Claves del acuerdo migratorio de la UE: pago por rechazar refugiados y refuerzo para los retornos

Un acuerdo para la nueva política migratoria y de asilo que servirá para profundizar en la 'Europa Fortaleza'. Lo que en 2015 comenzó a idearse como un sistema solidario para la acogida de refugiados en un momento en el que más de dos millones de personas llegaron al viejo continente huyendo de los conflictos en Siria, Irak y Afganistán ha derivado en un pacto que permite sortear la solidaridad con el pago por rechazar refugiados y que se basa fundamentalmente en el control fronterizo y el refuerzo de los retornos. Para los negociadores, especialmente la Eurocámara, era importante sacar adelante la nueva normativa, antes de las elecciones europeas del próximo año en las que se da por hecho que en la UE habrá un viraje hacia la derecha, con un incremento sustancial de la extrema derecha, tanto a nivel parlamentario como en los gobiernos.

De hecho, en los estados miembros se han ido imponiendo las tesis anti-inmigración en los últimos meses y la dificultad a la hora de sacar adelante el acuerdo ha sido hasta en las maratonianas negociaciones de estos días, que se han prolongado durante 48 horas casi consecutivas. Prácticamente sin dormir, todos los negociadores han celebrado el acuerdo que, desde la Eurocámara, admiten que no es perfecto. Son los parlamentarios los que más han cedido en un acuerdo compuesto por cinco reglamentos que regulan el proceso migratorio desde que las personas llegan a las fronteras hasta que se acepta la solicitud de asilo o, por el contrario, se rechaza y se procede a la expulsión.

Control previo con huellas dactilares y datos biométricos

Uno de los reglamentos prevé un control previo para las personas que tratan de entrar en el continente de manera irregular (bien sea en embarcaciones o por tierra fuera de los controles fronterizos). El procedimiento podrá durar hasta siete días y se llevará a cabo en “un lugar adecuado” elegido por el estado miembro “situado, en principio, en las fronteras exteriores o en sus proximidades”.

También se ha llevado a cabo una revisión del Reglamento Eurodac que permitirá recopilar datos biométricos (como rasgos faciales), además de las huellas dactilares, como parte de los expedientes de asilo en los que se incluirá información sobre las decisiones de expulsión y devolución o reubicación de la persona. Ese control de los datos se aplicará también a los menores hasta los seis años (frente al umbral situado en los 14 en la actualidad).

20.000 euros por refugiado rechazado

La UE establece un umbral para la acogida de 30.000 refugiados al año, pero no habrá reparto de cuotas obligatorio, que es lo que en principio querían países de primera entrada como España o Italia. El resto de estados miembros podrán elegir entre acoger, pagar por rechazar o una combinación de ambas. El pago por cada refugiado rechazado será de 20.000 euros. La 'solidaridad' que corresponde a cada estado miembro dependerá de la población (un 50%) y del PIB (50%).

Los solicitantes de asilo no podrán elegir el país que analiza su petición, que en términos generales corresponderá al país de entrada (como sucede en el conocido como Reglamento de Dublín), pero se agregan algunas condiciones que permitirán hacerlo a otros países, como la identificación de vínculos familiares en otro estado, estudios o conocimiento del idioma.

Centros de detención y expulsiones aceleradas

La normativa también prevé la detención de las personas migrantes en centros durante el procedimiento de concesión de asilo. En el caso de los procedimientos fronterizos, durarán hasta doce semanas, que es el plazo para llevar a cabo la expulsión de las personas a las que se les haya denegado. En general, se prevé una duración máxima de seis meses para todo el proceso.

Relajación de las normas en las crisis

El acuerdo incluye un reglamento específico para las situaciones de crisis, como la de 2015. Un estado miembro que se considere desbordado por las llegadas podrá solicitar la declaración de emergencia a la Comisión Europea que, si la acepta, planteará medidas extraordinarias y derogaciones del reglamento común. Según ha explicado el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que ha sido el ponente del reglamento, la “prioridad” en esos casos será la reubicación obligatoria de cuotas de refugiados, aunque los gobiernos , que son los que tienen que dar el visto bueno a las propuestas de la Comisión, tienen muchas reticencias al respecto.

