Vivienda. Sanidad. Libertad de expresión. Respeto a los derechos humanos en las fronteras. Y alerta a políticas sanitarias de Gobierno regionales como el de Isabel Díaz Ayuso. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, ha publicado este miércoles un informe tras su visita de noviembre pasado a España en el que repasa los problemas persistentes relativos a derechos fundamentales.
“A pesar de los importantes esfuerzos para avanzar en la protección de los derechos sociales en los últimos años, las personas experimentan desigualdades persistentes en sus derechos sociales en función del lugar en el que viven”, afirma la comisaria, que pide una asignación transparente y sostenible de los recursos y la adopción de normas comunes, en estrecha cooperación con todas las autoridades competentes a nivel central y local y en consulta con la sociedad civil, para garantizar que se satisfacen las necesidades específicas de los más vulnerables.
Mijatović subraya la necesidad de abordar “urgentemente” los problemas estructurales que dificultan el acceso a una vivienda adecuada, como el escaso parque de viviendas sociales, los elevados costes del alquiler o la compra de una vivienda, los desahucios forzosos y el aumento del número de personas sin hogar.
“La vivienda no debe tratarse como una mercancía sólo al alcance de algunas personas. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la mayoría de los demás derechos”, afirma la comisaria. Subraya la importancia de aprobar cuanto antes el proyecto de ley de vivienda, actualmente en trámite parlamentario, ya que pretende abordar algunas de estas preocupaciones.
“La falta de viviendas asequibles también da lugar a importantes problemas relacionados con la calidad de la vivienda”, dice el informe: “La comisaria observa con especial preocupación la situación en el asentamiento chabolista de Cañada Real Galiana (Madrid), donde algunas secciones sufren cortes de electricidad desde octubre de 2020, lo que afecta a la vida de al menos 4.500 habitantes, entre ellos unos 1.800 niños. Este caso ha sido objeto de la primera denuncia colectiva con respecto a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). El Comité pidió a las autoridades que garantizaran que todas las personas afectadas tuvieran acceso a electricidad y calefacción y que tuvieran en cuenta las necesidades de los más vulnerables (incluidos los niños, las personas con discapacidades y afecciones médicas, las personas mayores, los migrantes y los gitanos), así como que ofrecieran un alojamiento alternativo adecuado cuando fuera necesario”.
Problemas con la sanidad
La comisaria también subraya las diferencias regionales en la prestación de asistencia sanitaria primaria y especializada y el predominio de las clínicas privadas en algunas regiones: “Hay que hacer más para reforzar el acceso universal a una asistencia sanitaria pública de calidad para todos en toda España”.
Mijatović señala la “insuficiente” inversión en atención primaria y expresa su preocupación por las condiciones laborales del personal sanitario. Así mismo, llama la atención sobre las elevadas tasas de mortalidad en residencias de ancianos durante la crisis del COVID-19 y observa que estas muertes aún deben ser investigadas y abordadas de manera efectiva con la estrecha participación de las familias de las víctimas.
La comisaria también toma nota con interés de la iniciativa de las autoridades de reformar el sistema de atención a las personas mayores y subraya que ésta debe basarse en una prestación integrada de atención social y sanitaria que garantice el pleno respeto de la dignidad, la autonomía y la independencia de las personas mayores.
Mijatović, así mismo, saluda las “importantes medidas” adoptadas para defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, y pide al gobierno que garantice que no se vean menoscabados por las persistentes desigualdades de acceso entre regiones.
La comisaria también señala que “Madrid es la región española que menos gasta per cápita en atención primaria, a pesar de ser la región con mayor renta per cápita. El Sindicato de Médicos de Madrid afirma que por cada 2 euros que se gastan en atención sanitaria en Madrid, uno acaba en el sector privado”. Y añade: “La privatización de los servicios sanitarios en zonas pobres o pueblos pequeños también ha provocado que los habitantes, que no tienen asegurada la asistencia privada, acudan a los servicios de atención primaria para cualquier tipo de servicio sanitario, desbordando esta primera línea de asistencia. Además, las zonas rurales, donde la población está compuesta principalmente por personas mayores con necesidades crecientes de atención, se enfrentan a una escasez cada vez mayor de médicos”.
