“Si Colombia quiere la paz, tiene que garantizar la protección de los que la defienden”
Cuando se conversa con Gerardo Vega, se percibe la impotencia de un perseguido y la firmeza de un defensor de derechos fundamentales que, a base de trabajo y convicción, ha sabido mantenerse en pie durante ocho años para proteger a las víctimas del conflicto armado en Colombia y, en concreto, para ayudarles a recuperar las tierras que les quitaron a través de la violencia. Y no titubea al decir que el exilio político no es una opción y que regresará “para no darles la razón” a sus victimarios.
Su trabajo y el de la fundación que preside, Forjando Futuros, fueron merecedores del Premio Nacional de Paz en el año 2012, avalado por el Programa de Naciones Unidas –PNUD– y por los principales medios de comunicación generalistas en Colombia.
Esta defensa de los derechos humanos ha atraído, sin embargo, una lista de siete amenazas contra su integridad física que han quedado en la impunidad y que le han forzado a huir en busca de apoyo internacional. Los objetivos: forzar el avance de las investigaciones judiciales contra los responsables y obtener la garantía de que se protegerá a los líderes que, como él, trabajan en la restitución de tierras.
El más reciente plan criminal para atentar contra la vida de este abogado data del 20 de noviembre de 2013, tres días después de que asesinaran a Gildardo Padilla, un reclamante del terreno que le arrebataron y que trabajaba, como Vega, en la región de Urabá. Fue este hecho lo que le convenció de que esta vez ni siquiera los dos escoltas y el coche blindado que la Unidad de Protección le había asignado podrían lograr evitar la tragedia. Su nombre estaba en la misma lista que el de Padilla.
“Hemos solicitado al Gobierno que se identifique claramente y se procese a quienes financian, patrocinan y fomentan a los grupos paramilitares y de extrema derecha que se oponen a la restitución y que se coordinan para matar y generar desplazamientos, o que al menos verifiquen la información con los nombres que ya les hemos dado”, explica Vega.
Desde 2008, al menos 16 defensores de derechos humanos especializados en la restitución de tierras o reclamantes de ellas han sido asesinados en la región de Urabá, y 64 más, a lo largo de todo el territorio colombiano.
La restitución de tierras, clave en la agenda política
Colombia es ya el país con más desplazados en el mundo, con un total estimado entre los 4,9 y los 5,9 millones. La cifra incluye a las personas a las que les han obligado a abandonar sus propiedades en los campos de Colombia, que en total suman unas 350.000 fincas, aproximadamente, y más de 8,3 hectáreas.
Esta práctica ha sido utilizada por grupos armados ilegales “con la intención de ejercer control sobre territorios que ofertan importantes beneficios económicos, tanto para dichos grupos –que en su mayoría los usan para actividades ilícitas como el narcotráfico o el tráfico de armas– como para empresarios dedicados a la explotación agrícola, a la ganadería extensiva o a la megaminería”.
Para responder a esta problemática nace en el año 2011 una ley histórica en Colombia promovida por el actual Gobierno de Juan Manuel Santos: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que, según Vega, “aunque sea la mejor en años, no sirve de nada si no se aplica y, además, mucho más rápido”. Se trata, por su lado, del primer punto en la agenda de los diálogos de paz en Cuba entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “lo que demuestra la repercusión que tiene en el país el tema de las tierras cuando se habla de la posibilidad de construir la paz en el país”.
Y para que la Ley de Víctimas sea efectiva, según Vega tienen que darse varias garantías: protección para los reclamantes de tierras, efectividad en las investigaciones pertinentes, difusión del nombre de los culpables para que no vuelvan a repetir sus actos y prohibición del porte de armas en las zonas afectadas; lista que engloba en dos términos fundamentales: justicia y verdad.
“Hay posibilidades de que se encauce la aplicación de la ley, siempre y cuando el Gobierno garantice que las órdenes de los jueces se cumplen y se tengan en cuenta factores como la reparación colectiva, que aceleraría mucho los procesos de una normativa que hasta ahora sólo ha cumplido con un 0,01%, aproximadamente, de sus objetivos”.
Gerardo seguirá liderando desde la lejanía el trabajo de la Fundación Forjando Futuros en coordinación con la Asamblea de Cooperación para la Paz, organización española que trabaja desde hace 15 años de la mano en la protección a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Seguirá buscando el apoyo internacional público y privado para que este panorama de coacción y atentados contra los líderes sociales y defensores de los derechos fundamentales no vuelva a repetirse.
“Si Colombia quiere la paz, tiene que garantizar la protección de los que la defienden”.
