Primer referéndum vinculante en Ecuador para decidir entre medio ambiente y minería

Hubo un tiempo en que el páramo de Quimsacocha, situado a más 3.500 metros de altitud en el sur de Ecuador, era un lugar desconocido del que casi nadie había oído hablar. Los habitantes de las comunidades vecinas, ubicadas ladera abajo, apenas lo visitaban para llevar a pastar a su ganado. Algunos contrabandistas atravesaban sus inhóspitos caminos para transportar artículos prohibidos desde la costa del Pacífico hasta la andina Cuenca, la tercera ciudad más poblada del país.

Pero todo cambió hace dos décadas, cuando los lugareños comenzaron a ver a gente desconocida merodear por el páramo, removiendo la tierra en busca de metales preciosos. Fue el inicio de una larga resistencia contra el proyecto minero Loma Larga que podría culminar este domingo 24 de marzo, con la primera consulta popular ambiental vinculante de la historia del país, que tendrá lugar en el ecuatoriano cantón de Girón.

“Son 20 años de lucha en defensa del agua, en defensa de los páramos, en defensa de Quimsacocha”, recuerda Virgilio Ramón, presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, perteneciente a la provincia de Azuay. “El páramo es fuente de agua para la parte baja, por eso estamos en contra de la minería. Ahora estamos muy felices con esta consulta porque sabemos que el pueblo de Girón y las demás comunidades van a arrimar el hombro para decir 'no' a la minería”, asevera Bolívar Quezada, coordinador de la misma organización, promotora de la consulta.

El referéndum, que coincidirá con la celebración de las elecciones municipales y provinciales ecuatorianas, planteará a los más de 15.000 votantes de Girón la siguiente pregunta: '¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)?'.

“Sabemos que 8 de cada 10 personas están en contra de la minería, por eso el Gobierno y las empresas no quieren que se dé la consulta, porque va a deslegitimar sus proyectos, sus engaños, sus falacias”, declara Yaku Pérez, reconocido líder indígena originario de una comunidad cercana al proyecto minero. Pérez, que ahora se presenta como candidato para gobernar la provincia de Azuay, ha sido una figura clave en la resistencia antiminera. En 2011, organizó una consulta comunitaria en otras dos poblaciones afectadas por Loma Larga, donde el 93% de los participantes dijo no a la explotación.

Sin embargo, el presidente de aquel entonces, Rafael Correa, desestimó los resultados alegando que el proceso no había seguido los cauces constitucionales. Fue entonces, en 2012, cuando los activistas de Girón decidieron impulsar un referéndum siguiendo todos los requerimientos legales. Tras siete años plagados de trabas burocráticas, este domingo por fin llegará el día de la consulta, que fue aprobada en enero por el Consejo Nacional Electoral.

Quimsacocha, que significa 'Tres Lagunas' en kichwa, es un humedal andino situado sobre una caldera volcánica que abarca más de 10.000 hectáreas. Allí nacen numerosos ríos que abastecen a las poblaciones cercanas, incluida Cuenca, con más de 300.000 habitantes. Bajo su superficie yacen 62 toneladas de oro, 377 toneladas de plata y 40.000 toneladas de cobre.

El proyecto minero, concesionado a la empresa canadiense INV Metals, ha generado múltiples controversias debido a la importancia hídrica del territorio donde se asienta. Sus detractores, que han impulsado la consulta popular, temen que la explotación contamine para siempre las fuentes de agua. Enfrente, los partidarios de la extracción esperan que la presencia de la empresa minera traiga “desarrollo” y trabajo a una región deprimida en la que muchos de sus habitantes han migrado a Estados Unidos o España en busca de una vida mejor.

“La minería genera empleo, salud y educación para nuestros hijos. Nos permite sobrevivir acá, sin tener que migrar a otro lado. En el caso de las familias, los esposos están cerca. Todos los días salen y regresan del trabajo”, afirma Reveca Nieves [sic], presidenta del Sistema de Agua Potable de San Gerardo, el núcleo de población del cantón de Girón más cercano al proyecto minero.

“En los años 70 y 80 mucha gente se fue, dejaron la agricultura para irse a Estados Unidos”, reitera esta mujer de 47 años, que destaca las obras realizadas en su pueblo con las regalías de la empresa minera.

Un pueblo dividido

San Gerardo es un pequeño asentamiento rodeado de montañas con una población aproximada de mil habitantes. A diferencia de muchas aldeas andinas de Ecuador, cuenta con calles adoquinadas, un moderno centro de salud, alcantarillado y agua potable. Todo ello fue construido durante el Gobierno de Correa con una inversión de 3,5 millones de dólares proporcionados por la multinacional canadiense. Estas mejoras en sus infraestructuras, unidas a los puestos de trabajo que ha generado para la población local, ha hecho que muchos de sus habitantes se posicionen a favor de la explotación.

