Robertulio Caicedo fue detenido un sábado por la noche mientras tomaba una copa con un amigo en una discoteca “latina” de León. “Un grupo de policías entró con cascos, escudos, porras y linternas y empezó a ponernos a todos contra la pared. Me llevaron a un rincón, me pidieron los papeles y, como no tenía, me detuvieron”, cuenta el joven colombiano, de 23 años. Perdió su permiso de residencia en 2010, cuando cumplió la mayoría de edad y no encontró trabajo. Desde entonces, la policía lo había parado en otras ocasiones y contaba con una orden de expulsión, por lo que esa noche la pasó en un calabozo.
Al día siguiente, fue llevado ante el juez de guardia, al que explicó que tiene a su cargo a su hijo de cinco años, de nacionalidad española, cuya madre vive en Colombia. El magistrado le pidió que aportara documentación que pudiera demostrarlo. “Pero era domingo y no conseguí contactar con mi abogado (de oficio). Me dijeron que tenía de tiempo hasta el lunes para apelar”, recuerda por teléfono. Ese día, a las siete de la mañana, y antes de que pudiese presentar la documentación, el joven fue enviado directamente desde el calabozo al centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Madrid, uno de los ocho centros que hay en España, donde encierran a los inmigrantes, un máximo de 60 días, antes de expulsarlos a sus países. Lo trasladaron sin más explicaciones ni a él, ni a su familia, asegura.
Caicedo estuvo más de un mes recluido hasta que salió gracias a los papeles de la custodia de su hijo. “Me salvé por los pelos. Tres días después se llevaron a los latinos en un avión militar. Podría haberme tocado a mí”, asegura el joven desde la tranquilidad que le da haber obtenido un nuevo permiso de trabajo hace tan solo unos días. “Si me echaban, mi hijo se quedaba en España. No lo vi ni una sola vez en el mes que me encerraron. A mi madre, que estaba en León, solo una vez porque tenía cuidar de él todo el tiempo, llevarlo a la escuela... Todo fue muy fuerte”.
Su testimonio, junto al de otros muchos, forma parte de Atrapados tras las rejas (PDF), el último informe anual que la organización Pueblos Unidos acaba de presentar sobre los CIE de Madrid y Barcelona, con testimonios de los internos. El documento hace, un año más, hincapié en la indefensión a la que se ven sometidos los inmigrantes en España cuando no tienen papeles y son encerrados en centros de internamiento. “Para las personas internadas y para sus familiares supone, por un lado, perder en pocas horas su forma de vida y, por otro, encontrarse, sin más, privados de libertad a la espera de que ”alguien“ decida el futuro de sus vidas, al margen de las consecuencias que para ellos se deriven. El sufrimiento se agrava en los migrantes sin antecedentes penales, a quienes la ambigüedad de estar encerrados sin haber cometido un delito les causa una profunda angustia y desconfianza”, señala el informe.
Caicedo lo corrobora. “Yo nunca he estado en la cárcel, pero gente que conocí que ha estado dice que es mejor que el CIE. En el CIE, te llaman por un número, no por tu nombre. Estás encerrado todo el día en la celda y solo te sacan para darte de desayunar, comer, cenar y salir al patio tres horas. No hay nada que hacer. La tele del comedor solo te dejan verla mientras comes”, relata.
Pueblos Unidos recuerda que no tener papeles es una infracción administrativa, no un delito, y que la ley define el internamiento como una “medida excepcional” que “el juez resolverá de acuerdo con el principio de proporcionalidad y tomando en consideración las circunstancias particulares de cada persona”. Para Robertulio, estas circunstancias tienen un nombre: el de su hijo. En casos como el suyo “entra en conflicto el derecho del Estado a ejecutar una orden administrativa con el derecho a la vida en familia y con el interés superior del menor. Y conforme al derecho europeo y español, las decisiones de expulsión deben tomarse caso por caso, lo que implica que las decisiones de expulsión e internamiento deben tomarse por criterios más allá de la estancia irregular (no tener permiso de trabajo y residencia). Desgraciadamente, somos testigos de que no es así”, recoge el informe.
El Ministerio del Interior afirmó el año pasado que no se internaría a extranjeros por no tener papeles. Sin embargo, “estas declaraciones no se corresponden con los hechos y la policía sigue deteniendo, encerrando y expulsando a personas sin antecedentes penales y con demostrado arraigo social en nuestro país”, afirma Pueblos Unidos.
Mismos CIE, mismas quejas
Las quejas de los internos son muy similares a las que se recogían en otros informes de la organización. Denuncian agresiones y malos tratos durante el internamiento (en el CIE) y en el proceso su expulsión en el aeropuerto; la imposibilidad de identificar a los funcionarios de policía, que “no están correctamente identificados”; la ausencia de grabaciones de vídeo que permitan confirmar o desmentir la existencia de los malos tratos denunciados; la expulsión de aquellos que aseguran haber sido víctimas de malos tratos antes de que puedan declarar en un juzgado; la falta de información sobre su situación actual y su futuro; y expulsiones sin previo aviso al interno y a sus familias, a pesar de que, en el caso de Madrid, existe un acuerdo de los tres Juzgados de Control del CIE que determina que, al menos doce horas antes del vuelo, el interno tiene que ser avisado de su inminente expulsión.
“Si bien es cierto que algunas personas son avisadas previamente, nos encontramos con dos grupos de quejas: las de aquellos que no han sido avisados sino que directamente el policía les dijo ”prepara tus cosas que te vas ya al aeropuerto“, y en otros casos, la información suministrada a las personas internas es parcial; por ejemplo, les notifican la fecha de expulsión pero increíblemente, no les comunican la ciudad ni el país de destino, ni el número de vueloni la hora prevista de llegada del mismo”, dice el informe.
En el caso de Barcelona, las organizaciones no tienen acceso al centro, por lo que solo pueden acceder a los internos si los familiares y amigos les ceden su turno. El documento denuncia que no existe un servicio de traducción, por lo que estas entidades dependen de si los funcionarios acceden a que otro interno que sepa español actúe de traductor, en el caso de que consigan entrar al interior del CIE.
El reglamento
El funcionamiento de los centros no está recogido en ninguna normativa. Desde que se pusieron en marcha, han estado regulados por una orden ministerial del año 1999. El reglamento que los va a regular, que lleva años elaborándose, es herencia del gobierno de Zapatero, pero todavía no ha sido aprobado. Estos son algunos de los puntos clave que centran las críticas que hacen desde Pueblos Unidos:
- El texto continúa otorgando todas las competencias a la Dirección General de la Policía. Su dirección y gestión sigue siendo competencia exclusiva del Ministerio del Interior.
- Recoge por primera vez que algunas funciones de seguridad podrán ejecutarse por empresas de seguridad privada. Se contempla la posible externalización, sin precisar más.
- No se modifica el régimen de ingreso. No garantiza que el internamiento sea el último recurso y que se consideren las circunstancias particulares de cada caso.
- No se avanza en la comunicación de los internos con el exterior. No se contempla ni el acceso a móviles, ni a fotocopiadora, faxes e Internet, en muchos casos necesario para evitar su deportación.
- Se restringen las visitas a dos días por semana, salvo cónyugese hijos.
- Introduce la posibilidad de armas de fuego en los CIE, lo que consideran “un retroceso grave” con respecto a la situación actual.
- Las cámaras dentro de los CIE están previstas como una posibilidad, no como una obligación.
- No hace referencia a condiciones de internamiento y atención específica a población vulnerable, como personas refugiadas y víctimas de trata.