esté en peligro. Estados Unidos es uno de los países que no ha ratificado ni asumido la jurisprudencia de La Corte Interamericana, siendo este uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.