Las 'mamás chillonas' que destaparon el escándalo de los 'falsos positivos'

El 16 de septiembre de 2008, Luz Marina Bernal recibió una llamada. Una voz le decía que ya podía ir a identificar unas fotos de un cadáver, posiblemente su hijo, en Ocaña.

—¿En Ocaña? —Luz Marina necesitaba confirmar la información.

Ocaña está a casi 700 kilómetros de Soacha, una población de 700.000 habitantes en la periferia de Bogota. Se tarda 12 horas en llegar. ¿Cómo podía ser que hubiera acabado tan lejos? Fair Leonardo Porras Bernal tenía una discapacidad y, aunque su apariencia era la de un apuesto chico de 27 años, “por dentro era un niño de nueve”, recuerda su madre. No había aprendido a leer ni a escribir, no conocía el valor del dinero.

Meses atrás, cuando su hijo desapareció, la Fiscalía no aceptó la denuncia, así que Bernal inició un peregrinaje por cárceles, hospitales, albergues y morgues. Su hijo trabajaba en la construcción y hacía recados a los vecinos. En el barrio todo el mundo lo echó de menos. Era “amable e ingenuo”, describe su madre. Cuando fue a recoger su cadáver a Ocaña, la conversación con el fiscal no podía ser más inverosímil.

—Su hijo era el jefe de una organización narcoterrorista. Portaba un arma en la mano derecha.

—¿Cómo un muchacho con una discapacidad del 53% va a mandar a un grupo de hombres narcoterroristas? Además, ¡mi hijo era zurdo! —le espetó al fiscal.

Un negocio bien lucrativo

Bernal se dio cuenta de que su caso no era el único. Tenía constancia de que al menos otros 16 muchachos habían desaparecido en similares circunstancias entre diciembre de 2007 y agosto de 2008. Cuando a otra vecina de Soacha, María Ubilerma Sanabria López, le dijeron que habían encontrado a su hijo Jaime Estiven Valencia también en Ocaña, Bernal se ofreció a acompañarla.

“Lo sacaron de la fosa. Dios quiera que nunca le suceda en la vida una cosa tan horrible”, explica desgarrada Sanabria. Su hijo tenía 16 años, quería ser veterinario y que a su madre no le faltara de nada. También quería ser músico. El oído le venía de familia. Sanabria entona las primeras estrofas de un corrido que ha compuesto y que resume su historia.

Señoras y señores, vengo a contarles la historia de los muchachos de Soacha

que fueran asesinados en el año 2008

en el mandato de Uribe y su ley de democracia

Los llevaron para Ocaña con propuestas de trabajo.

Lo que ellos nunca supieron,

que fueron víctimas de Estado,

siendo ministro de Defensa el hoy en día presidente Santos.

El Gobierno los llamó los falsos positivos.

Como los muertos ya no hablan,

fue un negocio bien lucrativo.

Las Madres de Soacha habían destapado uno de los más macabros escándalos de la historia reciente de Colombia, los llamados “falsos positivos”. Como advirtió Philip Alston, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, los casos de jóvenes secuestrados por el Ejército en Soacha eran “simplemente la punta del iceberg”.

¿Cuántas de las 3.084 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2009 fueron “falsos positivos”? La Fiscalía estudia más de 1.700 casos, pero el total se desconoce. Gracias a los informes de Alston y de organizaciones de derechos humanos, lo que sí se conoce bien es la manera en la que se perpetraban los asesinatos.

Los muchachos eran engañados por personas vestidas de civil, a menudo con promesas de trabajo. “Con los 200.000 pesos [86 euros] que me dieron por llevarlo a Ocaña le pagué una deuda a un prestamista –explicaba el secuestrador de Fair Leonardo–. El único requisito es que no fueran mujeres ni viejos”. Cuando los jóvenes desaparecían, las familias acudían a presentar la denuncia, pero la Administración les negaba asistencia.

En marzo de 2008, Ana Delina Páez enseñó la foto de su hijo Eduardo Garzón Páez, de 32 años, a los funcionarios, que contestaron entre risas: “Con esa pinta, ese man está con alguna vieja”. Eduardo siempre iba muy “pintoso”, recuerda Ana Delina. Con apoyo de un alto funcionario de Soacha y la ONU, las familias empezaron a indagar por su cuenta.

Las investigaciones acabaron confirmando que muchos de los asesinatos fueron llevados a cabo por la Brigada Móvil nº 15 y el Batallón de Infantería nº 41 del Ejército.

