El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha advertido a España de que legalizar las devoluciones de inmigrantes a pie de valla en Ceuta y Melilla contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohibe expresamente las expulsiones colectivas. “España no puede legalizar lo que es ilegal”, asegura.
En un artículo publicado en el Huffington Post recogido por Europa Press, Muiznieks incide en que esta propuesta, introducida en forma de disposición adicional en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana “es injusta e ilegal según el derecho internacional” y “mermaría inevitablemente protecciones fundamentales de los derechos humanos por las que la comunidad internacional ha luchado arduamente desde la Segunda Guerra Mundial”.
“Las normas internacionales no ponen en tela de juicio el derecho de los Estados a establecer sus propias políticas de inmigración. Sin embargo, incluso en los casos en que la gestión de los flujos migratorios plantea retos específicos, los Estados no pueden recurrir a prácticas incompatibles con sus obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951”, expone la máxima autoridad europea en la materia.
Según explica, “el recurso a este tipo de devolución en caliente hace imposible evaluar las necesidades de protección” de estas personas e “impiden que los migrantes se beneficien de otras garantías legales firmemente establecidas en el derecho internacional, en particular el derecho a solicitar y a disfrutar del asilo, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura”.
“La situación de los que hoy tratan de llegar a Europa no difiere de la de los que huyeron de la guerra, la persecución, la tortura o la pobreza en el pasado. Desde 2013, cuando el número de personas que llegaban de forma irregular a Ceuta y Melilla comenzó a aumentar, la proporción de aquellos que venían de países devastados por la guerra, la violencia y la persecución, incluidos Siria, la República Centroafricana y Malí, también ha aumentado”, señala Muiznieks.
Conforme recuerda, en lo que va de año, han entrado cerca de 5.000 personas, incluidas unas 2.000 que huían del conflicto en Siria (de los cuales un 70% son mujeres y niños). “España tiene la obligación legal de evaluar su situación de manera adecuada y de otorgar protección a quienes la necesiten. El rechazo sumario en frontera, ya sea de un individuo o de un grupo, es incompatible con dicha obligación”, asegura.