El Consejo de Europa ha vuelto a dar un tirón de orejas a España por las devoluciones en caliente de los migrantes que tratan de acceder a Ceuta y Melilla. Lo hace en el informe, publicado este jueves, sobre la visita que realizó el representante especial del secretario general del Consejo sobre migraciones y refugiados, Tomas Bocek, a las ciudades autónomas el pasado mes de marzo.
En él, Bocek pide a España cesar estas prácticas y reitera la petición que lleva años haciendo el organismo: crear un protocolo de actuación para los agentes fronterizos en Ceuta y Melilla para saber cómo actuar en las expulsiones de migrantes.
El informe sostiene que la Guardia Civil “no trata de comunicarse” con los migrantes que logran acceder a las ciudades autónomas. “Por consiguiente, los extranjeros no expresan ninguna solicitud de protección internacional durante o después de cruzar las vallas. Poco después de recibir asistencia de la Cruz Roja, son devueltos a Marruecos a través de puertas especiales a lo largo de la frontera, pero separadas de los pasos fronterizos”, relata.
“Los extranjeros no pueden tener acceso a un intérprete, a un abogado o a oficinas de asilo situadas en los pasos fronterizos. Además, se devuelven a Marruecos sin haber sido identificados o registrados”, recalca. Asimismo, Bocek recuerda que, en la práctica, la Guardia Civil aún no ha sido dotada de un reglamento para examinar a los extranjeros que cruzan la frontera en Melilla y Ceuta que contenga “directrices sobre la identificación de las personas que necesitan protección internacional y sobre las medidas necesarias para garantizar su acceso a un procedimiento de asilo justo y eficaz”.
El Gobierno de Mariano Rajoy dejó pendiente este protocolo cuando trató de amparar las devoluciones en caliente bajo la figura de los “rechazos en frontera” en la Ley de Seguridad Ciudadana (la denominada 'Ley Mordaza'). Los “rechazos” son las expulsiones en las vallas de las ciudades autónomas, que según el texto de la norma deben respetar el derecho internacional, pero no se han dado directrices a los agentes fronterizos para hacerlo.
En la práctica, no lo hacen tal y como han denunciado Acnur y el propio Consejo de Europa. Sin identificación, asistencia letrada ni opción de pedir protecciones internacional, las expulsiones no cumplen los mínimos exigidos. El pasado octubre, España fue condenada por dos devoluciones automáticas en Melilla, una sentencia que el Gobierno ha recurrido.
Las devoluciones en caliente han continuado en la valla de Ceuta a pesar de la promesa de Pedro Sánchez de acabar con ellas. Durante el salto a la valla ceutí del pasado 26 de julio, 27 personas fueron expulsadas de forma inmediata por la Guardia Civil después de permanecer encarmadas en la alambrada fronteriza y ser atendidas por Cruz Roja, según informaron fuentes próximas al operativo a eldiario.es.
“Todas las personas que llegan a España, incluidas las que saltan las vallas fronterizas de Melilla y Ceuta, deben estar protegidas contra la devolución y las expulsiones colectivas, con la posibilidad real de tener acceso a un procedimiento de asilo eficaz y justo”, concluye Bocek.
Por otro lado, el representante del Consejo de Europa recuerda las dificultades con las que se topan los migrantes de origen subsahariano para poder pedir asilo en las oficinas fronterizas, al contrario de lo que ha defendido el ministro Fernando Grande-Marlaska para justificar las últimas devoluciones exprés. “Varios informes indican que, de hecho, a las personas del África subsahariana se les impide presentarse en los cruces fronterizos ordinarios, incluida Melilla. Por lo tanto, no pueden tener acceso al procedimiento de asilo”, sostiene Bocek.
La oficina de asilo del paso del Tarajal no ha registrado ninguna petición de protección internacional desde su inauguración en 2015. Mientras la sala de asilo del puesto fronterizo ceutí no ha registrado ni una sola solicitud, la creada en el paso de Beni Enzar (Melilla) sí ha recibido peticiones de protección internacional desde su creación. Pero los potenciales refugiados que logran acceder a este punto tienen un denominador común: la gran mayoría de ellos no son subsaharianos.
“Es importante que las autoridades españolas proporcionen a las personas necesitadas de protección internacional un acceso seguro al territorio español para poder presentar una solicitud de asilo”, reclama el representante de la organización europea.
Asimismo, el informe incide en la diferencia que existe entre los centros de acogida de Ceuta y Melilla, y los de la península. Bocek visitó los de Valencia, Murcia, y Madrid, que se hallan “en buenas condiciones, en general”, mientras que calificó de “diferentes” los de las ciudades autónomas por estar “abarrotadas”. Así, señala que las condiciones de acogida y alojamiento de menores no acompañados y adultos en Ceuta y Melilla “contrastan notablemente con las normas aplicadas en otras regiones del país”. El representante también hace hincapié en la necesidad de reducir la acumulación de solicitudes de asilo y de hacer frente a los retrasos en los procedimientos de asilo, tal y como han denunciado organizaciones como CEAR.
El informe recomienda medidas de apoyo para los menores no acompañados y protección a la hora de averiguar su edad, además de respetar los derechos a ser oído y al asesoramiento jurídico. En este sentido, Bocek ha expresado su preocupación durante la visita por el “número de niños que viven en las calles” de Ceuta y Melilla. Además, recomienda adaptar a la Carta Social europea el marco jurídico sobre el acceso a los servicios de salud de los migrantes en situación irregular, con el objetivo de garantizar, sin discriminación, el acceso al conjunto de los servicios necesarios.