Nueva etapa en el accidentado recorrido legislativo de la polémica ley sobre inmigración en Francia. Este jueves el Consejo Constitucional ha censurado gran parte del texto, que había sido aprobado el pasado mes de diciembre en el Parlamento, con los votos favorables de la mayoría de la coalición presidencial, de la derecha y de la extrema derecha (Marine Le Pen afirmó entonces que la ley era “una victoria ideológica” para su formación).
En particular, el Consejo ha censurado total o parcialmente 32 artículos porque se alejan de la temática central de la ley y por tanto no deberían haber sido añadidas durante su tramitación. Se trata en su mayoría de artículos que fueron incluidos por petición del partido Los Republicanos (derecha gaullista), que condicionó su apoyo a su inclusión en la versión definitiva.
A fin de lograr los votos necesarios para la aprobación del texto, el Gobierno francés había aceptado las exigencias de la formación conservadora. Eso se tradujo en la eliminación de medidas destinadas a facilitar las condiciones de regularización de trabajadores y la inclusión de varias disposiciones que aumentaban los plazos y endurecían los requisitos que deben cumplir los extranjeros no comunitarios que quieran establecerse en Francia.
De hecho, en el voto definitivo en la Asamblea Nacional en diciembre, una parte de los diputados del partido de Emmanuel Macron (Renacimiento) votó junto a las formaciones de izquierda en contra del texto. Además, Macron reconoció entonces que varias de las disposiciones inscritas en la versión final de la ley a petición de Los Republicanos eran probablemente contrarias a la Constitución.
Entre ellas las medidas destinadas a alargar los plazos para el acceso a las prestaciones sociales (como las ayudas a la dependencia o al alojamiento) a los extranjeros no europeos, así como restricciones a la reagrupación familiar, el fin del derecho automático de suelo y la creación de un delito “de estancia irregular”. Muy criticadas por los partidos de izquierda por ser discriminatorias, todas ellas han sido censuradas por el Consejo Constitucional y no formarán parte de la ley cuando sea promulgada.
En una entrevista en televisión el día después del voto en el Parlamento, Macron explicó que se trataba de concesiones indispensables para sacar adelante una ley “necesaria”. “¿Por haber artículos contrarios a la Constitución teníamos que haber dicho 'pues no hay ley'? La respuesta es no”, afirmó entonces el presidente. De hecho, el 21 de diciembre el propio jefe de Estado fue el primero en solicitar al Consejo Constitucional que examinase el texto.
Una forma de aplacar el malestar que había generado en el ala más progresista del partido, dando por hecho que se produciría una censura parcial por parte del Consejo Constitucional.
La de Macron no fue la única solicitud que recibió el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de la ley: hubo una segunda por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y otras dos de diputados y senadores de izquierdas que impugnaron varias docenas de artículos, sugiriendo que el Consejo podía censurar,“si lo viese necesario, la totalidad de la ley”.
En total, de los 86 artículos del texto, unos cincuenta estaban en entredicho. La mayoría acusados de ser “jinetes legislativos” (Cavalier législatif); es decir, medidas que se alejan de la temática inicial de una ley y que, por tanto, no deberían haber sido añadidas durante su tramitación. Otros por contravenir principios fundamentales de la Constitución, en particular el “derecho a llevar una vida familiar normal” y el “principio de igualdad”.
Por ejemplo la izquierda también cuestionaba la constitucionalidad del establecimiento de cuotas migratorias, que Los Republicanos querían que se fijasen periódicamente en el Parlamento para establecer un número máximo de extranjeros admitidos en suelo francés. El Consejo Constitucional ha dado la razón a los parlamentarios progresistas, bloqueando esa medida al declararla contraria a la Constitución. A diferencia de los “jinetes legislativos”, las medidas censuradas por cuestiones de constitucionalidad no pueden incluirse en otras leyes.
Utilización política
Las citadas declaraciones de Emmanuel Macron sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley en las semanas previas habían molestado al presidente del Consejo, Laurent Fabius, que considera las acciones del Gobierno una instrumentalización política de la institución. La prensa francesa recuerda estos días que la relación entre ambos -que coincidieron brevemente en uno de los Gobiernos de François Hollande, Macron como ministro de Economía y Fabius de Exteriores- es particularmente mala.
En este caso, Fabius considera que el presidente disponía de recursos suficientes para frenar la ley si la consideraba como no conforme a la Constitución, en lugar de dejar que llegase al Consejo. En su discurso institucional de inicio del nuevo año, el 8 de enero, Fabius aprovechó la presencia de Macron para recordarle públicamente que “el Consejo Constitucional no es ni una caja de resonancia de las corrientes de opinión ni una sala de apelación de las decisiones del Parlamento, sino el juez de la constitucionalidad de las leyes [...] De lo contrario corremos el riesgo de exponer nuestra democracia a un gran peligro”.
Referendum o reforma
El máximo órgano constitucional francés, compuesto de juristas de prestigio y antiguos políticos (entre ellos, dos ex primeros ministros, Fabius y Alain Juppé) se encuentra así nuevamente en primera línea de la actualidad, ocho meses después de validar la reforma de las pensiones. Todo ello en un contexto en el que la Constitución está siendo objeto de críticas por parte de la derecha y la extrema derecha, que consideran que ofrece demasiadas protecciones en términos de migración y exigen un referéndum y una reforma.
El presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, denunció el jueves “un golpe de los jueces, con el apoyo del Presidente de la República”. “La única solución es el referéndum sobre la inmigración”, afirmó en su cuenta en la red social X.
En las semanas previas a la decisión, el partido Los republicanos había sido el principal defensor de la ley ante el Consejo Constitucional, presentando directamente sus propias observaciones por escrito “ante la falta de voluntad del Presidente de la República y del Gobierno para defender una ley aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento”, según Eric Ciotti, presidente del partido, que también pidió una reforma constitucional al conocer la decisión.
Por su parte, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, estimó que el Consejo Constitucional había “validado todo el texto del Gobierno”. Darmanin afirmó que “nunca un texto ha previsto tantos medios para expulsar a los delincuentes y tantas medidas para la integración de los extranjeros”.
En cuanto a la oposición progresista, el secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, mostró su “satisfacción” por la decisión de eliminar las propuestas de la derecha, aunque quiso subrayar “que este gobierno llevará como marca imborrable el hecho de haber votado una ley alineándose con las posiciones históricas de la extrema derecha”.