Las ONG que pretenden ejercer la acusación popular en la muerte de 15 inmigrantes el pasado 6 de febrero en la frontera de Ceuta deberán reunir 9.000 euros. Así lo ha decidido la jueza María del Carmen Serván, que reclama a cada una de ellas 1.500 euros en concepto de fianza, según informaron a eldiario.es fuentes jurídicas.
La titular del Juzgado número 6 de Ceuta ha adoptado esta decisión a pesar de que cinco de las seis ONG comparten dirección letrada y algunas de ellas son pequeñas organizaciones de ámbito estrictamente local.
La Coordinadora de Barrios, que se ha personado individualmente, ya ha abonado esos 1.500 euros. La otra acusación popular estaría compuesta por las organizaciones integrantes de Migreurop: Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Andalucía Acoge, Asociación Por los Derechos Humanos Andalucía (APDHA), SOS Racismo y Elín, la asociación que abandera una religiosa en Ceuta muy activa en defensa de los derechos de los inmigrantes.
La personación de las organizaciones no gubernamentales cubriría el hueco por la ausencia de acusación particular, ya que no es previsible que familiares de los hasta ahora 15 fallecidos acudan al juzgado.
La jueza Serván incoó diligencias 48 horas después del intento de acceso de cerca de 300 inmigrantes a Ceuta, cuando apareció el primer cadáver en aguas españolas. La primera parte de su instrucción estuvo dedicada a solicitar a la Guardia Civil las imágenes del asalto captadas por las cámaras de seguridad, lo que se retrasó varios días. El Ministerio del Interior acabó por entregar las imágenes el pasado 21 de febrero alegando que las precisiones y contextualizaciones que iba pidiendo Serván sobre la marcha habían retrasado la entrega.
El pasado miércoles, la jueza ordenó nuevas diligencias. Pidió al Ministerio del Interior los protocolos que regulan la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el perímetro fronterizo, así como los relativos al uso de material antidisturbios, si los hubiera, para evitar la entrada de personas de forma irregular. Serván dio a Interior quince días de plazo.
Por otra parte, la jueza cursó una comisión rogatoria a Marruecos para conocer si el país vecino ha abierto algún procedimiento por los cadáveres aparecidos en su territorio y conocer, en su caso, el resultado de las autopsias.