Desde el exterior, los barrotes del Centro de Internamiento de Extranjeros de La Piñera recuerdan que ese mismo lugar albergó la prisión de Algeciras hasta el año 2000, cuando se trasladó a otra ubicación. En 2004, aquel recinto, que ya no servía como cárcel, se convirtió en un centro de reclusión de inmigrantes con capacidad para acoger a 190 personas. Hoy está parcialmente cerrado tras haberse derrumbado una parte del techo durante el mes de junio. Solo queda en funcionamiento el módulo cuatro, donde están las mujeres.
El derrumbe es el colofón de una serie de denuncias sobre la situación del centro que llevan años realizando organizaciones sociales, como Andalucía Acoge o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Andaluz o el Ayuntamiento de Algeciras. La Fiscalía General del Estado también ha recomendado la mejora de las condiciones de habitabilidad de los internos y el fiscal de Extranjería de Algeciras considera que las instalaciones son “horripilantes” y se ha sumado a las voces que piden su clausura, como lo ha hecho el Sindicato Unificado de la Policía.
“En su día, cuando era una prisión, lo cerraron debido al estado del edificio. Si no valía como prisión, significa que tampoco vale como CIE. El derrumbe es consecuencia del deterioro que afecta al edificio desde hace años. Lo que nos parece una burla es que se resistan a cerrarlo totalmente. La zona de las mujeres que han dejado operativa sufre las mismas humedades que la de los hombres y tiene los mismos techos en mal estado. Podría volver a ocurrir lo mismo. Esta no es la solución y ya hemos mostrado nuestra oposición”, afirma Juan Antonio Morillo, secretario local del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Algeciras, quien asegura que ha recibido informaciones contradictorias sobre el futuro cierre completo del centro. Eldiario.es ha contactado con el Ministerio del Interior y Policía Nacional, pero no ha recibido respuesta al respecto.
El recinto es uno de los ocho CIE que hay en España, donde se recluye, durante un máximo de 60 días, a inmigrantes que van a ser expulsados a sus países. En ese tiempo, si no los han devuelto, son puestos en libertad. Aunque legalmente no tienen carácter penitenciario, la estructura sigue siendo la de una cárcel. “Ha habido algunos cambios mínimos. Por ejemplo, en los cuartos de baño, para que no tuvieran que hacer sus necesidades a la vista de todo el mundo, o en las celdas, pero todo lo que se hace es parchear”, reconoce Andrés De La Peña, responsable de la APDHA en el Campo de Gibraltar. Pone como ejemplo la sala de visitas del recinto, donde visitantes e internos están divididos por un muro que supera el metro de altura sobre el que descansa una mampara “de al menos dos metros y una malla metálica encima”, que impide la comunicación. “Es humillante. La única forma de comunicarse es pegando voces. No hay un teléfono, ni hay nada. Imagina el escándalo que se forma en las visitas. No hay quien se entere. Lo denunciamos y pusieron una separación entre las sillas de los visitantes, pero eso no soluciona el problema”. Una situación que nada tiene que ver con el de Tarifa, recuerda De la Peña, donde unos y otros se sientan juntos en una mesa donde pueden conversar.
Las organizaciones critican también la asistencia jurídica que reciben los internos. “Es muy deficiente. Imagina a una persona que entra en una patera por Motril, donde le designan un abogado de oficio. A esa persona se la llevan inmediatamente a Algeciras. Una vez allí, ¿qué tipo de asistencia van a recibir? ¿Se va a trasladar el abogado? Están en una situación de absoluta indefensión”, asegura Jesús Mancilla, presidente de Algeciras Acoge, quien cuestiona, asimismo, la atención social que reciben. “Las personas que se ocupan de su custodia son policías sin ningún tipo de formación en temas sociales o jurídicos y que, además, no tienen que tenerla. Están asumiendo trabajos para los que no están capacitados”. Una denuncia a la que se suma el SUP. “El policía es eso, un policía. No es un asistente social, ni un funcionario de prisiones. El policía debe encargarse de la seguridad, nada más”, reconoce Morillo.
Otra de sus principales reclamaciones es que, tanto aquí como en el resto de CIE españoles, conviven inmigrantes que han cometido un delito, cuya pena ha sido sustituida por la expulsión del país y están a la espera de ser deportados, con inmigrantes que han sido detenidos por no tener la documentación en regla y que tienen una orden de expulsión pendiente. “Juntan a delincuentes con personas que solo tienen una falta administrativa. Es ilegal y además es innecesario, teniendo en cuenta que para las personas con estancia irregular, según la ley, el internamiento en los CIE debe ser el último recurso”, afirma Jesús Mancilla, de Algeciras Acoge.
La reclusión en estos centros es una medida cautelar para tener localizada a la persona que va a ser devuelta a su país, algo que solo llega a ocurrir en el 48% de los casos, según los datos de la Fiscalía General del Estado. “Hay otras salidas que no pasan por encerrarlos, como favorecer el retorno voluntario, retener el pasaporte o que esa persona se vea obligada a ir a firmar cada cierto tiempo”, dice Mancilla. “Hay alternativas, por eso seguimos exigiendo el cierre de los CIE”.