Las residencias en la COVID-19
El informe se hace eco de un estudio de MSF realizado en las comunidades autónomas de Catalunya y Madrid en 2020 sobre las medidas adoptadas por las autoridades para responder a la pandemia de COVID-19 y proteger los derechos de las personas mayores en residencias, que considera “ineficaces e inadecuadas”.
“Las principales preocupaciones estaban relacionadas con la falta de equipos de protección o de instalaciones para realizar pruebas de PCR para el personal de las residencias; la insuficiencia de la asistencia sanitaria prestada a los residentes de las residencias; y el aislamiento prolongado de dichos residentes de sus familias”, dice la comisaria de Derechos Humanos.
“Al parecer”, señala Mijatović, “en algunos casos se denegaron traslados a hospitales desde estas residencias. Entre marzo y julio de 2020, se descubrió que 11.389 personas mayores que vivían en residencias solo en Madrid habían fallecido. De ellas, 8.338 (73%) no fueron trasladadas a un hospital, lo que significa que siete de cada diez fallecimientos de la primera oleada de COVID-19 se produjeron dentro de residencias, donde en muchos casos no había medios para prestar una atención médica adecuada a los residentes. La comisaria entiende que los criterios impuestos para regular los traslados por algunos hospitales, al menos en Madrid y Catalunya, incluían la edad y el deterioro cognitivo, lo que dificultaba enormemente el acceso de las personas mayores en residencias a una asistencia sanitaria rápida y adecuada. La comisaria entiende que los criterios aplicados parecen estar en contradicción con los principios éticos y de derechos humanos”.
Leyes mordaza
En su informe, la comisaria también subraya que la aplicación de varias disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 y del Código Penal sigue teniendo un grave impacto negativo en el disfrute de las libertades de expresión y reunión, en particular para los defensores de los derechos humanos y los periodistas, lo que crea un efecto amedrentador general en la sociedad.
Mijatović señala que “la salvaguarda de los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión y reunión, es parte integrante de los esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos”. Así, la comisaria reitera que la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 debe ajustarse plenamente a las normas europeas e internacionales de derechos humanos.
El informe acoge “con satisfacción” la derogación del delito de sedición del Código Penal. Sin embargo, considera que son necesarios “cambios integrales” para reforzar las salvaguardias existentes en torno a los derechos a la libertad de expresión y de reunión.
El documento también expresa su “preocupación” por las denuncias de “uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el uso inapropiado de armas antidisturbios y la falta de números de identificación claros y visibles, especialmente durante las manifestaciones”.
“Hay que reforzar la rendición de cuentas y la supervisión general de las fuerzas del orden”, sentencia.
“Arriesgando la vida”
Por lo que respecta a los derechos humanos de los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes, la comisaria “acoge con satisfacción” las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la protección y la acogida de las personas que huyen de la guerra en Ucrania, los pasos dados para mejorar las condiciones de acogida en las Islas Canarias y la adecuada protección y acogida de los niños migrantes no acompañados.
Sin embargo, “lamenta” que el acceso a la protección varía significativamente en todo el país y sigue siendo muy difícil para muchos refugiados y solicitantes de asilo debido a los largos períodos de espera para acceder al procedimiento de asilo, los retrasos en la identificación de vulnerabilidades especiales y los obstáculos para acceder a los derechos sociales, incluida la vivienda y la salud.
Mijatović subraya que no existe un acceso real y efectivo al asilo en la frontera entre Nador (Marruecos) y Melilla: “No parece haber otra forma de entrar en España por la frontera de Melilla y solicitar protección a las autoridades competentes que no sea nadando o saltando la valla, arriesgando la propia vida”.
La Comisaria insta a las autoridades a que se aseguren de que las personas necesitadas de protección puedan acceder al territorio por vías legales y seguras.
También hace hincapié en que España, al igual que otros Estados miembros del Consejo de Europa, no debe contribuir directa o indirectamente a la violación de los derechos humanos a través de las medidas adoptadas para aplicar su cooperación en materia de migración con terceros países y subraya que “la situación en las fronteras entre Marruecos y España demuestra una vez más la urgente necesidad de mejorar el reparto de responsabilidades y las medidas de solidaridad entre los Estados miembros del Consejo de Europa”.