En las situaciones de crisis se amplían, además, los plazos para la tramitación de solicitudes y, con ellos, el tiempo de detención de los migrantes hasta seis semanas adicionales.

La instrumentalización de la migración

El concepto de instrumentalización de la migración no figuraba en los expedientes aprobados por la Eurocámara, pero fue una insistencia de los estados miembros, especialmente los que colindan con Rusia y Bielorrusia, que hace unos años recibieron centenares de migrantes escoltados incluso por las autoridades. En el caso de que se detecten esos casos, operará también el reglamento de crisis, que permite relajaciones de la normativa.

Según el Parlamento Europeo, la alusión a la instrumentalización se circunscribe a “la situación en la que terceros países o actores no estatales hostiles utilizan a los inmigrantes para desestabilizar la UE” y rechaza que se puedan hacer extensibles a las operaciones de salvamento y rescate de las ONG, que era la pretensión de Italia, que llegó a bloquear el texto que negociaron los gobiernos de los 27.

Sin prevención de las muertes en el mar

Precisamente la UE mantiene en el olvido las operaciones públicas de rescate en el Mediterráneo, que se ha convertido en un gran cementerio en el que han muerto al menos 22.000 personas intentando llegar a Europa. Esas operaciones se pusieron en marcha a instancias de Italia en 2013 tras la tragedia de Lampedusa en la que murieron más de 300 personas. En el año que estuvo activa las autoridades italianas rescataron a 156.362 migrantes, pero la negativa de los 27 a apoyar financieramente esa operación –cuyo coste era de unos 114 millones anuales– llevó al Gobierno italiano a ponerle fin. El vacío dejado por la misión italiana empujó a las ONG a fletar sus propios buques para hacer frente a las incesantes muertes.

A partir de ahí, se desdibujó el objetivo de las misiones de la UE en el Mediterráneo. La primera fue Tritón, llevada a cabo por Frontex aunque dirigida por Italia, con el objetivo de vigilar las fronteras y controlar las redes de tráfico y no el de salvar vidas. En 2015 nació la EUNAVFOR Med Sofía, una misión militar de la UE para el control del Mediterráneo. En 2019, el Gobierno de Mateo Salvini la bloqueó y forzó que se quedara sin barcos, pese a ser una operación marítima. En 2020, IRINI la sustituyó, aunque en este caso lo que persigue es que se cumpla el embargo de armas de la ONU a Libia.

Las fuerzas progresistas y las ONG, en contra

Para los negociadores del Pacto de Migración y Asilo ha sido un alivio cerrarlo este miércoles conscientes de que más adelante sería más complicado, a pesar de que en el Parlamento Europeo reconocen que han tenido que ceder y que el acuerdo no es “perfecto”. También para el conjunto de los 27 produce un respiro, aunque la Hungría de Viktor Orbán y Eslovaquia (ahora con el populista Robert Fico en el poder) han rechazado el texto. En el otro lado de la balanza, los verdes (Green/EFA) y el grupo de la izquierda (The Left/GUE) han expresado su rechazo.

También las ONG han dado la voz de alarma. “La UE ha perdido la oportunidad de acordar por fin un mejor reparto de responsabilidades y normas de solidaridad. En su lugar, han acordado más detenciones, incluso de niños y familias en centros similares a prisiones. También han cerrado la puerta a los solicitantes de asilo con procedimientos deficientes, han acelerado la deportación y han jugado con la vida de las personas al aumentar el riesgo de devolución. Este acuerdo también se basa en pagar a países no pertenecientes a la UE para que hagan lo que ésta les pide. Es un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y la legislación sobre refugiados”, señala Stephanie Pope de Oxfam.