No obstante, en el pueblo se respira un ambiente de fuerte división entre partidarios y detractores de la minería. Lo confirma Manuela Arévalo, una modesta campesina que se dedica a la agricultura y a la ganadería en San Gerardo. “Aquí vivimos de sembrar hortalizas, tenemos vacas que dan leche. Cuando entre la minería, no va a haber agua, vamos a tener contaminación y no podremos criar a nuestros animales”, lamenta la mujer de 62 años, preocupada por que la empresa pretenda ganar adeptos a cambio de “regalar ovejas y pollos” a los pobladores.

En la actualidad, Loma Larga se encuentra en fase de exploración avanzada. La consulta popular decidirá si se progresa a la siguiente etapa: la explotación. Para ello, sería necesario excavar un túnel que lleve hasta la veta subterránea que contiene los preciados minerales, situada a aproximadamente 120 metros de profundidad.

Según INV Metals, la explotación requerirá extraer 3.400 toneladas diarias de material sobrante de las entrañas de la montaña durante los 12 años de vida útil de la mina. Es una cantidad de desechos equivalente a la basura diaria que generó toda la ciudad de Madrid en 2015.

“Quimsacocha es un sistema hidrológico muy complejo que almacena millones de metros cúbicos de agua. Realizar actividades de alto impacto como la minería es prácticamente asestarle un golpe mortal”, presagia Kléver Calle, integrante del colectivo ecologista Yasunidos Guapondelig.

“Vamos a tener agua contaminada, porque el yacimiento minero no solo tiene oro, plata y cobre, que es lo que busca la compañía minera, sino que también tiene sulfuros porque es un volcán inactivo. Eso genera ácido sulfúrico, que va arrastrando metales pesados como el arsénico, que en el caso del yacimiento contiene del 8 al 12%. Estamos hablando de una catástrofe ambiental”, remarca el activista.

Pese a las negativas predicciones de los ecologistas, algunos habitantes de San Gerardo continúan siendo favorables a la explotación minera, si bien no temen expresar sus reservas. Es el caso de Salvador Arévalo, miembro del Gobierno local de San Gerardo. “Se sabe que toda minería perjudica, pero la empresa habla de una minería responsable, de una minería bien tecnificada”, manifiesta este hombre de robustas manos, ataviado con un sombrero negro.

“Todo lo que dicen lo tienen que cumplir. Y si no se da eso, nosotros como pueblo tendríamos que levantarnos también”, advierte Arévalo, que trabajó para INV Metals como transportista después de regresar de Nueva York, donde vivió como inmigrante durante siete años.

Los pronósticos apuntan a una victoria del 'no'

Loma Larga fue catalogado por el Gobierno de Quito como uno de los cinco proyectos estratégicos que pretendían convertir a Ecuador en un país minero. El Estado esperaba obtener 554 millones de dólares en impuestos por su explotación, además de la creación de 1.450 puestos de trabajo. Ahora, la incertidumbre generada por la consulta pone en duda la viabilidad de la iniciativa.

Por su parte, es posible que la compañía canadiense, que según el presidente de la Cámara de Minería del Azuay ya ha gastado más de 100 millones de dólares en el proyecto, recurra a los tribunales internacionales para demandar a Ecuador por no garantizar su inversión.

“La empresa está muy asustada porque siempre ha operado fuera de lo que piensan las comunidades. Ha interpuesto acciones legales para impedir la consulta y podría llamar al boicot”, asegura Nataly Torres, profesora de la Universidad de Cuenca.

Pese a los múltiples obstáculos encontrados en el camino, finalmente el referéndum sobre el proyecto minero tendrá lugar este domingo. Los pronósticos apuntan a una clara victoria del 'no', pero no está tan claro qué ocurrirá después. El carácter vinculante de la consulta obliga al Estado a respetar la decisión popular, pero INV Metals podría modificar el proyecto para alejarlo de la jurisdicción territorial de Girón y llevarlo a un municipio aledaño, ya que el páramo de Quimsacocha está dividido entre varios cantones. De lo que sí están seguros los activistas es que la votación marcará un precedente en la lucha contra la minería en el país andino.

“Estamos convencidos de que vamos a ganar la consulta popular. Pero tampoco nos podemos confiar: van a circular chorros de dinero para comprar conciencias. Porque si se cae el proyecto de Quimsacocha, para las mineras es una chispa que va a permitir prenderse la llama de la resistencia en el resto de zonas del país”, augura Yaku Pérez, quien también puede convertirse en gobernador provincial este domingo.