Mientras no cesa el ritmo de llegadas de migrantes a Canarias y se espera un aumento en las próximas semanas ligado a la época del mar de las calmas, el Archipiélago no cuenta con un plan b para reforzar la acogida de menores en caso de que la emergencia se multiplique. “Más allá de las carpas -habilitadas en varios puertos de las islas y que han sido cuestionadas por la Fiscalía- y seguir habilitando recursos, no tenemos otro contingente”, ha reconocido este martes el presidente canario, Fernando Clavijo. Con el tiempo cada vez más en contra, el Gobierno canario lo apuesta todo al cierre de un acuerdo entre el Ejecutivo central y el Partido Popular para reformar la Ley de Extranjería, sin que aún hayan cerrado la reunión. Clavijo aspira a alcanzar dicho pacto y aprobar el cambio normativo por la vía del decreto-ley “en un plazo de tres semanas”.
“Si se alcanza un acuerdo, se puede hacer decreto ley y a lo mejor hablamos de que en un plazo de tres semanas lo tendríamos todo resuelto”, ha afirmado Clavijo en un desayuno convocado por el Club Siglo XXI junto al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. El presidente canario sostiene que en esas tres semanas se podrían comenzar con los traslados de los menores que lleguen a Canarias a partir de entonces.
Sus plazos, sin embargo, son optimistas. En esas tres semanas, el Gobierno central debería alcanzar un acuerdo con el Partido Popular, en un momento en el que aún existen diferencias de calado sobre el abordaje del cambio normativo y la financiación correspondiente. En dicho encuentro, que pretendía celebrar esta semana pero aún no hay fecha y todo apunta que se retrasará a la siguiente, se debe analizar la propuesta que ultima el Ministerio de Juventud de Infancia, en el que elaboraría un diagnóstico sobre las plaza de acogida mínima que debe tener cada comunidad autónoma y establecer el límite por el cual el Gobierno central financiaría la totalidad de la atención a los menores. Estos serán los puntos en los que deberán ponerse de acuerdo las partes, pero la ambición de las exigencias anunciadas por el Partido Popular apuntan a que no será fácil el consenso.
El PP pide la financiación por parte del Estado de todas las plazas abiertas una vez se supere el 100% de la ocupación. Y, una vez sorteado el 150%, los populares solicitan no solo su financiación sino también la gestión de la acogida por parte del Estado, algo que en julio el Gobierno lo consideró inasumible al entrar en colisión con el reparto de competencias.
“El Ministerio de Infancia quiere darnos una propuesta respecto a los criterios y el número mínimo de plazas que tiene que tener cada comunidad. La ministra Sira Rego dijo que lo estaba ultimando, ha estado en Nueva York y ha pedido unos días mas para culminar”, ha añadido Clavijo, deslizando la responsabilidad del Ministerio de Infancia como responsable del retraso del encuentro. “Cada comunidad tendrá que tener unos recursos mínimos, a partir de ahí, se entiende que los recursos tienen que ser costeados por el Estado. El numero clave es el 100% de recursos mínimos. Y cómo se va a costear ese 100%”. Esa es, dice el líder canario, “la clave de bóveda que va a permitir poder desatascar”.
A las dificultades para alcanzar un acuerdo por las cuestiones de fondo se añaden el incremento de las tensiones entre el Gobierno canario y el central, agravadas tras la aprobación de un nuevo protocolo de acogida de menores migrantes en el Archipiélago que ha acabado paralizado por la Justicia de forma cautelar.
“Me llena de perplejidad que la fiscalía sostenga que un menor, esté en situación de desamparo y abandono cuando está custodiado por las fuerzas de seguridad del Estado. No entendemos. Es un disparate jurídico, dado que la Ley Orgánica le otorga competencias en materia migratoria”, ha dicho Clavijo en relación a la paralización del protocolo ante las alertas de la Fiscalía de que pueda vulnerar los derechos de los menores migrantes y empujarles a una sitaución de desamapro, dado que es el Gobierno autonómico quien tiene la responsabilidad de su guarda y tutela.
El aumento de la tensión entre las partes, reconoce Clavijo, ha sido parte de la estrategia para empujar las soluciones: “La relación (con el Gobierno central) es tensa. Dentro de la estrategia hay que mover el árbol. Si realmente no elevábamos el tono, la cosa no se iba a mover, el Estado estaba cómodo”. A ello se ha añadido una batalla judicial directa entre el Ejecutivo central y el autonómico, después de que el Consejo de Ministros haya acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en contra de la medida tras recibir la luz verde del Consejo de Estado.
“A nosotros nos gustaría que en los próximos días, el Estado no se desentienda, que aporte los recursos, y preste colaboración”, ha añadido el presidente Clavijo.