Casi un año después de la tragedia de Melilla, en la que al menos 23 personas fallecieron en su intento de sortear la valla, cinco ONG especialistas en derechos humano han presentado una querella ante un juzgado de instrucción de la ciudad autónoma para solicitar la apertura de una investigación “exhaustiva y pormenorizada” de los hechos ocurridos en la frontera el 23 de junio de 2022, según han confirmado las organizaciones.
Las ONG Coordinadora de Barrios, Ca-Minando Fronteras, Extranjeristas en Red, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Associació Lab 38 han registrado este viernes la querella, que aún no ha sido admitida a trámite. La denuncia no va dirigida contra la acción de ninguna institución o persona específica, sino que se limita a solicitar la instrucción de una tragedia que, según el balance de la ONG Caminando Fronteras, dejó 40 fallecidos y 77 desaparecidos “por la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos y España”.
La única investigación judicial sobre el caso corrió a cargo de la Fiscalía, que el pasado mes de diciembre decidió archivar la causa, exonerando de cualquier responsabilidad a Interior, la Guardia Civil y los agentes que estuvieron ese día sobre el terreno. El decreto del Ministerio Público no especificó si alguna de las muertes tuvo lugar en territorio español, afirma que “los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí” y que “el amontonamiento de personas se produjo entre ambos recintos fronterizos”. La Fiscalía entiendo que la actuación de los guardias fue proporcionada y pone en conocimiento de la Guardia Civil que varios agentes lanzaron piedras a los migrantes, por si existiera algún tipo de infracción disciplinaria.
Por su parte, la investigación realizada por el Defensor del Pueblo concluyó la ilegalidad de las devoluciones en caliente practicadas aquel día por la Guardia Civil en Melilla. Sus conclusiones, además, evidenciaron contradicciones entre la versión proporcionada por el Ministerio del Interior.
“Los hechos ocurridos ese día son lo suficientemente graves como para iniciar este proceso judicial con el objetivo de solicitar la apertura de una investigación exhaustiva y pormenorizada bajo el amparo del derecho internacional de los derechos humanos”, han afirmado las organizaciones denunciantes a través de un comunicado. “Entendemos que la investigación de la Fiscalía General del Estado ha sido insuficiente para conocer la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas aquel día y que no ha cumplido con los estándares de justicia, verdad y reparación a los que tienen derecho las víctimas y sus familias”.
A pesar de que varias investigaciones periodísticas contradicen la versión aportada por el ministro del Interior y evidencian que al menos una de los fallecidos cayó en lado español, Fernando Grande-Marlaska ha insistido siempre en que ninguna de las muertes tuvo lugar en suelo melillense, pero siempre ha evitado dar detalles concretos de los hechos. Según los diputados que han tenido acceso a las imágenes oficiales, el documental de la BBC y la investigación de Lighthouse Reports, el momento más dramático tuvo lugar en el lado marroquí de la puerta que conecta Marruecos con España en el puesto fronterizo de Barrio Chino. Durante la estampida, varios cuerpos cayeron a ambos lados de la alambrada. Un agente marroquí y un superviviente de la tragedia señalaron que al menos uno de ellos falleció en suelo español. Interior, sin embargo, aseguró que se trataban de “especulaciones periodísticas”.
Marlaska reiteró “ningún hecho trágico” tuvo lugar en suelo español, pero las imágenes muestran a varias personas, aparentemente inconscientes, tiradas en el lado español de la frontera. En un primer momento, Interior dijo que esa zona se trataba de un área operativa conjunta pero no era suelo español. Tiempo después, fuentes de Interior reconocieron que esa parte del puesto fronterizo es España.
Vídeos de los hechos, la investigación preliminar del Defensor del Pueblo y los testimonios de los testigos recogidos por elDiario.es apuntan también a la falta de asistencia recibida por los refugiados durante la tragedia. Las informaciones publicadas a partir de las imágenes oficiales indican que no se prestó atención sanitaria ni las personas atrapadas en el interior de la alambrada durante la estampida ni a aquellos que lograron sortear la valla por completo y fueron devueltos en caliente a Marruecos.
“Esta querella es la única opción que les queda a los sobrevivientes, a las víctimas y a sus familiares para conocer la verdad, para obtener justicia y reparación y para que sus voces y testimonios sean escuchados, siguiendo los estándares de protección y seguridad adecuados a su situación, ante las graves vulneraciones de derechos cometidas”, ha defendido Helena Maleno, del Colectivo Ca-Minando Fronteras.
“Confiamos en que la justicia va a realizar una investigación independiente e imparcial por los hechos denunciados en la querella, en la que se identifiquen los responsables de las actuaciones que produjeron tan graves consecuencias y se depuren responsabilidades”, añade Sonia Ros, de Associació Lab 38.