Para escenificar que se había producido un combate y que los muertos eran guerrilleros o paramilitares, a los cadáveres se les quitaba cualquier identificación y se les vestía con ropa de camuflaje. A veces la puesta en escena era tan burda que, misteriosamente, las balas no habían agujereado la tela o el uniforme estaba puesto encima de la ropa de calle. Junto a los cuerpos, armas ya inservibles. En las manos de los supuestos combatientes, ni rastro de pólvora, porque sencillamente no habían disparado.

Según denuncia un informe de la organización pro derechos Fedes, “para dar visos de legalidad”, se falsificaron multitud de documentos, informes de inteligencia y actas de operaciones, “todo un aparato en función del encubrimiento de estos crímenes en contra de la población civil”. Pero ¿para qué?

“La guerra se mide en litros de sangre”

Uno de los militares implicados en las desapariciones contaba cómo la presión por conseguir “positivos” en combate se elevó a partir de 2002, cuando Uribe llegó a la presidencia: «Nos dijo mi coronel Ramírez: '[...] la guerra se mide en litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente'“.

Unos años más tarde, dos leyes impulsadas por el que fuera ministro de Defensa Camilo Ospina y puestas en práctica por su sucesor, el actual presidente Juan Manuel Santos, recogían ascensos, pagos en metálico y vacaciones como premio por las bajas obtenidas. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, el fenómeno de los falsos positivos estuvo tan extendido que se puede concluir que estaba apoyado por los más altos mandos del Ejército.

Ni Álvaro Uribe ni Juan Manuel Santos recibieron a las Madres de Soacha. Las tacharon de “mamás chillonas” que no admitían que sus hijos pudieran ser delincuentes: “No hay muerto malo ni hijo feo”, les decían. Los juicios que habían interpuesto las familias se postergaban una y otra vez. En enero de 2010, 46 militares quedaban libres por vencimiento de términos. Para festejarlo, el Ejército organizó una fiesta para los encausados y sus familias.

“No hay hijo feo, pero tampoco crimen perfecto”

Desde el principio, las familias de los desaparecidos sufrieron amenazas. Y no sólo amenazas. John Nilson Gómez fue arrojado por un puente cuando intentaba esclarecer la muerte de su hermano. Sobrevivió de milagro, pero fue asesinado poco después.

Pero no contaban con su “berraquera” –su valentía, su tozudez–, mantiene María Ubilerma Sanabria. “No hay muerto malo, ni hijo feo; pero tampoco crimen perfecto”, replicaban las Madres en uno de los encuentros que organizaron para recordar a sus hijos. Con apoyo de colectivos colombianos, como la Ruta Pacífica de las Mujeres, e internacionales, como Mujeres de Negro o las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Soacha siguieron adelante con los juicios.

La primera condena llegó en julio de 2011. Fue en el caso de Ana Delina Páez, por su hijo Eduardo, y de Kelly Joana Ruiz, por su esposo Daniel Andrés Pesca. En el proceso, ocho exmilitares fueron condenados a penas de entre 28 y 55 años de prisión. “Dios bendiga a ese fiscal y a esa juez, porque se dio justicia –dice Páez mirando por la ventana–. Falta conseguir a los grandes. ¿Cómo comenzó esto y por qué? Si hubieran sido uno, dos, tres, pero ¡es que son miles!”.

Dos años después, el Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a seis militares involucrados en el asesinato de Fair Leonardo a penas de entre 53 y 54 años de prisión. También, en un gran avance para la lucha de las Madres de Soacha, lo calificó de crimen de lesa humanidad.

La sentencia reconocía la naturaleza sistemática y generalizada de las ejecuciones, así como su carácter discriminatorio, ya que todas las víctimas eran jóvenes humildes. Para la abogada Gloria Silva, representante de Bernal, se trata de un fallo “histórico” porque abre la posibilidad de que el resto de los casos sean considerados de igual manera.

Como consecuencia del escándalo de los falsos positivos, 27 altos mandos fueron destituidos. Según explica la abogada, se trata sólo del principio: este fallo permite “llegar hasta quienes promovieron esa estrategia”. Con una sonrisa llena de berraquera, María Ubilerma Sanabria llega a las últimas estrofas de la canción:

Y que quede comprobado que a todos estos desgraciados ¡este corrido se les ha terminado!

Grabación sobre el terreno: María Ubilerma canta el corrido que narra el escándalo de los 'falsos positivos'.